Ministros de la Corte, contra la secrecía de averiguaciones previas

Víctor Fuentes / Agencia Reforma

Ciudad de México

La prohibición absoluta para el acceso público a las averiguaciones previas que desahoga la Procuraduría General de la República (PGR) se tambalea en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Cinco de los 11 ministros han manifestado su oposición a una reforma de 2009 por la que se estableció que todos los documentos, registros o cosas relacionadas con las averiguaciones son estrictamente reservadas, y en ningún momento se puede permitir su difusión.
Está pendiente la participación de los Ministros Juan Silva Meza, Arturo Zaldívar y Fernando Franco, que definirán su postura el lunes.
Se requerirá el voto de los tres para invalidar el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, impugnado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La reforma a este artículo fue impulsada por el Ejecutivo para contrarrestar criterios del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) que obligaban a la PGR a entregar versiones públicas de las averiguaciones, cuando ya se hubiera consignado el caso y detenido al acusado, o cuando se resolviera no ejercer acción penal.
Los ministros José Ramón Cossío, Olga Sánchez y Luis María Aguilar han afirmado que la reserva absoluta es desproporcional y atenta contra el principio constitucional de máxima publicidad de la información en poder del Estado.
“Cuando se establece que toda, absolutamente toda la averiguación, con independencia de sus elementos, está en condición de reserva, se está generando una condición absoluta que impide cualquier modalización por parte del órgano que tiene a su cargo la averiguación, y se anula completamente la disposición Constitucional de máxima publicidad”, afirmó Cossío.
Sánchez Cordero llamó a no dejar las actuaciones del Ministerio Público Federal en la opacidad, y enfatizó que la reserva de información solo puede ser por excepción, no como regla general.
Sergio Valls, por su parte, cuestionó que se use el término “estrictamente” para la reserva, mientras que Jorge Pardo, si bien apoya la secrecía de las investigaciones, señaló que la ausencia de un plazo temporal para dicha reserva la hace inconstitucional.
La Corte estudia un proyecto de la Ministra Margarita Luna Ramos, que propone avalar la reserva estricta prevista en el código.
Luna pidió a sus colegas no permitir que se abran las averiguaciones porque atrofiaría las investigaciones.