Seguirá el paro a pesar de las amenazas del gobierno, responden trabajadores de los penales

*En Acapulco y  Chilapa les han notificado que las autoridades han levantado actas administrativas, denuncia líder sindical. Las del puerto son 80 por abandono de trabajo, informan. Suman siete las cárceles en donde se demandan mejoras laborales

Luis Blancas, Jacob Morales, Alejandro Guerrero, Brenda Escobar, Beatriz García y Francisco Magaña

Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Zihuatanejo, Chilapa y Tecpan

En su cuarto día de paro laboral, empleados administrativos, médicos, enfermeras y trabajadores sociales de los reclusorios de Chilpancingo, Iguala, Acapulco, Chilapa, Zihuatanejo, Tecpan y La Unión coincidieron en que a pesar de la amenaza de ayer del gobierno estatal, de que les aplicarán la ley, permanecerán en su movilización.
En Acapulco, los trabajadores de la cárcel de Las Cruces bloquearon de manera intermitente la Costera.
En conferencia de prensa el secretario general de la sección 7, Juan Manuel Hernández Olivares denunció que en Acapulco y Chilapa les han notificado que las autoridades han levantado actas administrativas en contra de los trabajadores en paro.
“Nos informaron que el secretario adjunto del sindicato, Asael Said Carpio Salazar informó que han levantado actas administrativas en el penal de Chilapa y en el del puerto de Acapulco”, declaró.
Dijo que insistirán al secretario de Seguridad Pública, el general brigadier Pedro Almazán Cervantes, que atienda sus peticiones.
Desde el lunes iniciaron las movilizaciones en el estado para exigir al secretario de Seguridad Pública, el general brigadier Pedro Almazán Cervantes, un bono de riesgo de 3 mil pesos, incremento en el seguro de vida, aumento salarial, programas para viviendas y plazas de base en este año.
Comentó que no han sido atendidos por el militar que está al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, “no ha querido voltear a ver a sus trabajadores, son personas que se niegan a trabajar, él no tiene la intención de atendernos ni cuando menos de escucharnos, es una lástima que el gobernador Rogelio Ortega Martínez hable de que es un gestor social y luchador social, pero vemos que no funciona su parte administrativa”.
Los trabajadores en paro de la cárcel de Las Cruces bloquearon de manera intermitente la avenida Costera la tarde de ayer, en demanda de las mejoras laborales.
En la mañana el Sindicato Independiente de Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado (SISPPJE) respaldó el plantón en el penal.
Denunciaron que tienen conocimiento de 80 actas administrativas de abandono de trabajo para igual número de trabajadores, que si no regresan a laborar serán liberadas, como amenazó el miércoles el subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, Victoriano Sánchez.
Unos 40 trabajadores y familiares bloquearon de manera intermitente la costera en el asta Bandera, frente al parque Papagayo, para exigir al gobierno del estado solución a sus demandas.
A la 1:30 de la tarde comenzaron los bloqueos intermitentes de 10 minutos, y de media hora de paso en cada carril. Los inconformes se retiraron a las 3 de la tarde ante la advertencia de automovilistas de aventarles los carros si no dejaban pasar.
“Porque nuestra vida es tan importante como la tuya. Pedimos bono de riesgo de trabajo”, “Ceresos unidos jamás serán vencidos”, “¡Gobierno del Estado ponga mucha atención…trabajamos al 100% pedimos lo justo, pedimos solución”, se leía en las pancartas que portaban.
Uno de los representantes quien no quiso dar su nombre expuso que su lucha es justa, porque tratan con internos de alta peligrosidad dentro de las cárceles.
Recordó que en el penal de Las Cruces hay 150 elementos de seguridad para 2 mil 500 reos.
Abundó que de los 15 penales en el estado, 12 se han unido al paro hasta que las demandas sean atendidas. Indicó que seguirán con las manifestaciones pacíficas, y sin afectar a terceros y reiteró el llamado al gobernador Rogelio Ortega para que les dé una solución.

Temen en Tuxpan un desalojo violento tras la amenaza del gobierno

Los trabajadores en paro del reclusorio de Tuxpan, en Iguala, responsabilizaron al gobierno del estado de lo que les pueda suceder a ellos y a sus familias tras la amenaza de la “aplicación de la ley” y ante la posibilidad de un desalojo con el uso de la fuerza pública.
En su cuarto día de paro en exigencia de mejores condiciones laborales, los trabajadores administrativos y el médico del penal, Alexis Pérez Jaimes, se deslindaron de las excarcelaciones médicas de los internos enfermos de VIH, Tuberculosis y otras enfermedades degenerativas como la diabetes.
El doctor informó que seis internos tienen VIH, dos tuberculosis y varios tienen enfermedades degenerativas como diabetes, a los cuales se debe de estar medicando, o tienen que acudir al hospital general para recibir atención médica. Sólo a los que tienen VIH se les suspendieron sus salidas el miércoles y jueves, que tenían cita.
Dijo que los policías del estado de guardia y custodia les impiden el acceso al penal, por lo que responsabilizaron también al gobierno del estado de las condiciones de salud de los reclusos enfermos.
Pérez Jiménez dijo que la amenaza de la Secretaría de Gobierno, de que se les aplicará la ley les preocupa y genera un temor latente de que podrían ser desalojados violentamente por la fuerza pública.
“Nosotros responsabilizamos directamente al gobierno del estado, a partir de hoy, de nuestra seguridad personal y la de nuestras familias. Hay un temor latente de un desalojo violento ante la cerrazón del gobierno al amenazas de que se va a aplicar la ley”, expuso.
Lamentó que el gobierno en lugar de hacer propuestas a los trabajadores, se lance en contra de ellos con amenazas, y estimó en un millón de pesos quincenales el monto para atender las peticiones de los paristas, “es lo que se gasta el gobernador en un viaje a Michoacán y a cualquier otro estado, o lo que se gastan los funcionarios en dos meses en comidas o fiestas”.
Informó que a través del director de Medidas Cautelares en el estado, al que identificó como Gonzalo, y el director de Ejecución y Sanciones de Iguala, se ha amenazado a los trabajadores con el levantamiento de actas administrativas, y de aplicar descuentos salariales a partir de la próxima quincena.
El levantamiento de actas administrativas principalmente fue dirigido “a la compañera de Medidas Cautelares, Susan Montes Blanco, por haber ido en representación del penal de Iguala a la reunión de Chilpancingo del miércoles”.
Ayer, a cuatro días del paro, se vio en el área del estacionamiento del penal a unos 30 policías estatales con equipo antimotines, quienes han permanecido en ese lugar permanentemente.

Están cansados, pero seguirán en el movimiento, dicen en el reclusorio de Zihuatanejo

Los trabajadores administrativos del reclusorio de Zihuatanejo dijeron que físicamente se encuentran cansados, pero que mientras sus compañeros de los penales de Acapulco, Chilpancingo e Iguala sigan con este movimiento, “nosotros los vamos a seguir apoyando”.
La vocera de los ocho trabajadores paristas de Zihuatanejo y de los tres trabajadores administrativos del penal de La Unión, Concepción Liborio lamentó que de la reunión que sus compañeros sostuvieron el miércoles con funcionarios del gobierno del estado no haya habido resultados favorables, “el gobierno siempre va a decir que no hay dinero, sin embargo eso no nos desanima a seguir luchando, vamos a seguir, porque tenemos la fe de que al final nos van a escuchar”.
Dijo que hasta el mediodía no sabían si había iniciado algún procedimiento administrativo, “lo desconocemos, sabemos de manera extraoficial que hay la versión de que el secretario de Seguridad Pública habría dicho eso, que se nos aplicara la normatividad, pero hasta ahora no sabemos si realmente sea cierto o no”.
“Queremos decirle al gobernador y al secretario de Seguridad Pública que la base trabajadora tiene necesidades y que el sueldo no es justo, para que la base trabajadora esté haciendo sus labores con gusto, de manera diligente, es necesario tener un estímulo, y qué más estímulo se puede tener que tener un sueldo decoroso, prestaciones que permitan que uno salga adelante en su economía familiar con que él diga que se aplique la normatividad no se arregla nada, al contrario, se hace más tensa la situación porque no estamos solos, estamos con el sindicato y entonces para que se puedan dar los derechos laborales, siempre se tendrá que pelear”.
En Chilapa, la responsable del departamento de tratamiento técnico penitenciario y médico adscrito en el penal de la ciudad, Rosa Elena Osorio Silva, expuso que siguen sin tener una respuesta a su demanda y se mantendrán en paro indefinido.
Los trabajadores de la cárcel de Tecpan también cumplieron cuatro días de paro, y se mantienen afuera de las oficinas del penal.
El vocero de los manifestantes, Guadalupe Benítez Galeana dijo que son agremiados al SUSPEG, y tienen el respaldo de los sindicatos del DIF y del Colegio de Bachilleres.
Sostuvieron que tiene informes de que el bono de riesgo se les da a otras personas en donde no se corre ningún peligro, en comparación a los que trabajan en las cárceles.
Dijo que hay casos de compañeros de otros penales que han sido asesinados o levantados, luego de conatos de violencia dentro de las cárceles.
Dijo que temen que haya represalias de las autoridades estatales, pero como siguen las mesas de diálogo en Chilpancingo, confían que este fin de semana se resuelvan sus demandas.