Dejó Zeferino un helicóptero viejo e inservible a la PGJE; abre investigación la Contraloría

La aeronave tiene 45 años y fue reconstruida para su venta al gobierno zeferinista en casi 40 millones de pesos, informa López Rosas

Jesús Saavedra

Chilpancingo

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Alberto López Rosas, confirmó que para el combate a la delincuencia el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo dejó un helicóptero reconstruido, inservible y con un sobreprecio. Precisó que el aparato tuvo un costo de casi 40 millones de pesos, por lo que se iniciaron procedimientos administrativos en la Contraloría del estado en contra de quien resulte responsable. Explicó que como consecuencia de lo anterior, el helicóptero tiene la prohibición expresa de volar en ciudades de densa población. López Rosas ofreció ayer una conferencia de prensa en la sala de juntas de sus oficinas, donde dio a conocer la situación del helicóptero Bell UH-1H Huey, con equipo policial integrado, que estuvo a cargo del capitán de la ex Policía Federal Preventiva (PFP) Pedro Radilla y encargado de la seguridad del ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo. Esa aeronave está adscrita a la PGJE, pero explicó que no fue entregada debidamente al nuevo gobierno de Ángel Aguirre y por ello se levantaron actas administrativas el 5 y 6 de abril pasado, “haciendo constar la no existencia de documentación original del aparato en referencia”. López Rosas explicó que de acuerdo con las “copias de las facturas 383 y 384” del 11 de mayo del 2009, la aeronave tuvo un costo de 2 millones 530 mil dólares, más 20 mil 125 dólares por el traslado desde Washington, Estados Unidos, a Chilpancingo. Dijo que este helicóptero tuvo un precio de 39 millones 526 mil 937 pesos, con cargo al Programa de Colaboración Técnica y Operativa de la Coordinación de Acciones Conjuntas e Integrales en la Investigación y Persecución del delito de Narcomenudeo, en un acuerdo entre el gobierno del estado y el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Dio a conocer que como la aeronave no estaba operando y se observaba que no tenía un buen funcionamiento, el 7 de abril se envió un oficio a la Contraloría del Estado para que se iniciara un procedimiento administrativo sancionador. Indicó que esta aeronave tiene una antigüedad de 45 años y que además de prestar servicio en Estados Unidos, estuvo en Okinawa, Japón, y cuenta con más de seis mil horas de vuelo. Agregó que además “se le realizaron modificaciones no soportadas por la documentación de mantenimiento para convertirla en modelo UH-1H; no se localizó radio altímetro en la aeronave; no tiene línea base, ni hit (pruebas que realiza el piloto para saber los parámetros que indican las condiciones del motor); no tiene peso, ni balance a bordo; no tiene peso y balance que considere el centro de gravedad con el blindaje instalado; la aeronave está certificada como de categoría restringida de acuerdo al certificado tipo TCH13WE; no se localizó la barra de rapel; presenta evidencia que tuvo una reparación por daño en la viga principal izquierda, misma que fue reparada el 23 de septiembre del 2009 por la compañía Uniflingth, en el que se indica que se le realizó una reparación estructural en el área señalada, sin embargo no aparece asentado en ningún documento la temporalidad del daño, ni sus causas”. Informó que en pruebas realizadas en el aeropuerto de Chilpancingo, “al intentar levantar el vuelo, el aparato no respondió, elevándose únicamente 20 centímetros y desplomándose sin causar mayores daños”. El titular de la PGJE informó que solicitó a la PGR que enviara peritos en materia aeronáutica para hacer un estudio a la aeronave y determinar sus condiciones, y que se designó al ingeniero Raúl Sánchez Hernández, quien entregó un dictamen el 21 de julio a la Contraloría y que consta de 316 fojas útiles, donde se confirma que la aeronave está inservible e inoperable. Además, de acuerdo con el certificado tipo TCH13WE que tiene el “helicóptero de categoría restringida, no puede ser operado en un país extranjero, sin la expresa autorización escrita de dicho país, no se tuvo a la vista documentación de la autoridad aeronáutica solicitando lo anterior”. El procurador dijo que están pidiendo el “resarcimiento y en su oportunidad hacer la denuncia, por lo que consideramos una irregularidad en perjuicio de la PGJE y obviamente del gobierno del estado de Guerrero, porque se trata obviamente de un helicóptero reconstruido”. “Es una nave que resulta inapropiada, inadecuada para su operación, y por lo mismo nos hemos visto afectados al no poder utilizar la aeronave y con los propósitos con los que se adquirió, independientemente del sobreprecio, fue una cantidad exorbitante para una nave reconstruida de casi 40 millones de pesos que no ha sido utilizada desde que asumimos la PGJE”, agregó. López Rosas dijo que la Contraloría “ha iniciado una investigación de orden administrativo, esto es lo que ha arrojado el estudio, contra quienes resulten responsables, quienes hayan participado en esta operación y se determinará la responsabilidad; obviamente que son recursos estatales y federales, naturalmente que tuvo que dar el visto bueno de quien tiene su responsabilidad en su momento”. Se le recordó que el entonces gobernador Zeferino Torreblanca reconoció que hubo “fraude” en la compra de esa aeronave y que presentó una denuncia al respecto, pero el titular de la PGJE lo desmintió: “no hemos encontrado ninguna denuncia, más que la investigación de la Contraloría a solicitud de la PGJE, nos abstuvimos de hacer un trámite para no generar especulaciones y fue la Contraloría quien asumió las investigaciones”. Por ello consideró que se deberá de determinar si es un fraude orquestado por funcionarios del gobierno de Torreblanca Galindo o de la empresa, “esa es la materia de la investigación, pero no se puede adquirir un bien si no es previamente analizado, y algo que no hemos detectado, una póliza de garantía y eso es obligado, es necesario para poder atender en su oportunidad los vicios ocultos de algún bien, esa póliza no fue adquirida y representa una ilegalidad”. Agregó que resulta “incosteable el poderla reparar y hemos considerado que una vez que se concluya la investigación se devuelva y se proceda a resarcir el daño al estado”. Dio a conocer que hay una primera audiencia de este caso el 5 de diciembre, “solamente nuestro interés es hacer del conocimiento de la situación que prevalece esa aeronave, porque está sin uso en el hangar del aeropuerto. También dio a conocer que a mediados del mes de abril recibió reportes de “que habían ingresado personas ajenas al hangar del gobierno del estado en el aeropuerto de esta capital, a tratar de hacer reparaciones de manera clandestina para no detectar las fallas, lo impedimos, hasta que se hiciera el peritaje de la PGR; eran gente de los que habían vendido el aparato, pretendiendo hacer algunas correcciones sin previo aviso y no se los permitimos”.