Rechaza el gobierno que haya “cacería de brujas” contra ex funcionarios zeferinistas

El vocero del gobierno del estado, Arturo Martínez Núñez, dijo que las denuncias penales contra los ex funcionarios de la administración de Zeferino Torre-blanca no constituyen una cacería de brujas sino solamente revisiones administrativas. “La instrucción del gobernador es muy simple, todo lo que salga irlo consignando de manera automática, oficial, pero de ninguna manera hay una cacería de brujas contra nadie”, dijo en conferencia de prensa quien fue colaborador cercano del ex gobernador. Sobre la demanda penal que el contralor Julio César Hernández Martínez ratificó contra cinco funcionarios zeferinistas ante la fiscalía especializada para delitos cometidos por servidores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR), Martínez Núñez dijo que “se trata de casos particulares que se investigan de manera muy particular” y no se trata de una auditoría a la anterior administración, sino a los programas. “No hay cacería de brujas, se hacen, se harán, se siguen haciendo los periodos de revisiones administrativas”, insistió. El principal de los cinco ex funcionarios demandados ante la PGR es el ex secretario de Finanzas y Administración, Ricardo Ernesto Cabrera Morín, quien dejó de informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la recepción del presupuesto para infraestructura educativa y con ello violó la ley de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009. Tres de los demandados fueron directivos del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF-Guerrero: Juan Carlos Estrada Reyes, director general; Octavio López Gómez, ex director de administración y finanzas, y Néstor Morales Silva, subdirector de administración y finanzas. Los tres habrían otorgado recursos a la Asociación Civil “Mariana Trinitaria”, a través del proveedor “Materiales para el Desarrollo SA de CV”, para la ejecución del programa “Comunidad Diferente”, a través del cual se realizan acciones de mejoramiento de vivienda con lámina galvanizada. Sin embargo no hubo un contrato que estableciera las condiciones en las que se realizarían las acciones, lo que se cuantifica en una afectación al erario de 6 y medio millones de pesos. Otra de las irregularidades fue la adquisición de útiles escolares para el programa Mochilas de Corazón, donde se fraccionaron los contratos para que no tuviera que realizarse una licitación pública, generando con ello un daño al erario del orden de los tres millones 499 mil 800 pesos. Además, con los proveedores no se aplicaron penas convencionales por el retraso en la entrega de los bienes de tres programas alimentarios del componente de asistencia social, entre ellos el de leche para los desayunos escolares, en los que incluso una de las observaciones de la auditoría señala que una parte del lácteo se pagó y nunca fue recibido por el DIF-Guerrero. En este caso el monto de los recursos no justificados es de 3 millones 165 mil 870 pesos, lo que genera un global de afectaciones de 13 millones 765 mil 587 pesos y 60 centavos. Otro de los funcionarios denunciados penalmente es David González Añorve, quien ocupó el cargo de secretario técnico del fondo de aportaciones de seguridad pública; a él se le atribuye una afectación al erario del orden de los 372 millones de pesos. Además, existen diferencias entre lo reportado en el informe trimestral y lo plasmado en el informe final del cierre de ejercicio, por lo que se le atribuye una afectación al erario de más de 72 millones de pesos. (Daniel Velázquez).