Piden que la Procuraduría actúe en la sierra de Petatlán para que regresen los desplazados

Calcula la Organización de Campesinos Ecologistas que unas 500 familias están fuera de sus comunidades porque huyeron de las amenazas de muerte

Unas 500 familias de la sierra de Petatlán están fuera de sus comunidades, sin medios de subsistencia, sin hogar, sin trabajo, porque fueron desplazadas durante este año a causa de la violencia, los asesinatos y amenazas de muerte. La esperanza que tienen de volver depende de que sean aprehendidos los integrantes del grupo que causa esos daños, afirma la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán. Por medio de su coordinadora, Eva Alarcón Ortiz, la Organización considera que la violencia sigue en la sierra porque los culpables no han sido detenidos, a pesar de que que hay señalamientos directos, entre éstos los de dos mujeres que denunciaron en la Procuraduría General de Justicia del Estado asesinatos cometidos por integrantes de la familia Torres de la comunidad de La Morena. La Organización, igual que las mujeres denunciantes, demanda que la Procuraduría actúe para aprehender a los que han cometido esos crímenes y han amenazado a las familias. Lamenta que las dependencias del gobierno de Guerrero no den protección a las víctimas, en especial a Natalia Ruiz Martínez, que denunció el asesinato de su hermano Zenaido, el 25 de junio pasado en El Timbirichal, y por ese motivo está amenazada de muerte. Después de esa denuncia y de las que hizo la Organización de Campesinos Ecologistas, por amenazas de muerte a sus integrantes, en julio pasado, la secretaria de la Mujer del gobierno del estado, Rosario Herrera Ascencio, pidió a la Comisión de Defensa de los Derchos Humanos de Guerrero (Codehum) medidas cautelares para Natalia Ruiz Martínez y para Eva Alarcón Ortiz. Pero esas medidas de de protección no se otorgaron. En entrevista por teléfono, la coordinadora de la Organización lamenta: “Tuvimos que regresar sin medidas cautelares porque ya llevábamos cuatro meses fuera”. Supuestamente las medidas de protección tendrían que ser mediante vigilancia policiaca, pero el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Ramón Almonte Borja, dijo extraoficialmente “que no tiene elementos”, o sea, que no tiene policías suficientes, dijo Eva Alarcón. Mientras tanto, los integrantes de la familia Torres que son acusados de generar la violencia en la sierra tienen desde abril protección de policías del estado en su comunidad, La Morena, a petición de organismos de derechos humanos no gubernamentales, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Codehum. Pero insiste en que lo más importante es que se haga justicia para que los desplazados puedan regresar a sus comunidades. Pero “no se ejecutan las órdenes de aprehensión, por alguna situación”, señala. Actualmente hay en Petatlán muchos de campesinos de la sierra que buscan trabajo como peones o veladores. La Organización de Campesinos Ecologistas calcula que unas 500 familias están desplazadas, de la parte media de la sierra, de los ejidos Ocote de Cadena, La Botella, San José de los Olivos, El Mameyal. “Ya no hay gente en las comunidades”; sólo queda la gente que no se puede ir, los que no tienen cómo pagar el viaje de salida y no tienen a dónde llegar; y a ellos también los amenazan”, afirma, y explica que esto se debe a que los Torres se sienten envalentonados porque la policía los cuida. Por eso, la Organización ha pedido a las organizaciones de derechos humanos que pidan que se retiren las medidas cautelares, porque al parecer son un obstáculo para que se haga justicia. Por eso, la Organización y Natalia Ruiz han insistido desde hace semanas en solicitar una audiencia con el procurador Alberto López Rosas, pero en su oficina no se las conceden porque “está muy ocupado”. Mientras tanto, en la sierra no hay condiciones para vivir. Ahí, los dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas, que están amenazados, no se quedan en sus casas, viven en el monte, vigilan los caminos de día y de noche para garantizar la seguridad de las mujeres y los niños, y con mucho cuidado pueden acercarse a sus casas. (Maribel Gutiérrez).