Reprochan expertos que se retrasen sus entrevistas con militares de Iguala

*En su cuarto informe de trabajo, el grupo auspiciado por la CIDH señala que “el Estado continúa analizando la solicitud de procedencia”

*La demora limita la investigación y las nuevas perspectivas en la búsqueda de los normalistas desaparecidos, advierte

*Del centenar de procesados por los hechos, 40 fueron torturados, resalta

*Se confirma que el gobierno protege al Ejército, dicen padres de los 43 estudiantes

Retrasa el gobierno autorización para hablar con militares en el caso Ayotzinapa, señalan expertos

*En su cuarto informe de trabajo, denuncian que el “el Estado continúa analizando la solicitud de procedencia”. Urge entrevistarlos porque han pasado nueve meses, y los familiares de los normalistas siguen esperando respuestas, abundan

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) expresó preocupación por el retraso de las autoridades para autorizar entrevistas a militares de la 27 Zona Militar, sobre los ataques a normalistas y civiles de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, que pidieron hace más de tres meses.
En su cuarto informe de trabajo, denunciaron que el “el Estado continúa analizando la solicitud de procedencia”, pero en su carácter de coadyuvante de la investigación, el GIEI “está facultado en todo momento a sugerir al Ministerio Público ampliar las declaraciones que los 36 miembros (sic) del 27 Batallón hicieron en calidad de testigos”.
En ese sentido, solicitaron entrevistarse directamente con integrantes del 27 batallón, incluyendo a aquellos cuyos testimonios no han sido tomados por el MP.
Destacaron que es urgente realizar esas entrevistas porque han pasado nueve meses de los hechos, y los familiares de los normalistas desaparecidos siguen esperando respuestas y nuevos esfuerzos para la búsqueda de sus hijos.
Asimismo, recordaron que el GIEI tiene el tiempo restringido de seis meses para cumplir el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que vence el 2 de septiembre.
El grupo se creó como una garantía del organismo internacional para que las víctimas del caso Ayotzinapa, tengan acceso a la verdad y la justicia.
Ayer, el GIEI presentó un balance general de los avances y los asuntos pendientes de su mandato, estimaron que de más de cien peticiones relevantes, sólo se ha completado el 30 por ciento, 24 por ciento tienen avances parciales, y el resto siguen pendientes.
“En opinión del Grupo, esta demora limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos, y las nuevas acciones y perspectivas en la búsqueda de los desaparecidos”.
El informe se difundió a través de internet, pero fue presentado en la ciudad de México por los integrantes del Grupo: Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Claudia Paz y Francisco Cox.
Subrayaron que han trabajado en el análisis del expediente, así como en la toma de testimonios, en el contraste entre las distintas versiones, declaraciones y pruebas recogidas, así como en la elaboración de su futuro informe.

Reivindicación de los estudiantes

Aclararon que, el 26 de septiembre los normalistas no tenían previsto entrar al Centro de Iguala ni a la central de autobuses de la ciudad, donde fueron perseguidos y atacados a balazos por policías municipales.
Precisaron que, según las investigaciones, esa acción no fue planificada previamente “los normalistas de Ayotzinapa salieron a hacer actividades de boteo el día 26 de septiembre aproximadamente a las 5 de la tarde, con el objetivo de obtener dinero y autobuses para asistir a la marcha del 2 de octubre”.
Sin embargo, “debido a las dificultades que tuvieron los días anteriores para obtener autobuses en la ciudad de Chilpancingo, se dirigieron al lugar conocido como Casa del Cura o cruce de la entrada a Huitzuco y la caseta de Iguala. La decisión posterior de ir a la central de autobuses se debió a circunstancias del momento no previstas de antemano”.
Con ello, ratificaron que los estudiantes no fueron a impedir el informe de la presidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda Villa, que luego se supo es la líder del cartel de Guerreros Unidos que opera en Iguala, cuyos miembros presuntamente se sintieron amenazados por la presencia de los normalistas en la ciudad.
Asimismo, informaron que hubo reuniones de mandos de la Policía Federal y familiares de los desaparecidos, en presencia de miembros del GIEI, para completar la información existente sobre las líneas de investigación, y las autoridades se comprometieron a presentar nuevas hipótesis de búsqueda.
Destacó la disposición de los padres “para volver a proporcionar información relativa a los normalistas desaparecidos, a pesar del impacto y la movilización emocional que supone para ellos la nueva toma de testimonios”.
Entre los pendientes, señaló que falta la unificación de los procesos y la tipificación de los delitos en el caso Ayotzinapa, que se encuentran en seis causas abiertas, de 15 procesos distribuidos en tres estados, Tamaulipas, Morelos y Guerrero, que pidieron el mes pasado.
Para concretarlo, se acordó con la procuradora general Arely Gómez, una reunión donde el GIEI aporte criterios en la valoración y tipificación de los delitos cometidos, según la información proporcionada por las autoridades. “Dicha acción es un paso adelante para que hechos tan graves puedan ser investigados de manera integral y juzgados de acuerdo con los estándares internacionales en este tipo de casos”.
Entre su trabajo en Guerrero, informaron que hicieron visitas a instalaciones policiacas, al basurero de Cocula, al río San Juan y a una casa de seguridad, así como una nueva inspección de los sitios en donde se cometieron los ataques en la ciudad de Iguala.
“Dichas acciones se llevaron a cabo junto con peritos del grupo”, que van a contribuir la valoración de las diferentes pruebas y evidencias recogidas hasta ahora.
Asimismo, recogieron testimonios de personas inculpadas, presas en las cárceles del Estado de México, Veracruz, Jalisco y Nayarit.
Señalaron que la PGR tiene interés en contar con más declaraciones de normalistas sobrevivientes y testigos de los hechos, y se concertó un mecanismo para tomar los testimonios que la PGR considera importantes; “se espera que con estas declaraciones se pueda completar la información ya existente, incluyendo la que los normalistas dieron poco después de los hechos”.
Asimismo, gestionó una reunión de los padres con la procuradora general, que podría concretarse en los próximos días.
Por otro lado, se informó que la reinstalación da la unidad móvil de médicos en la entrada de la Normal Rural de Ayotzinapa, pero han recogido nuevas necesidades de algunos normalistas heridos que después de ser atendidos en el hospital los primeros días, sufren secuelas, y necesitan una valoración específica y un tratamiento adecuado.
Sobre el caso del alumno de primer grado, Aldo Gutiérrez, en estado vegetativo por un balazo en la cabeza, en un hospital de la ciudad de México, insistieron en pedir una segunda opinión de un experto mexicano, para que valore nuevos tratamientos y adecuados a las circunstancias de la familia. El primer diagnóstico de su caso fue de muerte cerebral.
El grupo también hará recomendaciones sobre las políticas generales sobre la desaparición de personas, y en este sentido, informó que espera conocer el proyecto de ley gubernamental que se discutirá en los próximos meses, para dar su opinión respecto a los criterios que deberían incluirse en una futura legislación, a fin de que cumpla con los estándares internacionales en la materia.

Torturados, la mitad de procesados por el caso Ayotzinapa, dicen expertos y piden se investigue

Al menos 40 de un centenar de procesados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron sometidos a torturas y malos tratos durante su detención, informaron integrantes del  Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) al rendir su cuarto informe de actividades.
En conferencia de prensa, en la que resaltaron que no han podido entrevistarse con soldados del 27 Batallón de Infantería, los cinco integrantes del GIEI creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), anunciaron también el restablecimiento de las relaciones entre la Procuraduría General de la República (PGR) y los padres de los estudiantes que se mantenía roto desde principios de este año.
La ex fiscal General de Guatemala, Claudia Paz y Paz, explicó que la PGR investiga actualmente 40 casos de posibles maltratos o tortura contra los detenidos por el caso Ayotzinapa, a partir de “información que ellos (la PGR)  han recogido de procesados que han presentado lesiones, que han presentado sus quejas que les han remitido los jueces porque al momento de realizar su primera declaración manifiestan que sufrieron algún tipo de maltrato o que sufrieron torturas y todos esos casos están concentrados”.
Ángela Buitrago, ex fiscal de la Corte Suprema de Colombia, explicó que en las diversas visitas que han realizado a los Centros Federales de Readaptación Social, donde se encuentran recluidos los inculpados (Estado de México, Veracruz, Jalisco y Nayarit) han escuchado testimonios de que algunos de ellos “fueron objeto de maltrato o de otros comportamientos”.
Tras señalar que en la última semana de mayo los expertos independientes entrevistaron al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda, Buitrago añadió que han solicitado a la PGR que “se realicen las indagaciones en los casos visualizados de tortura o de tentativas de tortura”.
Por su parte, Carlos Beristáin, experto en psicología, manifestó que luego de escuchar los testimonios de tortura y malos tratos, los integrantes del GIEI han contrastado las declaraciones con “los certificados médicos realizados a los detenidos en diferentes circunstancias, en la entrada a cárcel, en los lugares de detención, ante la propia SEIDO y estamos recogiendo esas evidencias para tener un cuadro de la situación”.
Beristáin aclaró que corresponderá a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a los jueces del caso resolver las quejas.
Francisco Cox, abogado chileno, señaló que ante la petición que hicieran los expertos por entrevistar a 36 miembros del 27 Batallón de Infantería de Iguala, el pasado domingo 28 recibieron una notificación en el sentido de que “el Estado continúa analizando la procedencia de la solicitud”.
Cauto en sus respuestas, Cox explicó sería ”relevante” entrevistar a todos los soldados del Batallón, y que en el expediente de más de 100 tomos “no se les tomó declaración a todas las personas”, y advirtió que de no tener acceso a los militares, así se va a “plasmar en el informe final”.
En su informe, los expertos manifestaron su preocupación por el retraso de la decisión del gobierno federal para dar acceso a los militares, porque “limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos y las nuevas acciones y perspectiva de búsqueda de los desaparecidos”.
Los expertos destacaron que desde que tomaron el mandato hace tres meses, de las más de cien peticiones de “información relevantes o de diligencias significativas para la evaluación y el impulso de la investigación”, la PGR sólo ha cumplido 30%, en 24% ha respondido en forma parcial y 47% está pendiente de entregar.
Los expertos celebraron el encuentro que sostendrán la procuradora Arely Gómez González y los padres de familia de los desaparecidos, luego del rompimiento del diálogo a principios de año, a raíz de que el entonces titular de la PGR y actual secretario de la Sedatu, Jesús Murillo Karam, dio a conocer que los normalistas fueron ejecutados y quemados en el basurero de Cocula.
Buitrago apuntó que sólo está pendiente la fecha de la reunión, que fue solicitada por los padres por medio del GIEI, petición a la que “la procuradora aceptó de inmediato”, y que la última vez que los familiares de las víctimas tuvieron un encuentro con personal de la PGR, fue con la SEIDO luego de la detención de Francisco Salgado Valladares, en mayo pasado.
Como resultado de los buenos oficios del GIEI, “ha concertado un mecanismo” para tomar testimonios de normalistas que fueron víctimas y testigos de los hechos, a petición de la PGR, declaraciones que se espera “se pueda completar la información ya existente, incluyendo la que los normalistas dieron poco después de los hechos”.
En su cuarto informe, los expertos narraron que acudieron a realizar diligencias con peritos especializados a “los establecimientos policiales, el basurero de Cocula, el río San Juan y una casa de seguridad”, así como una nueva inspección en “los sitios donde se cometieron los ataques en la ciudad de Iguala”.
Los expertos consideraron positivo que por gestiones de la Secretaría de Gobernación se haya instalado una unidad móvil de salud a la entrada de la normal de Ayotzinapa para atender a normalistas y familiares, mientras que se mantiene atento a la valoración médica del joven Aldo Gutiérrez que permanece en estado de coma.
Por último, señalaron que están pendientes de la iniciativa de ley sobre desaparición forzada, después de la reforma constitucional y la nueva configuración política tras las elecciones del 7 de junio. (Agencia Proceso / Ciudad de México).

Confirma el informe del GIEI que el gobierno protege al Ejército, dicen padres de los normalistas

Para los familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 en Guerrero, el informe presentado este lunes por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), confirma la protección del gobierno federal al Ejército.
A cuatro meses de haber iniciado sus investigaciones sobre el caso, los expertos independientes denunciaron que el gobierno sigue dando largas a su petición de entrevistar a integrantes del 27 Batallón de Infantería, con cede en Iguala, Guerrero.
“Era lógico que pusieran obstáculos para que no avancen los expertos en sus investigaciones, nosotros siempre hemos denunciado una protección del gobierno federal al Ejército”, comentó Felipe de la Cruz, vocero de los padres.
En tanto, Epifanio Álvarez, padre de uno de los jóvenes desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre del año pasado, reiteró su apoyo al GIEI.
“Nosotros de por sí tenemos la duda de todo lo que el gobierno ha dicho, por eso estamos con los expertos y confiamos en lo que dicen, que el gobierno les ha obstaculizado su trabajo”, expresó.
En su informe, el GIEI considera que la demora en su solicitud limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos, así como las nuevas acciones y perspectivas en la búsqueda de los desaparecidos.
Otro tema que refuerza la desconfianza en las autoridades, según los padres, es que el GIEI señala que al menos 40 personas detenidas por la desaparición de los normalistas fueron torturadas.
“Sabemos que las torturas se dan desde que comienzan a declarar puras mentiras, porque es de ahí que la Procuraduría (General de la República) arma su verdad histórica”, agregó De la Cruz.
Tanto Epifanio Álvarez como Felipe de la Cruz coincidieron en que los familiares están en la mejor disposición de tener un encuentro con las autoridades.
“Nosotros, desde hace varios meses estamos buscando el acercamiento con el gobierno, porque el diálogo se rompió desde el 27 de enero”, dijo De la Cruz, en referencia a la fecha en la que el entonces procurador Murillo Karam dio su informe final.
Epifanio Álvarez confirmó que existe un compromiso para tener un encuentro, y aunque no tienen fecha definida, confió en que sea la próxima semana con la procuradora Arely Gómez.
“Estamos interesados en encontrar a nuestros hijos y cualquier cosa que se nos pidan se las vamos a dar, para facilitarle la búsqueda al gobierno”.
Sobre la unidad móvil de salud que llega a la entrada de la Normal Raúl Isidro Burgos, Álvarez lamentó que sea muy básica y sirva sólo para atender una gripa o una calentura, sin que tengan, por ejemplo, insulina para los diabéticos. (Daniel Martínez / Agencia Reforma / Ciudad de México).