Paran los trabajadores de los penales de Chilpancingo, Acapulco e Iguala; exigen beneficios laborales

*También participan en la suspensión de labores unos 50 trabajadores del albergue tutelar de menores y de la oficina del Régimen Penitenciario de la capital, de los penales de Chilapa y de laaDirección del Régimen Penitenciario en Ayutla

Luis Blancas, Carlos Moreno y Alejandro Guerrero

Chilpancingo, Acapulco e Iguala

Trabajadores administrativos, médicos, enfermeras y trabajadores sociales de los reclusorios de Chilpancingo, Acapulco e Iguala, que pertenecen al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), pararon labores de manera indefinida, para exigir al secretario de Seguridad Pública, el general brigadier Pedro Almazán Cervantes, un bono de riesgo de 3 mil pesos, incremento en el seguro de vida, aumento salarial, programas para viviendas y plazas de base en este año.
También participan en el paro de labores unos 50 trabajadores del albergue tutelar de menores y de la Dirección de Régimen Penitenciario de Chilpancingo, de los penales de Chilapa y de la Dirección del Régimen Penitenciario en Ayutla.
A las 7 de la mañana, 47 empleados del penal de la capital iniciaron su paro y colocaron pancartas en la entrada principal de la cárcel, en las que se lee: “Señor gobernador, exigimos solución a nuestras demandas, pago del bono de riesgo y mejor cobertura al seguro de vida”, “somos trabajadores que lo único que pedimos es que nos reconozcan nuestro trabajo por el riesgo que corremos” y “ya basta de tanta corrupción, exigimos nuestros derechos”.
Los administrativos no impedían las labores dentro del reclusorio, donde sólo se encuentran laborando los custodios y se trabajaba normalmente en los juzgados del penal.
El secretario general de la sección 7 del SUSPEG, José Manuel Nava Oliveros, informó que desde abril entregaron un documento de peticiones a Almazán Cervantes con estas demandas, pero no habían tenido respuesta, y se quejó de que no cuentan con material de oficina y medicamentos para los internos.
Dijo que cuatro años han tenido amenazas los trabajadores del penal, porque tienen relación con los internos y condiciones deplorables para trabajar en el inmueble.
“Se está exigiendo un bono de riesgo de 3 mil pesos, ya nos reunimos en dos ocasiones con funcionarios del gobierno del estado pero no han atendido nada, hemos recibido amenazas por parte de los internos, es por eso que pedimos asegurar nuestras vidas”, declaró. Explicó que como trabajador del gobierno del estado, la póliza de seguro es de 80 salarios mínimos, que corresponde de 350 mil hasta 500 mil pesos, “pero para nosotros es mayor el riesgo, porque tratamos con los reos y nos han amedrentado”.
La coordinadora regional del sindicato, Rosa Alonso Sánchez, dijo que han recibido amenazas y agregó que una enfermera fue agredida por un reo.
“Nosotros le pedimos que nos volteen a ver porque trabajamos directamente con internos, porque cuando se enferman los trasladamos al hospital para ser atendidos y sí arriesgamos nuestras vidas”, dijo.
Dijo que en agosto del año pasado fue asesinado el director de la cárcel de Chilpancingo, Luis Miguel Lanster Betancourt, cuando conducía su auto junto con su secretaria, “¿qué más quieren las autoridades? ¿que haya otro muerto? No es fácil trabajar en una cárcel”.
A las 3:30 de la tarde, acudieron al penal, ubicado al sur de la ciudad, funcionarios de la Secretaría de Egresos del gobierno estatal, quie nes les dijeron que las peticiones las entregarán a los funcionarios para buscar solución.
Los trabajadores permanecerán en el penal, con la finalidad de presionar al gobierno del estado, para atender sus peticiones.

Protesta afuera de Las Cruces

En Acapulco, unos 50 trabajadores administrativos, médicos y trabajadores sociales del penal de Las Cruces, agremiados a la sección 21 del SUSPEG, pararon labores de forma indefinida y protestaron afuera del reclusorio.
Poco después de las 9 de la mañana, en Acapulco los inconformes iniciaron su movilización y se colocaron en la pluma de acceso de los automóviles oficiales al reclusorio, y unos 30 metros atrás unos 20 policías del estado antimotines.
Los inconformes colocaron una lona blanco con negro, de unos tres metros de largo, donde se leía: “Exigimos sueldos justos y derechos laborales”, así como cartulinas en donde escribieron que “solicitamos bases para este año en la SSP”, “personal administrativo de los ceresos unidos” y “solicitamos el bono de riesgo de trabajo”.
Los trabajadores del penal que estuvieron apoyados por el secretario general de la sección 21 del SUSPEG, José Lemus García, no impidieron el acceso de los visitantes al reclusorio, donde sólo se encontraban laborando los custodios, ni tampoco a los juzgados, por lo que ahí se trabajó de forma normal.
En declaraciones a reporteros, los inconformes, que omitieron sus nombres, explicaron que el motivo de la protesta y el paro laboral, es porque el gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas no ha hecho caso a un pliego petitorio entregado en abril, el cual se ha llevado en coordinación con los penales de Chilpancingo, Iguala, el tutelar de menores y los 15 reclusorios del estado.
Otro inconforme indicó que el secretario general del SUSPEG, Adolfo Nava Calderón, los está apoyando y respaldando, así como el de la sección 7, José Manuel Nava Oliveros, de Chilpancingo.
Se informó que poco después de la 1 de la tarde llegó la coordinadora regional de la Comisión de Derechos Humanos (Codehum), Fanny Ruth Lara Figueroa, y el visitador Concepción Bedolla Vega, quienes dialogaron con los inconformes.
Después ingresaron al reclusorio a dialogar con el director del penal de Las Cruces, Gustavo Villegas Tovar, quien les indicó que él no tenía injerencia para “ayudar” a los trabajadores inconformes, por lo que los representantes de la Codehum hablaron con el coordinador regional de la Policía del Estado, Reynaldo Valente Guatemala.
Hasta las 9 de la noche, los inconformes continuaban en plantón y paro laboral afuera del reclusorio de Las Cruces.

En Iguala el 80 por ciento paran

En Iguala, trabajadores administrativos del reclusorio, ubicado en la comunidad de Tuxpan, adheridos a la sección 10 del SUSPEG, pararon labores a partir de las 7 de la mañana.
En el caso del penal de Iguala, 14 trabajadores administrativos informaron que sólo suspendieron actividades en un 80 por ciento y no colocaron cartulinas, no salieron al exterior del reclusorio a manifestarse, se mantuvieron en sus oficinas y para dar declaraciones se solicitaba autorización a los custodios de la policía del estado.
El trabajador social Carlos Sotelo, el representante del área jurídica Armando Martínez y una auxiliar administrativo, llamaron al gobernador Rogelio Ortega y al secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán, a cumplir con su petición del pago del bono sexenal.
Solicitaron libertades anticipadas para recursos, excarcelaciones médicas y jurídicas, que señalaron es una prioridad para la población interna y que a través de los trabajadores hacen llegar su petición.