Desaprueban el origen, forma y fondo de la Comisión de la Verdad que revisa el Congreso

La propuesta viene de quien ha sido parte de las estructuras del poder y del partido político que cobijó a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, critican organismos de derechos humanos

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgroac), el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, opinaron que la Comisión de la Verdad que se revisa en el Congreso local para su aprobación, en su caso, no reúne las expectativas de los familiares de las víctimas y de los organismos civiles de derechos humanos. Por tanto, consideraron en un documento conjunto que: “como están la cosas, el anhelo de justicia en Guerrero se vera postergado”. En opinión de los representantes de estos organismos, a medida que se acerca la fecha en que la propuesta de la Comisión de la Verdad será puesta a consideración del pleno del congreso, “surgen mas dudas y se consolida la idea de que dicha Comisión no cumplirá con las expectativas de los familiares de las víctimas de la guerra sucia ni de las y los que han pugnado por que se cree un organismo que investigue, enjuicie y castigue a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, sin importar su posición política o económica”. Manifestaron en su escrito que nada tienen en contra de la calidad moral “de quienes sabemos se ha invitado a formar parte de esta Comisión, respetamos el legitimo interés de quienes propusieron e impulsaron esta propuesta, pero sí los prevenimos de que los resultados negativos de dicha encomienda irán en contra de dicha calidad y autoridad moral, pues mucho se ha señalado por parte de los defensores de derechos humanos que la propuesta tiene problemas de origen, de forma y de fondo”. Añadieron que la Comisión es producto de una propuesta de campaña que lo que buscaba “era atraer votos a favor del hoy gobernador y desde ahí su origen ya no es genuino”. Además, criticaron que la propuesta “viene de quien ha sido parte de las estructuras del poder y del partido político que cobijo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad y, que por lo tanto, no tiene ni política ni ideológicamente un compromiso con el respeto y cumplimiento de los derechos humanos, en este caso con el derecho a la justicia”. Agregaron que, en estas condiciones, “es una propuesta elaborada por una comisión de uno de los tres poderes por indicaciones del gobernador y no una iniciativa popular”. También dijeron que, de acuerdo al proyecto, los miembros son propuestos por el gobernador y ratificados por el Congreso, al igual que el presidente que coordinara los trabajos de la comisión. “A lo anterior hay que agregarle la temporalidad de dicha comisión y la acotada etapa de la guerra sucia que investigaría”. En su postura los tres organismos indicaron que, sin duda, “nos enfrentamos a un problema de carácter estructural, pues se pretende que el marco de la impunidad cubra con su manto a responsables visibles de crímenes del pasado y que hoy hacen vida política en el estado”. Asimismo, criticaron algunos términos “ambiguos” de la propuesta como: “abusos del gobierno” que, según los organismos, serán determinados por las investigaciones que realizara dicha comisión, “pero recordemos que lo que se practicó fue una guerra de contrainsurgencia con la estrategia de guerra de baja intensidad, en donde lo mismo participaron militares, corporaciones policiacas y hasta grupos paramilitares como la brigada blanca y la DFS”. Consideraron, sin embargo, de vital importancia le existencia de un organismo que se encargue de investigar, recibiendo los testimonios de los familiares de las víctimas, haciendo pública la verdad, señalando a los responsables “y, desde luego, entendemos que una comisión de la verdad no es un tribunal y debe tener un determinado tiempo, pero no acotado a modo para no tocar a algunos responsables”.