Humberto Salgado, el funcionario que habría dado la orden de reprimir a los estudiantes

Desde Acapulco y vía telefónica, el secretario de Gobierno dirigió la intervención de las policías en el desalojo de los normalistas, dicen fuentes de la propia administración aguirrista. Pidió personalmente al procurador López Rosas enviar “refuerzos” al bloqueo de la autopista

Ricardo Castillo Díaz

A tres días de la represión policiaca de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que dejó muertos a dos jóvenes manifestantes, el gobierno del estado evade la responsabilidad de admitir quién dio la orden de desalojarlos con violencia, aunque existe la versión que señala al secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, quien ha dicho a sus cercanos que siempre estuvo en contacto directo con el gobernador Ángel Aguirre Rivero. La responsabilidad sobre quién ordenó el desalojo es precisamente el objetivo de la investigación que atrajo la Procuraduría General de la República (PGR), informó el martes en la ciudad de México su titular, Marisela Morales, destacó ayer en su primera plana Milenio Diario, de circulación nacional. A la pregunta sobre si se investigaba la responsabilidad del gobernador, del ahora ex procurador Alberto López Rosas y del ahora ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, la procuradora Morales dijo que ellos “todavía no están contemplados como línea”, pero cuando le preguntaron si se buscaba identificar a quién pidió el desalojo, respondió que “ese es motivo de la investigación, precisamente”. De acuerdo con fuentes gubernamentales, López Rosas habría recibido la petición directa del secretario Salgado Gómez, de enviar “refuerzos” al lugar de la protesta de los normalistas de Ayotzinapa, que bloqueaban la salida de Chilpancingo rumbo a Acapulco. Salgado Gómez, quien según la misma versión al momento del desalojo se encontraba en Acapulco, a distancia “coordinó” vía teléfono celular la violenta operación contra los estudiantes, quienes con anticipación ya habían anunciado la protesta del lunes, ante las varias cancelaciones de audiencia con el gobernador. El secretario de Gobierno –quien ha dicho a sus cercanos que siempre estuvo en comunicación directa con el gobernador– habría pedido a López Rosas intervenir con agentes de la Policía Ministerial, cuando los policías estatales que participaban en la represión transmitieron el falso reporte al secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, de que los estudiantes pretendían “atacar” una gasolinería. Al respecto, el argumento del supuesto ataque contra la gasolinería ha sido desmentido con fotografías y videos que demuestran que los jóvenes no tuvieron como objetivo incendiar el lugar o hacerlo estallar, sino que allí fueron arrinconados por los policías federales y estatales que los desalojaron, y que en la persecución, quemaron una bomba despachadora. Al interior del gobierno del estado, los señalamientos contra Salgado Gómez comenzaron a surgir ayer mismo a raíz de que el gobernador decidió destituir al procurador López Rosas y al secretario Almonte Borja –ambos de extracción perredista–, pero no a su cercano colaborador Salgado Gómez, quien ha acompañado a Aguirre en su carrera política, que ocupó el mismo cargo cuando éste fue gobernador interino tras la masacre de Aguas Blancas, y que lo siguió en su salida del PRI para ser candidato a gobernador por el PRD a fines de 2010. Tras el violento desalojo y la destitución de López Rosas, a Salgado Gómez se le acusa de haber coordinado la represión contra maestros que bloquearon la avenida Costera de Acapulco, en octubre pasado, en demanda de seguridad ante las denuncias de secuestros y extorsiones de presuntos narcotraficantes, principalmente en la zona suburbana del puerto. También se dice que alentó la idea de desalojar a taxistas que el mes pasado bloquearon la misma principal avenida de Acapulco, en protesta por las acciones de la Policía Federal, a la que acusaron de abusos y prepotencia en las operaciones contra el crimen organizado. Además de la versión que apunta a Salgado Gómez, sigue sin aclararse la participación del gobernador Aguirre en la instrucción de reprimir a los jóvenes, que ya habían llevado por anticipado los policías estatales desde que acudieron al bloqueo. Así lo declaró a reporteros el ahora ex subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, Ramón Arriola Ibarra, quien declaró ufano al término de la violenta acción policiaca: “El gobernador me ordenó limpiar, y la carretera está limpia”. Aguirre había pactado una “separación” temporal de López Rosas y Almonte La falta de una explicación sobre quién ordenó reprimir a los normalistas de Ayotzinapa ha sido parte de una larga cadena de errores que siguió cometiendo el gobierno del estado tras el asesinato de los dos jóvenes. Error tras error que comenzó con la difusión de un frío boletín de prensa que ni siquiera mencionó a los muertos, y por lo mismo tampoco condenó el doble asesinato a manos muy probablemente de policías ministeriales. Luego siguió la afirmación de López Rosas de que los ministeriales “fueron desarmados”, contra todas las evidencias fotográficas y en video, en particular uno que difundió el mismo día el periódico Reforma en su sitio de Internet. Posteriormente cuando se acusó a uno de los manifestantes de portar un rifle de asalto AK 47, del que primero López Rosas afirmó que no había “elementos para considerar que sea estudiante de la Normal”, pero este martes que fue liberado sin ninguna explicación se confirmó que sí es normalista y tiene apenas 19 años de edad. Le siguió el intento del gobierno del estado por culpar a los agentes de la Policía Federal de haber sido quienes atacaron a los jóvenes, con la difusión de un video editado que no mostró el momento de la llegada de los ministeriales ni de sus disparos. En ese intento de culpar a los agentes federales también fracasó el gobierno del estado, al obtener una respuesta inmediata de la Secretaría de Seguridad Pública federal, que difundió una infografía con tomas satelitales y fotografías de los ministeriales al disparar. Y el último tropiezo fue del propio gobernador, quien ya había cometido el error de no salir él mismo a fijar una postura desde el lunes en que ocurrió el desalojo. Lo hizo hasta poco más de 26 horas después, pero en entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, en su noticiario de Radio Fórmula. La entrevista fue vía telefónica, a pesar de que López Dóriga transmitió su programa desde Acapulco, en la estación local de dicha cadena nacional ubicada en la avenida Escénica. En esa entrevista, Aguirre informó de su decisión de “separar de sus cargos” a López Rosas, Almonte y Arriola. El mismo eufemismo de la “separación” de los funcionarios fue utilizado en el boletín de prensa del gobierno del estado que oficializó el anuncio del gobernador. Sin embargo, fuentes aseguraron que Aguirre Rivero lo que pactó con el ahora ex procurador y el ahora ex secretario de Seguridad Pública, fue separarlos del cargo de manera temporal, mientras se investigaban los hechos represivos que dieron muerte a los dos jóvenes estudiantes. El acuerdo entre Aguirre, López Rosas y Almonte se habría realizado la noche del lunes, ya casi madrugada del martes, para que la salida de ambos no fuera propiamente una destitución, sino solamente una “separación” temporal con la idea de que volvieran al cargo. Se sabe que incluso López Rosas y Almonte le ofrecieron sus renuncias al gobernador, pero éste insistió en que sólo se separaran temporalmente de sus cargos, para bajar la tensión política y social, y desinflar la presión de la opinión pública. Casi simultáneamante a la entrevista de López Dóriga con Aguirre cerca de las 3 de la tarde del martes, López Rosas declaraba a Denisse Merker en su noticiero que había propuesto al gobernador separarse del cargo mientras se hacían las investigaciones, lo que confirmaría que efectivamente tal era el acuerdo con Aguirre. Tras la entrevista, el propio López Dóriga manejó el anuncio como destitución, pues así se entendió al no haber una precisión. De ahí se desató una oleada informativa en la que todos los medios comenzaron a manejar un cese fulminante de los funcionarios, y no la pactada separación temporal. Para la mañana de este miércoles, en el gobierno del estado se habría valorado la posibilidad de aclarar que se trataba de una mala interpretación, aunque en realidad se trató de una imprecisión del gobernador. Sin embargo, de nuevo ya era demasiado tarde, porque en el círculo cercano a Aguirre se valoró que sería más costoso salir a decir que no habían sido destituidos. El principal factor para esta valoración habría sido el impacto de la represión en la prensa, la radio y la televisión nacional. Los principales periódicos de circulación nacional, por ejemplo, llevaron el tema como nota principal y destacaron el fallido intento del gobierno del estado por responsabilizar a la Policía Federal. “Litigan muertos PF y Guerrero”, cabeceó Reforma, con el subtítulo “Difunden por separado imágenes y videos donde se inculpan”. “Se confrontan PF y policía de Guerrero”, informó El Universal, con el subtítulo “Estatales mataron a estudiantes: federales; éstos iniciaron la pelea: gobierno local”. “Guerrero usa videos para culpar a la PF”, dijo Milenio Diario, con el subtítulo “Agentes ministeriales mataron a los jóvenes: la Federal”. “Ministeriales de Guerrero, los que dispararon: SSP”, tituló La Jornada. “Chocan por los muertos”, fue el encabezado de Excélsior, con el subtítulo “Homicidio de normalistas en Guerrero”. Asimismo, las principales columnas políticas abordaron el tema: “Insidiosa ‘defensa’ del gobernador”, se tituló El asalto a la razón, de Carlos Marín; “¿Por qué, gobernador Aguirre?”, preguntó La historia en breve, de Ciro Gómez Leyva; “El recuerdo de Aguas Blancas”, en En privado, de Joaquín López-Dóriga; “De aguas Blancas a Chilpancingo: nada cambia”, en Razones, de Jorge Fernández Meléndez; “Ángel, Aguirre… y demonio”, en Ventana, de José Cárdenas; “Guerrero: ¿Aguas Blancas II?”, en Detrás de la Noticia, de Ricardo Rocha; “Angel y los estudiantes de Ayotzinapa”, en Campos Elíseos, de Katia D’Artigues; “Guerrero: salvar al jefe”, en Astillero, de Julio Hernández López; y “Morir en Chilpo”, en Jaque Mate, de Sergio Sarmiento; además de las columnas Templo Mayor, de Reforma; Trascendió, de Milenio; Frentes Políticos, de Excélsior; y los editoriales de El Universal y La Jornada.