Jorge G. Castañeda

El escrutinio externo de derechos humanos, un poco de historia

Hasta el año 2000, con excepciones esporádicas, los sucesivos gobiernos de México rechazaban, o sólo aceptaban a regañadientes, el escrutinio externo en materia de derechos humanos. Ernesto Zedillo tuvo un desafortunado encuentro con ONG del ramo en París, que le costó su empleo al entonces embajador Jorge Carpizo; Carlos Salinas movilizaba a sus amigos en Estados Unidos para neutralizar las denuncias a su gobierno por violaciones a los derechos humanos, y se negó a incluir cualquier cláusula democrática o de derechos humanos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a diferencia de Zedillo, que sí la aceptó en el Acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.
Todo eso cambió con Fox, que siguió la política contraria: invitar y suscitar el mayor escrutinio externo posible en esta materia, tanto de ONG como de organismos multilaterales, incluyendo los comités de expertos de la ONU en Ginebra y de la OEA en Washington. Calderón dio marcha atrás la mitad del camino, volviendo en parte a la vieja tesis priista de la ropa sucia o que esos asuntos sólo incumben a los mexicanos; Peña Nieto ha permanecido en ese medio camino, primero con cierto éxito, ahora con incomodidad.
Sergio Aguayo ha reseñado los distintos tropiezos auto-infligidos por el gobierno en sus reacciones ante pronunciamientos críticos del Examen Periódico Universal del Consejo de derechos humanos y de los comités de Ginebra sobre Tortura, Desapariciones Forzadas, del Departamento de Estado, de los antropólogos forenses argentinos, y ahora del grupo de expertos nombrado por la CIDH para investigar las desapariciones de Ayotzinapa. En todos estos casos, se le ha hecho bolas el engrudo al gobierno; el último puede ser el más complicado.
Los expertos han pedido conversar con los militares del 27 Batallón en Iguala desde su primer viaje a México. Sus interlocutores oficiales les han dado largas, sin negarse, pero el paso del tiempo ha agudizado las tensiones. Pueden pronto estallar.
Todo indica que, detrás de los clásicos legalismos o leguleyismos del gobierno ante la solicitud, yace una renuencia –o cerrazón– de la Sedena para permitir dicho encuentro. Sin cuestionar ni conocer los posibles motivos del Ejército, es evidente que el régimen se paralizó frente a una división de intereses burocráticos. Los expertos fueron invitados por el presidente Enrique Peña Nieto; México sufraga sus gastos (un millón de dólares), y trató de que los dirigiera una figura mexicana confiable (Sergio García Ramírez o Diego Valadés); Segob y SRE saben muy bien que sin encuentro con los acuartelados del 26 de septiembre, el informe de los expertos no sólo no cumplirá su propósito –brindar credibilidad a la “verdad histórica– sino que resultará contraproducente.
Igual las Fuerzas Armadas no parecen dar su brazo a torcer. Los Pinos está donde debe estar –en medio–, pero se está tardando en arbitrar. Quizás les sirva un poquito de historia y de contexto.