Recomendación de la CNDH a Michoacán por el asesinato de cinco jornaleros guerrerenses

Adán García / Agencia Reforma

Michoacán

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno de Michoacán por presuntas deficiencias en la investigación del asesinato de cinco jornaleros, cuyos cuerpos fueron hallados en una carretera el 29 de octubre de 2013.
“Se concluye que no se ha llevado a cabo una adecuada y eficiente actuación ministerial que permita conocer la verdad histórica de los hechos, a pesar del tiempo transcurrido, y ha propiciado hasta hoy la impunidad de los responsables”, refiere la recomendación 16/2015, que ya fue aceptada por las autoridades michoacanas.
Los cuerpos fueron localizados en el interior de una camioneta, a un costado de la carretera La Piedad-Guadalajara, en el municipio de Yurécuaro.
Las víctimas habían llegado procedentes del estado de Guerrero para emplearse como jornaleros en los campos agrícolas de Yurécuaro.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de octubre tres de ellos salieron del lugar donde pernoctaban para ir en busca de leña para hacer una fogata.
Al ver que no regresaban, otros dos compañeros fueron en su búsqueda pero tampoco volvieron.
Al día siguiente los cinco trabajadores fueron localizados ya sin vida y con diversos impactos de bala en el cuerpo.
“De las constancias con que cuenta esta Comisión Nacional se desprende que los familiares, en sus entrevistas ante la Policía Ministerial del Estado, fueron coincidentes en manifestar que desde la tarde del día 28 de octubre del 2013 acudieron al Ministerio Público de Tanhuato para reportar la desaparición de sus familiares, a lo que la autoridad les indicó que regresaran la tarde del día siguiente.
“De lo expuesto, se advierte que, las circunstancias particulares del caso exigían una actuación más diligente por parte del representante social”, se indica en la recomendación de la CNDH.
Para el organismo nacional, hubo dilación en la integración de la averiguación previa penal para la localización, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables.
“En consecuencia, la ausencia de efectividad en la investigación, coloca a los ofendidos del delito, en una doble situación de victimización porque, además de sufrir las consecuencias de la conducta criminal, padecen el descuido de la autoridad ministerial para resolver la indagatoria”, acusó.