Marcial Rodríguez Saldaña

Ayotzinapa: cuarto informe de expertos de la CIDH

El tema de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa, como ha sido desde un principio, ha dejado de tener importancia para Enrique Peña Nieto, sin embargo, para las instituciones protectoras de derechos humanos de rango internacional se mantiene como un asunto del máximo interés, como ocurre con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mediante el grupo interdisciplinario de expertos independientes (GIEI).
1. El GIEI de la CIDH acaba de rendir su cuarto informe de actividades relativas a su trabajo de darle seguimiento puntual al caso de los 43 normalistas desaparecidos y a todos los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014. Un aspecto que consideran importante de esclarecer es que esa tarde los estudiantes no tuvieron la intención de dirigirse al centro de la ciudad de Iguala, como se especuló que su plan era obstaculizar el informe de labores de la esposa del presidente municipal José Luis Abarca, esto con el objetivo de aclarar que no había de su parte la intencionalidad de realizar actos contra ninguna autoridad.
2. A pesar de que Peña Nieto a través de la Procuraduría General de la República (PGR), bajo el mando de Jesús Murillo Karam, habían decidido dar por cerrada la investigación el 26 de enero de 2015, el grupo de expertos de la CIDH ha sostenido que dicha investigación debe mantenerse abierta, por ello es que, este grupo de trabajo ha contribuido para que la Policía Federal haya recabado testimonios de los familiares de las víctimas para establecer nuevos planes de búsqueda y respondan a las preguntas que ellos formulen sobre estos planes que tienen vigente el propósito de conocer la verdad sobre el destino de los 43 normalistas desaparecidos.
3. En cuanto a la investigación, el grupo de la CIDH ha solicitado que se acumulen los expedientes, ya que existen seis causas penales abiertas y 15 procesos en distintos estados (Morelos, Tamaulipas y Guerrero) lo cual propicia que haya una dispersión de los hechos e impide que exista una visión integral del caso para que pueda ser juzgado conforme a los estándares internacionales, relativa a la tipificación de los delitos cometidos que, como se ha dicho, el gobierno mexicano los ha considerado como homicidios y secuestros, mientras que los expertos internacionales han reiterado que debe tipificarse como delito de desaparición forzada.
4. El asunto más importante en el que ha insistido el grupo interdisciplinario de la CIDH consiste en la solicitud para que puedan entrevistar directamente a los miembros del 27 Batallón de Infantería que esos días que ocurrieron los hechos –26 y 27 de septiembre del 2014– se encontraban en servicio activo en Iguala, a muy pocos metros del lugar de las desapariciones, quienes ya declararon ante el Ministerio Público federal, pero el gobierno de Peña Nieto, hasta ahora, se ha negado a que los militares sean entrevistados por el grupo de expertos, con lo cual está obstruyendo la investigación debido a que los testimonios de estos miembros del Ejército son esenciales para el esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades.
5. No se explica cuál es la razón porqué Peña Nieto se niega a que declaren los miliares ante el grupo de la CIDH, si ya la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el mismo Código de Justicia Militar, con la reforma aprobada en abril de 2014 que establece que los militares que cometan delitos en contra de civiles que no pertenezcan al Ejército deban ser juzgados por los tribunales del fuero común y no como se hacía anteriormente, que eran juzgados por sus propios tribunales del fuero militar.
6. En cuanto a las políticas públicas generales sobre desaparición forzada, si bien es cierto que ya se aprobó la reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a legislar sobre esta materia, aún no se ha presentado la propuesta de iniciativa de ley en la materia, por lo que el grupo de expertos señala que evaluará el contenido de las iniciativas y la ley respectiva. El periodo de trabajo del grupo de expertos interdisciplinario independiente de la CIDH concluirá el próximo mes de agosto; esperamos que se prorrogue su trabajo, ya que constituye una garantía para conocer la verdad sobre los 43 normalistas sujetos a desaparición forzada, y en caso de no ser así, el caso deberá irse a las instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tendrá que emitir una sentencia seguramente condenatoria a Peña Nieto y al Estado mexicano.

[email protected]
Twitter: @marcialRS60