Ampliar su alcance y dar autonomía plena a la Comisión de la Verdad, plantean en foro

Tiene la Codehum registrados 83 desaparecidos por la Judicial y el Ejército desde el 2005, informa el visitador Hipólito Lugo. La CNDH ha documentado 532 desapariciones forzadas en Guerrero desde la guerra sucia. El periodo a investigar, de 1969 a 1979, no es una imposición del gobernador Ángel Aguirre, dice el representante del gobierno Saúl López Sollano

Daniel Velázquez

En los últimos seis años la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Codehum) registró la desaparición forzada de 83 personas a manos de la Policía Judicial del estado y del Ejército, informó el visitador Hipólito Lugo Cortés. Lugo Cortés dijo que las desapariciones forzadas no son hechos del pasado, sino que se repiten en la entidad, pues la Codehum de 2005 a la fecha tiene registrados 83 casos, en 62 de los cuales están involucrados agentes de la policía del estado y en 14 el Ejército. Al participar en el foro sobre la Comisión de la Verdad que se realizó ayer en Acapulco, indicó que producto de estas desapariciones se han emitido 15 órdenes de aprehensión, pero sólo una persona ha sido condenada. En el caso de la guerra sucia de los años setenta, dijo que en el 2001 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contabilizó 532 desapariciones forzadas, de las cuales 181 ocurrieron en la zona rural y el resto en zonas urbanas de Guerrero. Precisó que por su parte, la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Delitos del Pasado tiene el registro de 537 casos, de los cuales 255 estaban “acreditados”, en 143 estaban como “presunción” de desaparición y en 139 “falta información”. Octaviano Santiago Dionicio dijo a su vez que en el estado hay información de que 700 personas fueron desaparecidas por el Estado, y que si de esos encuentran información de cuatro personas sería una victoria, y si encuentran un sobreviviente sería un triunfo de todos. En respuesta a la imputación que en un comunicado hizo el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), dijo que los impulsores de la Comisión de la Verdad no tienen aspiraciones a un cargo de elección popular. El asesor del secretario de Gobierno, Saúl López Sollano, dijo que la Comisión de la Verdad puede ser un precedente para el país, porque en México a pesar de tener una historia de represión no se ha llegado a la verdad histórica. “En México no ha pasada nada”, y en otros países como Argentina, Chile, Colombia y Perú hay sanciones contra quienes cometieron delitos de lesa humanidad. Dijo que con la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Delitos del Pasado, creada en el gobierno de Vicente Fox, no pasó nada porque el gobierno no quiso castigar a los responsables de los crímenes. Indicó que se trata de un tema tabú, “riesgoso” porque los responsables todavía andan sueltos, pero que en Guerrero se van a “echar ese paquete” para debatir un tema de trascendencia histórica en un país donde campea la injusticia y la impunidad. Dijo que a Mario Arturo “Acosta Chaparro se le regresaron sus laureles y se pasea impunemente por las calles de este país, solapado por el gobierno y por el sistema político”. Dijo que el gobierno del estado está en la disposición de brindar “toda la colaboración del mundo” a la Comisión de la Verdad, pero se debe entender que no es una fiscalía, sino una comisión para encontrar la verdad, y el castigo a los responsables será un proceso entre los familiares y luchadores sociales para ajustar cuentas con un pasado ominoso que no permite el avance democrático. Pidió la colaboración de todos para llegar a la verdad histórica, y dijo que se irán venciendo obstáculos. Señaló que el periodo a investigar, de 1969 a 1979, no es una imposición del gobernador, sino un interés en centrarse en una etapa de la historia. A su vez, el abogado Carmelo Loeza Hernández criticó la ausencia del PRD en el foro y dijo que la exigencia de justicia ha sido una de las banderas del partido, y en cambio los dirigentes estaban ausentes. Cuestionó el que no estuviera presente el diputado presidente de la comisión de justicia del Congreso local y secretario general del PRD, Evodio Velázquez Aguirre, y que el coordinador de la fracción del PRD sólo estuviera un momento en la reunión, cuando los diputados deberían impulsarla porque ellos son los que habrán de decretar la creación de la Comisión de la Verdad. Entre los asistentes estuvieron el regidor Ramiro Solorio; el secretario de Derechos Humanos del PRD, Urbano Lucas Santamaría; la secretaria general del PRD en Acapulco, Rosario Merlin García; el ex presidente del PRD en Acapulco, Martín Hernández, así como Ramón Gracida y Nicomedes Fuentes García. En el salón Jaguar, donde se realizó el foro, había unos 170 asistentes, pero al final del foro sólo permanecieron unas 35 personas. Cambios a la ley La abogada Pilar Noriega García, defensora de los derechos humanos, sugirió a los impulsores de la Comisión de la Verdad corregir varios artículos (2, 3 y 7) de la ley que funda esa comisión, para que no se ciña únicamente a “hechos constitutivos de delitos de lesa humanidad”, sino que incluya hechos violatorios de derechos humanos, de delitos y delitos de lesa humanidad, porque si no la comisión puede quedar limitada. Otra de las recomendaciones es que la misma ley establezca autonomía plena a la Comisión de la Verdad, incluida autonomía presupuestaria. Dijo que la ley debe establecer que el presupuesto y los comisionados serán nombrados por el Congreso local, para garantizar su plena autonomía. Indicó que “el financiamiento sea por el Congreso del estado, no por el gobierno, y no mencionar al gobierno porque entonces no es independiente, de la misma manera si decimos ‘es que los va a proponer el gobierno’, pueden decir ‘los va a aprobar el gobierno’ a los comisionados, puede prestarse a malas interpretaciones, son cositas que es necesario ir viendo”. “Ojo, no por ser personas independientes va a ser una comisión independiente, porque la comisión va estar sujeta a lo que establezca la ley”, advirtió. Agregó que no se les debe dar falsas esperanzas a las familias de las víctimas, de que se va a meter a la cárcel a todos, sino especificar qué es lo que procede en los casos, y si se le va a rendir cuentas al Congreso entonces que sea el Congreso quien provea el presupuesto para su operación. La especialista en derechos humanos añadió que las comisiones de la verdad deben complementarse “con otras medidas para asegurar justicia” y no deben crearse bajo el supuesto de que son la solución al problema de las violaciones a los derechos humanos. “Las comisiones que se crean bajo ese supuesto no resuelven nada, la comisión no es un fin, es un medio, debe ser público y recibir una amplia difusión”, observó. Abundó que una vez que la comisión llegó a la verdad y presenta el informe de las víctimas, debe haber investigaciones que castiguen a los responsables. Al descubrirse la verdad se deben llevar a cabo otras investigaciones más detalladas, no debe quedar en la constatación del crimen, pero las investigaciones de las comisiones deben ser canalizadas adecuadamente a las instancias judiciales. Indicó que la Comisión de la Verdad debe trabajar con una perspectiva histórico-sociológica y no sólo judicial, y debe haber un proceso de consulta con los afectados y las negociaciones deben ser claras y transparentes. Otros aspectos a considerar en la creación de la Comisión de la Verdad es la voluntad política, “el contexto histórico, social del porqué de la comisión, cuál es el mandato, cuál es la finalidad, qué es lo que va a investigar, qué crímenes, su periodo cuál va a ser, la composición de la comisión, cuál va a ser el procedimiento de la comisión”. Propuestas Víctor Cardona propuso que el primer paso sea la creación de “un banco de testimonios” donde los familiares de las victimas relaten lo que saben de cómo desaparecieron sus familiares. Dijo que él tuvo acceso a mil 500 fichas de los años de la “Operación Telaraña” que realizó el Ejército en las comunidades de la sierra del estado, y ahí no se habla de personas sino de “paquetes”; ‘se detuvieron dos paquetes para su revisión’, es lo que se lee en esas fichas en los años de 1969 a 1974, y “diario” el Ejército recibía dos o tres paquetes para su revisión. Sixto Gallardo pidió que la Comisión de la Verdad incluya en sus investigaciones la desaparición de los líderes estudiantiles de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG) de la UAG, como Carlos Frías, Luis Armando Cabañas, Floriberto Clavel, Arturo Vargas Viviano, Victoria Hernández Brito, Carmelo Cortés y Jaime López Sollano, y pidió que UAG también cree una fiscalía para saber qué pasó con esos líderes estudiantiles. También pidió paciencia, porque a lo mejor en cuatro años no se resuelven todos los casos, y que también se investiguen las desapariciones de la Costa Chica, no sólo de la Costa Grande. Alfredo Pineda Gómez propuso que el Congreso local pida al Congreso de la Unión un punto de acuerdo para que se facilite a la comisión el acceso a los expedientes e información de uso restringido del Ejército y la Marina, porque si no, no se van a atender las peticiones de la Comisión de la Verdad. También dijo que la UAG debe contribuir con la investigación de la Comisión de la Verdad y se debe pedir al Consejo Universitario que unidades académicas como Psicología, Derecho, Economía y estudios de posgrado contribuyan con las investigaciones. A los familiares bien identificados de las víctimas de la guerra sucia se les debe asignar un presupuesto para beneficiar a los afectados durante el periodo de la Comisión de la Verdad. Llamó a los integrantes de la Comisión de la Verdad a renunciar a sus aspiraciones a cargos de elección popular para no contaminar su trabajo. Aguas Blancas y El Charco Rocío Mesino y José Sánchez Sánchez coincidieron en que la Comisión de la Verdad también debe investigar los casos de Aguas Blancas y El Charco Mesino dijo que no quiere pensar que la decisión de excluir esos casos sea producto de un acuerdo bajo la mesa con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, porque él fue propuesta de Rubén Figueroa para sustituirlo después del caso de Aguas Blancas y era gobernador interino en el caso de El Charco. Agregó que con ella se comprometió a que la comisión investigaría el caso de Aguas Blancas, lo cual fue difundido por los medios de comunicación. Propuso que se lleve a cabo un foro de análisis de la comisión en Atoyac, porque en ese municipio hubo más de 600 desaparecidos en el periodo de la guerra sucia y ahí los familiares que no están en ningún grupo deben expresar sus opiniones. Al foro de análisis y discusión acudieron sobrevivientes de Aguas Blancas con dos mantas en las que se leía “Aguirre cumple tus promesas de campaña, queremos comisión de la verdad no de la mentira”, “Aguirre exoneraste a Figueroa siendo del PRI demuestra que eres perredista haciendo justicia”. En respuesta a las peticiones de Mesino y Sánchez, María Argüello, cuyos padres y esposo fueron desaparecidos, dijo que en el caso de Aguas Blancas ellos tuvieron la oportunidad de sepultar a sus víctimas, y en el caso de ella y otras personas no saben dónde están desde hace 30 años. En su intervención el director de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento de Acapulco, José Sánchez, preguntó cuáles fueron las motivaciones políticas, históricas,