Denuncian defraudados por financieras que a 18 meses de diálogo con el gobierno no los indemnizan

*Un representante menciona probables actos de corrupción y negligencia de funcionarios del gobierno de Ortega y dice que ocultan información sobre los indemnizados escogidos por Ríos Piter

Carlos Navarrete Romero

Chilpancingo

El representante de los defraudados de Tlapa del Comité Directivo Estatal de la La Alianza en Defensa de Afectados por Financieras en Guerrero (Adafig), Raúl Velázquez Ángel, dijo que a año y medio de que comenzaron los diálogos con el gobierno del estado para conseguir una indemnización no hay avances en el procedimiento, y denunció probables actos de corrupción de la actual administración que encabeza Rogelio Ortega Martínez.
Ayer en conferencia de prensa, informó que ante los nulos resultados de las autoridades a su exigencia de indemnización para las 15 mil familias defraudadas en la entidad, diseñaron ya un plan de acción para presionar al gobierno.
“Como lo denunciamos recientemente, señalamos que, de manera cínica e irresponsable, los titulares de la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Finanzas y Administración y la Contraloría General del estado, del equipo de Rogelio Ortega, han incurrido en probables actos de corrupción y negligencia en contra de 15 mil familias de diversas regiones del estado”.
Explicó que el gobierno actual ha ocultado información del “pequeño grupo” de defraudados de la Montaña que recibieron una indemnización y que fueron seleccionados por el senador Armando Ríos Piter para obtener ese beneficio.
“Han manipulado cifras para evitar cumplir con las minutas de trabajo y de acuerdos que se lograron con anteriores administraciones, operando desde la Secretaría de Finanzas un bloqueo constante para que no se resuelva la situación de las familias afectadas por las empresas defraudadoras, las cuales ahora se ven beneficiadas por el inútil equipo del gobierno estatal”.
Raúl Aguilar Ortega, representante de los defraudados en los municipios de Tlacoapa, Zapotitlán Tablas, Atlixtac y Acatepec indicó que van a exigir al gobierno federal una investigación amplia de cómo se efectuaron los pagos a algunas familias de la Montaña, no especificaron cuantas, a las que se les pagó una indemnización que no correspondía a la totalidad de los ahorros que les fueron robados por las financieras.
“No se cumplieron las reglas que impone la Cámara de Dipu-tados para rescatar a defraudados, no realizaron una auditoría externa que valide los montos a devolver, no firmaron convenio alguno con el Fideicomiso Pago, único organismo autorizado por la ley de apoyo a ahorradores y autorizado para realizar pagos directos a los defraudados”.
Recordó que se ejercieron 75 millones de pesos para ese “pequeño grupo de familias”, sin embargo los pagos se realizaron “de manera clandestina e irregular, disponiendo de dichos recursos para pagar comisiones, porcentajes y altos honorarios injustificados, sólo con la intención de apropiarse de dichos recursos federales antes de la llegada del nuevo equipo de gobierno”.
Flavia Concepción Meza, representante de Ayutla reprochó que la Fiscalía General del Estado (FGE) no haya detenido aún a ninguno de los responsables de los fraudes, además de que no ha integrado con rapidez los expedientes.
Denunció que en los municipios de Ayutla, Tlapa y Malinaltepec, la FGE argumenta que no puede ratificar sus denuncias porque no cuentan con computadoras, impresoras, ni papel, por lo que han solicitado a los defraudados que ellos compren el equipo y el material para darle trámite a sus denuncias.
“Es un abuso que el titular de la Fiscalía (Miguel Ángel Godínez Muñoz) no dote de lo necesario a sus Ministerios Públicos, no les paga viáticos, no cubre con agentes del MP suficientes a las necesidades de la gente”.
Ante esta situación, advirtieron que si para el 21 de julio no hay solución a su exigencia de indemnización a la totalidad de familias defraudadas, bloquearan las carreteras en las siete regiones del estado y paralizarán Chilpancingo, y no desistirán de esas acciones hasta que las autoridades resuelvan su situación.
Recordaron también que el próximo 9 de julio visitarán la Cámara de Diputados, y se reunirán con el legislador Fernando Belauzarán; y el 15 con el subsecretario de gobernación Luis Enrique Miranda Nava.