La propuesta de Comisión de la Verdad, un acuerdo con el gobierno: Soto Ramos

Pide a las FARP “el beneficio de la duda” y dice que “si nos abren una rendija, por ella debemos transitar”. Si hay nuevas propuestas de ampliar el periodo de investigación más allá de 1979 podrían integrarse al proyecto, asegura el coordinador de los diputados del PRD

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

El gobernador Ángel Aguirre Rivero no enviará al Congreso del Estado su iniciativa de ley para crear la Comisión de la Verdad para investigar la desaparición forzada de personas durante la Guerra Sucia, como lo prometió en campaña, porque junto con el grupo promotor y el presidente de la Comisión de Gobierno y coordinador parlamentario del PRD, Faustino Soto Ramos, acordaron que trabajarán la que presentó este último en septiembre pasado. Además es un consenso entre el diputado Faustino Soto Ramos en representación de la Comisión de Gobierno –responsable de elaborar el dictamen–, el gobierno del estado representado por el secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, y el grupo promotor que encabezan los ex guerrilleros Octaviano Santiago Dionicio, Arturo Gallegos, Nicomedes Fuentes, Alejandra Cárdenas y Eloy Cisneros Guillén, en delimitar las indagaciones solamente al periodo de 1969 a 1979. Aunque en el foro que van a realizar hoy en Acapulco el grupo promotor, el Congreso local y el gobierno del estado, si hay consenso en las propuestas de ampliar el periodo de las indagaciones, se aceptará, dijo el diputado Faustino Soto Ramos. Entrevistado sobre el proceso legislativo en el que trabajan el dictamen de la iniciativa de ley para crear la Comisión de la Verdad, su autor, el diputado Faustino Soto Ramos explicó que el gobierno del estado no ha enviado ni enviará su iniciativa, porque el propio gobernador –en una plática que sostuvieron semanas antes– le expresó su voluntad de respaldar la que ya existe en el Congreso local. Además, Soto Ramos le respondió a las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), que criticaron en un comunicado publicado este martes, los términos de la creación de la Comisión de la Verdad: “Pues me remito a una declaración de Andrés Manuel López Obrador, quien propuso lo mismo y le pidió al EZLN que no descalificara la propuesta, nosotros compartimos las misma banderas de lucha de esos grupos, pero no compartimos los medios, y es obvio que traen una orientación distinta pero no los compartimos, y es comprensible su incredulidad ante cualquier evento concertado con el gobierno, como es la creación de la Comisión de la Verdad”. “Es totalmente obvio que su opinión sea contraria y de crítica a la Comisión de la Verdad, pero les hacemos un llamado a que no descalifiquen nuestro esfuerzo, y cuando menos que nos otorguen el beneficio de la duda, es cierto que tenemos diferentes trincheras donde seguir nuestra labor, pero la nuestra es por la vía pacífica y tenemos que buscar canales de entendimiento, y si nos abren una rendija, por ella debemos transitar”, recalcó el diputado Faustino Soto. El gobierno avala la propuesta Mientras que consultado vía telefónica, el asesor de la Secretaría General de Gobierno, el perredista y ex guerrillero Saúl López Sollano explicó que “el gobernador quiere dejar que sea la sociedad civil quien tome la iniciativa y construya la Comisión de la Verdad, y él respaldará la ley que resulte, pues tiene toda la voluntad de que se haga justicia, tal y como lo ofertó en su campaña”. A pregunta expresa, López Sollano confirmó que los avances que presentaron el martes 22 en conferencia de prensa los ex guerrilleros y el diputado Faustino Soto Ramos, son los avances de los consensos a los que han arribado, en los trabajos de análisis de la iniciativa existente en el Congreso local y que cuenta con el aval del secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez. También explicó que hay tanto interés del gobierno del estado en concretar la Comisión de la Verdad, que el propio secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, por mandato del gobernador Angel Aguirre, ha sido promotor de las reuniones de análisis de la iniciativa del diputado Faustino Soto, para que nadie de los interesados falte, además de llevar sus propias propuestas para incorporarse a la discusión. Pero a petición de El Sur, López Sollano pidió esperar el resultado del foro que se realizará este miércoles en Acapulco para dar la información que el gobierno del estado, por su conducto, ha presentado en la discusión y análisis de la iniciativa. También explicó, y en eso coincidió con el diputado Faustino Soto, que la iniciativa que analizan se está perfeccionando con los consensos que han tomado, pero que esperan incorporar las propuestas que se presenten en el foro en Acapulco, que incluso pueden modificar las que ya han acordado. Los consensos Los ex guerrilleros, el Congreso local y el gobierno del estado han logrado avanzar en los 27 artículos de los que consta la iniciativa de ley para crear la Comisión de la Verdad, presentada por el diputado Faustino Soto Ramos, sin que sufriera mayores cambios, excepto en el estilo; se agregan funciones o se hacen definiciones, pero no cambian radicalmente el articulado original. Se destaca por ejemplo que la Comisión de la Verdad “tiene por objeto investigar, estudiar, analizar y aportar elementos históricos, sociales, políticos y jurídicos, para contribuir con la labores de las autoridades competentes”. Define además que: “El periodo de la investigación de la Comisión, comprenderá los delitos de lesa humanidad cometidos a partir del año 1969, hasta el año 1979”. La iniciativa original del diputado Faustino Soto establece en su artículo segundo que deben investigarse también “los hechos probablemente constitutivos de delito, originados con motivo de los actos de abuso de autoridad del Estado Mexicano durante la guerra sucia de los años sesentas, setentas y los ocurridos en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, y El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, cometidos contra ciudadanos guerrerenses o radicados en la entidad”. Además indica que “la Comisión de la Verdad considerará la posibilidad de resarcir el daño causado a las víctimas y a sus familiares, para lo cual elaborará un registro de víctimas y familiares o beneficiarios”. Dentro de los acuerdos consensuados, este tema no se ha definido. Sí hay consenso en las definiciones, por ejemplo se establece que: “El derecho a la Verdad implica la facultad de conocer: las causas que dieron lugar al trato injusto que recibe la víctima, con el fin de prever su no repetición; las causas y condiciones relativas a las violaciones denunciadas; los progresos y resultados de la investigación; las circunstancias y motivos por los que se perpetraron los hechos; el contexto en que se produjeron las violaciones; la verdad histórica y jurídica en todos aquellos casos en los que se cometieron o pudieron haberse cometido crímenes de lesa humanidad por parte de servidores públicos; en caso de muerte o desaparición forzada, la suerte y el paradero de las víctimas, incluyendo la identidad de los autores material e intelectuales”. También tienen consenso sobre las funciones de la Comisión de la Verdad definidas en quince fracciones, y en el caso del presupuesto acordaron que el gobierno del estado: “proveerá a la Comisión de la Verdad del presupuesto apropiado y suficiente, acordado por el Congreso del Estado, infraestructura necesaria para el cabal y correcto cumplimiento de los fines y objetivos de la misma”. Se define que la Comisión de la Verdad “gozará de autonomía plena en el ejercicio de sus tareas. La Comisión tomarás las medidas que considere necesarias para proteger la identidad de las personas que le proporcionen información, coadyuven o colaboren en sus trabajos. Obligación de las instituciones de seguridad pública y justicia del gobierno del estado proporcionar el auxilio y discrecionalidad necesaria”. Asimismo definen que “Las autoridades del estado, los militares en funciones de autoridades civiles del gobierno del estado en el presente y en el pasado y los particulares deberán prestar a la Comisión, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones y responsabilidades, toda la colaboración que ella les solicite”. “Los servidores públicos de Guerrero a quienes se dirija la Comisión, al igual que los servidores públicos del Gobierno Federal y demás entidades de la República, conforme a la obligación que les impone el párrafo tercero del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entregarán a dicha Comisión toda la información que les solicite, so pena de incurrir en responsabilidad oficial en términos de la ley aplicable. También le prestarán el apoyo que requiera y que esté a su alcance proporcionarle”. Igualmente se define en los acuerdos entre los ex guerrilleros, el Congreso local y el gobierno del estado, que “la Comisión de la Verdad tendrá un plazo de veinticuatro meses calendario para cumplir su función. Si dentro de ese lapso no alcanzara a hacerlo podrá prorrogar dicho plazo mediante resolución fundada y motivada por un máximo de seis meses más”. Otro acuerdo es en la integración de la Comisión: “…Se integrará por siete comisionados designados por el Congreso del Estado a propuesta del gobernador del estado”. En la propuesta del diputado Faustino Soto se propone que se integre por cinco comisionados. Coinciden en que los requisitos que deben cubrir los comisionados sean: ser de reconocida honorabilidad; haber participado en la defensa y promoción de los derechos humanos al menos por un periodo de cinco años; no ser dirigente de partido u organización política en activo, ni servidor público de ninguno de los niveles de gobierno, ni haberlo sido en los dos años previos”. De los resultados del trabajo de la comisión se establece en los acuerdos que deberán rendir el informe final ante la opinión pública, el pleno del Congreso del Estado, el Ejecutivo y el Poder Judicial. Y se agrega que: “El informe y las pruebas que la Comisión aporte al Ministerio Público y a las autoridades judiciales, servirán para que éstas ejerciten la acción penal contra quienes se presuma que han cometido delitos de lesa humanidad. Se publicará una edición por el gobierno del estado y los beneficios de su venta se aplicarán a favor de las víctimas”. Estos acuerdos consensuados entre los ex guerrilleros, el Congreso local y el gobierno del estado serán motivo de análisis y discusión en el foro que se realizará hoy en Acapulco, además de que recibirán nuevas propuestas que podrían ser integradas a la iniciativa.