Retrasa el gobierno autorización para hablar con militares en el caso Ayotzinapa, señalan expertos

*En su cuarto informe de trabajo, denuncian que el “el Estado continúa analizando la solicitud de procedencia”. Urge entrevistarlos porque han pasado nueve meses, y los familiares de los normalistas siguen esperando respuestas, abundan

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) expresó preocupación por el retraso de las autoridades para autorizar entrevistas a militares de la 27 Zona Militar, sobre los ataques a normalistas y civiles de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, que pidieron hace más de tres meses.
En su cuarto informe de trabajo, denunciaron que el “el Estado continúa analizando la solicitud de procedencia”, pero en su carácter de coadyuvante de la investigación, el GIEI “está facultado en todo momento a sugerir al Ministerio Público ampliar las declaraciones que los 36 miembros (sic) del 27 Batallón hicieron en calidad de testigos”.
En ese sentido, solicitaron entrevistarse directamente con integrantes del 27 batallón, incluyendo a aquellos cuyos testimonios no han sido tomados por el MP.
Destacaron que es urgente realizar esas entrevistas porque han pasado nueve meses de los hechos, y los familiares de los normalistas desaparecidos siguen esperando respuestas y nuevos esfuerzos para la búsqueda de sus hijos.
Asimismo, recordaron que el GIEI tiene el tiempo restringido de seis meses para cumplir el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que vence el 2 de septiembre.
El grupo se creó como una garantía del organismo internacional para que las víctimas del caso Ayotzinapa, tengan acceso a la verdad y la justicia.
Ayer, el GIEI presentó un balance general de los avances y los asuntos pendientes de su mandato, estimaron que de más de cien peticiones relevantes, sólo se ha completado el 30 por ciento, 24 por ciento tienen avances parciales, y el resto siguen pendientes.
“En opinión del Grupo, esta demora limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos, y las nuevas acciones y perspectivas en la búsqueda de los desaparecidos”.
El informe se difundió a través de internet, pero fue presentado en la ciudad de México por los integrantes del Grupo: Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Claudia Paz y Francisco Cox.
Subrayaron que han trabajado en el análisis del expediente, así como en la toma de testimonios, en el contraste entre las distintas versiones, declaraciones y pruebas recogidas, así como en la elaboración de su futuro informe.

Reivindicación de los estudiantes

Aclararon que, el 26 de septiembre los normalistas no tenían previsto entrar al Centro de Iguala ni a la central de autobuses de la ciudad, donde fueron perseguidos y atacados a balazos por policías municipales.
Precisaron que, según las investigaciones, esa acción no fue planificada previamente “los normalistas de Ayotzinapa salieron a hacer actividades de boteo el día 26 de septiembre aproximadamente a las 5 de la tarde, con el objetivo de obtener dinero y autobuses para asistir a la marcha del 2 de octubre”.
Sin embargo, “debido a las dificultades que tuvieron los días anteriores para obtener autobuses en la ciudad de Chilpancingo, se dirigieron al lugar conocido como Casa del Cura o cruce de la entrada a Huitzuco y la caseta de Iguala. La decisión posterior de ir a la central de autobuses se debió a circunstancias del momento no previstas de antemano”.
Con ello, ratificaron que los estudiantes no fueron a impedir el informe de la presidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda Villa, que luego se supo es la líder del cartel de Guerreros Unidos que opera en Iguala, cuyos miembros presuntamente se sintieron amenazados por la presencia de los normalistas en la ciudad.
Asimismo, informaron que hubo reuniones de mandos de la Policía Federal y familiares de los desaparecidos, en presencia de miembros del GIEI, para completar la información existente sobre las líneas de investigación, y las autoridades se comprometieron a presentar nuevas hipótesis de búsqueda.
Destacó la disposición de los padres “para volver a proporcionar información relativa a los normalistas desaparecidos, a pesar del impacto y la movilización emocional que supone para ellos la nueva toma de testimonios”.
Entre los pendientes, señaló que falta la unificación de los procesos y la tipificación de los delitos en el caso Ayotzinapa, que se encuentran en seis causas abiertas, de 15 procesos distribuidos en tres estados, Tamaulipas, Morelos y Guerrero, que pidieron el mes pasado.
Para concretarlo, se acordó con la procuradora general Arely Gómez, una reunión donde el GIEI aporte criterios en la valoración y tipificación de los delitos cometidos, según la información proporcionada por las autoridades. “Dicha acción es un paso adelante para que hechos tan graves puedan ser investigados de manera integral y juzgados de acuerdo con los estándares internacionales en este tipo de casos”.
Entre su trabajo en Guerrero, informaron que hicieron visitas a instalaciones policiacas, al basurero de Cocula, al río San Juan y a una casa de seguridad, así como una nueva inspección de los sitios en donde se cometieron los ataques en la ciudad de Iguala.
“Dichas acciones se llevaron a cabo junto con peritos del grupo”, que van a contribuir la valoración de las diferentes pruebas y evidencias recogidas hasta ahora.
Asimismo, recogieron testimonios de personas inculpadas, presas en las cárceles del Estado de México, Veracruz, Jalisco y Nayarit.
Señalaron que la PGR tiene interés en contar con más declaraciones de normalistas sobrevivientes y testigos de los hechos, y se concertó un mecanismo para tomar los testimonios que la PGR considera importantes; “se espera que con estas declaraciones se pueda completar la información ya existente, incluyendo la que los normalistas dieron poco después de los hechos”.
Asimismo, gestionó una reunión de los padres con la procuradora general, que podría concretarse en los próximos días.
Por otro lado, se informó que la reinstalación da la unidad móvil de médicos en la entrada de la Normal Rural de Ayotzinapa, pero han recogido nuevas necesidades de algunos normalistas heridos que después de ser atendidos en el hospital los primeros días, sufren secuelas, y necesitan una valoración específica y un tratamiento adecuado.
Sobre el caso del alumno de primer grado, Aldo Gutiérrez, en estado vegetativo por un balazo en la cabeza, en un hospital de la ciudad de México, insistieron en pedir una segunda opinión de un experto mexicano, para que valore nuevos tratamientos y adecuados a las circunstancias de la familia. El primer diagnóstico de su caso fue de muerte cerebral.
El grupo también hará recomendaciones sobre las políticas generales sobre la desaparición de personas, y en este sentido, informó que espera conocer el proyecto de ley gubernamental que se discutirá en los próximos meses, para dar su opinión respecto a los criterios que deberían incluirse en una futura legislación, a fin de que cumpla con los estándares internacionales en la materia.