Humberto Musacchio

¿Por qué mataron a Nepomuceno Moreno?

Conservadoramente, el Consejo Nacional de Población, organismo del gobierno federal, dice que hay en México 765 mil 500 jóvenes que “aparentemente se encuentran en un estado de inactividad absoluta”, larguísimo circunloquio para referirse a los ninis, muchachos que no trabajan ni estudian y que la UNAM, fuente en la que sí podemos confiar, calcula que son diez veces más: siete y medio millones. Para documentar nuestra desesperanza, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) acaba de informar que mientras en países como Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay y Colombia mejoró el nivel de vida, en México y Honduras aumentaron la pobreza y la indigencia, categorías distintas, pues ya se sabe que hasta entre los miserables hay clases. El explosivo crecimiento de la cantidad de ninis es consecuencia directa de una economía estancada, pues, como ya se ha dicho, en los últimos 28 años el crecimiento promedio es inferior a uno por ciento anual, esto es, menos de la mitad de lo que crece la población. Se produce muy poca riqueza y aumenta el número de personas entre las cuales habría que repartir. Para colmo, cada año empeora la distribución del ingreso y son unos cuantos los que se llevan la mayor parte de esa riqueza. Todo esto explica que en el país el único negocio que se expande aceleradamente sea la criminalidad y que de paso se haya constituido en la principal fuente de empleos y aun de financiamiento de ciertos sectores de la economía nacional. En las empresas del ramo criminal hallan los jóvenes su única posibilidad de empleo que lo sería también de sobrevivencia si no se tratara del ramo económico donde registra la vida laboral más breve. Los gobiernos de los últimos treinta años han apuntalado la imposición de esa economía del terror y los resultados están a la vista. Cincuenta mil muertes violentas sólo bajo el calderonato, diez mil “desaparecidos”, las cárceles atiborradas y, de todos modos, la criminalidad al alza. A Nepomuceno Moreno Núñez le mataron a un hijo. El padre exigió justicia y también lo mataron y, como en otros casos, pende sobre sus familiares la amenaza de ser asesinados. Se sospecha que todo es obra de policías-criminales que obran de acuerdo con delincuentes que no son policías. El gobierno en todos sus niveles y sus cuerpos represivos son incapaces de garantizar la seguridad de la familia Moreno y de toda persona que reclame justicia. Peor aún: el Estado mexicano deja en la impunidad 19 de cada veinte crímenes cometidos por policías federales, lo que evidencia que no quiere o no puede –para el caso da lo mismo– castigar excesos, abusos, complicidades ni actitudes criminales. Es más, los gobiernos de 28 estados han puesto en manos de empresas privadas la certificación de las policías locales, lo que habla elocuentemente de su incapacidad. Ante la disfuncionalidad del Estado mexicano resulta estéril recurrir a sus instancias impartidoras de justicia. Por eso 23 mil ciudadanos optaron por ir ante la Corte Penal Internacional y denunciar ahí los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el presente sexenio. La respuesta del Poder Ejecutivo ha sido amenazarlos con una contrademanda por difamación, calumnias y cosas así. Es una respuesta tonta que muestra algo terrible: en las actuales condiciones del país, las instituciones son cascarones vacíos y el Estado ya no está donde debe estar ni para aquello que debe hacer. En suma, el Poder ya no puede. Ha llegado la hora de sustituirlo por algo que sirva a la sociedad.