Insuficiente, la ley de amnistía enviada por el gobernador, se quejan organizaciones sociales

*Envían al Congreso un oficio en el que denuncian que “no cubre las expectativas de legalidad y justicia”

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Al Congreso local llegó un escrito de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y “otras” organizaciones sociales, así como de familiares de presos políticos, en el que manifiestan que la ley de amnistía enviada por el gobernador Rogelio Ortega Martínez “no cubre las expectativas de legalidad y justicia que se reclaman para sus compañeros”.
Por separado llegó una solicitud de la CRAC en la que pide a las autoridades estatales y nacionales la liberación de sus compañeros detenidos, entre ellos los dirigentes Gonzalo Molina González, Nestora Salgado y Arturo Campos.
De ambos documentos sólo se notificó al pleno de su llegada, pero no se leyó el contenido total de los escritos.
También en la sesión de ayer, el diputado del PAN Marcos Efrén Parra Gómez presentó un punto de acuerdo parlamentario como asunto de urgente y obvia resolución por la que el Congreso exhortó a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, para que de acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, se logre establecer un nuevo convenio con los concesionarios del transporte terrestre consistente en el descuento del 50 por ciento de descuento hasta para cuatro personas adultas mayores por autobús.
También exhortó a la Cámara de Diputados para que “a la brevedad posible” haga las reformas correspondientes a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con la intención de que quede establecido el descuento del 50 por ciento a las personas adultas mayores que hagan uso del transporte terrestre en todo el país, de la misma manera hasta por cuatro personas adultas mayores por autobús.
Asimismo, el pleno del Congreso local aprobó el decreto de reforma del Código Civil del estado y el Código Procesal Civil del estado para agilizar el trámite de corrección cuando haya un error en alguna acta, sin la necesidad de ir a juicio.
La Comisión de Justicia consideró en su argumentación que se beneficiaría sobre todo a las personas mayores de edad, que tienen problemas en sus documentos de identidad oficial, siempre y cuando acrediten su interés jurídico y demuestren mediante la aportación de documentales, sobre todo cuando la responsabilidad es de la autoridad administrativa.
En la reforma se establece que se confiere competencia para conocer de las rectificaciones y aclaraciones de actas de nacimiento, de manera simultánea, a las autoridades administrativas  como la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil y Oficinas del Registro Civil.
Para que los procedimientos de rectificación de acta de nacimiento sean más ágiles, económicos y se tramiten en el lugar más cercano a los interesados.
En el Código Procesal Civil del estado se reformaron los artículos 559, 560, 561 y 562, en los que se establece el procedimiento a seguir para la rectificación del acta de nacimiento que será competencia de la autoridad judicial.
En dos sesiones consecutivas también se aprobaron las solicitudes de reincorporación a sus cargos de los alcaldes de Alpoyeca, Marco Antonio García Morales; de Copala, Adolfo Castro Mayo, y de Olinalá, Armando Patrón Jiménez; también de los regidores de Igualapa, Ildefonso Martínez García; de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Yolanda Vázquez Bautista, así como del síndico de Olinalá, Luis Alberto Jiménez Patrón.
En la sesión también se tomó protesta al cuarto integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Víctor Manuel Castrejón.