Cita la Contraloría de la Fiscalía a quienes protestaron por la corrupción en la dependencia

*En conferencia de prensa, los trabajadores denuncian que el fiscal Miguel Ángel Godínez, en vez de resolver sus necesidades y carencias, ha comenzado a ejercer represalias en contra de ellos

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Unos 300 trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE), que protestaron el 19 de junio afuera de esa dependencia y que firmaron un oficio enviado al gobernador Rogelio Ortega Martínez, en el que piden apoyos y denuncian actos de corrupción, desvíos de recursos, así como “las precarias limitaciones para desempeñar su trabajo”, comenzaron a ser citados por la contraloría interna, como represalia por haber participado en el movimiento.
En conferencia de prensa, representantes de la Asociación de Ministerios Públicos, Peritos y Policías Ministeriales Ignacio Manuel Altamirano, encabezados por el presidente de la agrupación, Juan Rivera Altamirano, denunciaron que el fiscal Miguel Ángel Godínez Muñoz, en vez de resolver sus necesidades y carencias, ha comenzado a ejercer represalias en contra de los trabajadores que demandan mejores condiciones para desempeñar su trabajo.
Los cerca de 300 trabajadores de la institución, entre peritos, agentes del Ministerio Público, policías ministeriales y administrativos, la semana pasada protestaron afuera de la instalaciones de la FGE y entregaron un documento firmado al gobernador Ortega Martínez, en el que denunciaron actos de corrupción como la venta de plazas por algunos directivos, personal que trabaja sin trabajar y que gozan de privilegios; agentes ministeriales que fueron aceptados sin examen de admisión y sin evaluación; cobro de cuotas a Ministerios públicos, amenazas de despidos a ministerios públicos, agentes ministeriales y desvíos de recursos.
La dirigencia de la asociación a la que pertenecen los trabajadores inconformes, denunciaron en conferencia de prensa que en respuesta, en vez de que les resolvieran sus demandas y se realizara una investigación de las denuncias que realizaron, la contraloría interna de la Fiscalía comenzó a citar a los trabajadores que participaron en la protesta y que firmaron el documento.
El presidente de la asociación, Juan Rivera Altamirano, denunció que evidentemente se trata de una represalia en contra de sus compañeros, puesto que extraoficialmente saben por sus superiores que también les levantarán actas administrativas.
Mientras tanto, dijo que las demandas que originaron su inconformidad no han sido resueltas y que siguen desempeñando su trabajo con limitaciones.
El dirigente de la asociación se quejó de que la actual es una de “las peores administraciones” de lo que antes era la Procuraduría de Justicia del Estado, porque no solamente hay corrupción y desvíos de recursos, sino que los trabajadores no cuentan con los insumos necesarios para desempeñar bien su trabajo en beneficio de la sociedad.
Otro de los trabajadores, el agente del Ministerio Público, Jesús Castrejón de la Cruz, declaró que en la FGE no se cumplen los objetivos porque no existe un buen funcionamiento de los trabajadores, “debido al recorte de los gastos para gasolina, viáticos y gastos operativos”.
Por su parte, Salvador Vargas Carrasco, agente de la Policía Ministerial, denunció que desde enero la FGE les canceló el pago de viáticos, los gastos para combustible y que debido a las protestas que han realizado, el área administrativa de la dependencia les liberó sólo una parte, pero que en su caso le adeudan cuatro quincenas.
Informó que la liberación de una parte de los recursos fue porque los trabajadores amenazaron con ir a reclamar a la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado. Explicó que entonces el director administrativo de la Fiscalía, de apellido Galeana, les pidió que no fueran “porque se va a malinterpretar que nos estamos gastando el dinero para otras cosas”.
Dijo que después fueron testigos de cuando el subsecretario de Egresos de Finanzas, Eustoquio Merino López, le reclamó Galeana la causa de la inconformidad de los trabajadores, “si nosotros estamos mandando puntualmente la ministración, si son ustedes (la Fiscalía) quienes no pagan que no me vengan a reclamar a mí”, le dijo.
Agregó que eso les permite asegurar que la grave situación por la que está atravesando la FGE, es por la corrupción y el desvío de recursos que se está cometiendo en la dependencia.
Coincidió con su anterior compañero, en el sentido de que nunca como ahora se había dado una situación similar, pues dijo que desde enero pasado la dependencia adeuda, incluso la renta de los inmuebles que ocupan las agencias del Ministerio Público y las comandancias de la Policía Ministerial.
Uno de estos casos fue el que denunció el coordinador de la Policía Ministerial en La Montaña, Jesús Ramírez Hidalgo, quien denunció que en su caso le adeudan cinco quincenas de gasolina y que la propietaria de la casa que renta para la corporación, ya se la pidió porque la FGE del estado no le ha dado el dinero de la renta desde enero.
Informó que mensualmente la renta es de 8 mil pesos y que a la fecha adeuda 48 mil pesos.
Antes de la conferencia de prensa de los integrantes de la asociación, la agente del Ministerio Público Vianey Salgado Gallegos, ofreció otra en la que se desistió de la firma del documento que enviaron la semana pasada al gobernador y de la protesta que realizaron. Aseguró que su firma se anexó al documento indebidamente, porque la plasmó en un documento que fue para otro fin.
La funcionaria se deslindó de su participación y admitió que el motivo fue el citatorio que recibió de parte de la contraloría interna de la FGE.
Pero en la conferencia posterior, Rivera Altamirano aseguró Salgado Gallegos sí firmó consiente el documento y que, incluso, fue una de las que anduvo invitando a los trabajadores a sumarse al movimiento. Agregó que su desistimiento de ahora es un ejemplo de las represalias que está ejerciendo la FGE, en contra de los que participaron en el movimiento, “seguramente la amenazaron con levantarle acta administrativa y por eso ahora se está desistiendo”, dijo.
Los peritos, agentes del Ministerio Público, agentes ministeriales y empleados administrativos, informaron que acudirán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, porque en lugar de resolver sus demandas, la Fiscalía está ejerciendo represalias en su contra.