Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

¿Qué es lo que el Ejército no quiere responder?

Tres meses ha demorado hasta ahora el gobierno federal su respuesta a la solicitud del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de interrogar a los militares del 27 Batallón de Infantería que estuvieron de servicio el 26 y la madrugada del 27 de septiembre del año pasado en Iguala. A la luz de tan largo e injustificable retraso, es verdaderamente improbable que –cuando llegue– la respuesta sea positiva, lo que dejaría inconcluso el trabajo de la misión de la CIDH y profundizaría el empantanamiento en el que se encuentra el caso Ayotzinapa.
Fue notorio desde el principio que el alto mando del Ejército no quiere que la investigación del ataque y desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa alcance a los militares, mientras que el alto mando de las corporaciones federales de seguridad –es decir, el gobierno federal– no quieren que la Policía Federal sea investigada.
En la versión presentada por la Procuraduría General de la República, impuesta por el ex procurador Jesús Murillo Karam como la “verdad histórica” de aquella noche, el Ejército y la Policía Federal son exonerados de cualquier responsabilidad sin siquiera haber sido investigado el papel que desempeñaron en los hechos. Sin embargo, si el Ejército y la Policía Federal no son parte de la investigación, dudosamente podría considerarse imparcial, serio y aceptable el trabajo de la PGR. Con mayor razón si al paso de los días aparecen datos y testimonios que sitúan al menos al Ejército como parte de los acontecimientos.
La presunción de que los militares podrían no ser ajenos a la agresión contra los estudiantes, y por o tanto deben ser investigados, no proviene de una simple sospecha, sino de información de carácter oficial dada a conocer por la prensa. El diario Milenio publicó en febrero un reportaje en el que afirma lo siguiente: “Los documentos confirman que los militares estaban al tanto de todo lo que acontecía en Iguala aquella noche, pero que no intervinieron mientras ocurrían las agresiones contra quienes resultaron muertos, heridos o levantados por policías de Iguala, Cocula y miembros de la banda Guerreros Unidos”. Los documentos a que hizo referencia el periódico son partes militares y mensajes que el comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala envió a la comandancia de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, desde temprana hora de la noche del 26 de septiembre y a lo largo de las varias horas que duró la jornada sangrienta. (“Partes militares, novedades, mensajes urgentes y bitácoras”, Milenio, 25 de febrero de 2015)
La información que poco a poco trasciende desde los expedientes del caso Ayotzinapa sugiere que aun cuando los militares no hayan tenido una participación activa en el ataque contra los normalistas junto a los policías municipales de Iguala y Cocula y los sicarios del grupo Guerreros Unidos, como ha llegado a pensarse, sí tuvieron claramente en sus manos la posibilidad de impedir el crimen más repugnante registrado en la historia del país, y sin embargo no hicieron nada para impedirlo. Eso incrimina al 27 Batallón de Infantería.
Es inevitable atribuir la posición renuente del Ejército a las complicaciones que le trajo el caso Tlatlaya, que acaba de cumplir un año. La posibilidad de que las fuerzas armadas resulten acusadas en el caso Ayotzinapa como lo están de la matanza de Tlatlaya, aumenta por la intervención del grupo de la CIDH, que está en México por una solicitud de los padres de los normalistas victimados y aceptado a regañadientes por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hasta ahora, los expertos interamericanos no sólo no han avalado la “verdad histórica” de Murillo Karam, sino que la han destruido al plantear la necesidad de que la PGR realice una nueva investigación con líneas que han sido desestimadas. En esas circunstancias, pareciera que el rechazo a que los enviados se reúnan con los militares de Iguala es un boicot al informe final de la CIDH, con el objetivo de impedir conclusiones incriminatorias.
De resultar con responsabilidad en el caso Ayotzinapa como parece sugerir su temor a la investigación y hasta a simplemente permitir que sus efectivos sean interrogados, las implicaciones para el Ejército ciertamente serían graves y dejarían en anécdota lo de Tlatlaya. Porque si es la participación del Ejército la que falta establecer en el rompecabezas de Iguala, y ésta modifica drásticamente la versión oficial, la cerrazón gubernamental y la protección que el poder brinda a las fuerzas armadas para sustraerse a la investigación causarán un daño irreparable a la democracia y al orden constitucional de México. Estará ahí la confirmación de que en México nada cambia. En el mundo del siglo XXI, el Ejército no puede pretenderse intocable como sucedía en la era del antiguo régimen, cuando el brazo de la ley no lo alcanzaba sin importar la gravedad de los crímenes en que se involucraban sus miembros.
En ese contexto, el hecho de que el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, haya salido esta semana a defender al Ejército en el caso Tlatlaya encierra sin duda un mensaje indirecto sobre la posición militar en el caso Ayotzinapa. No de apertura sino de hermetismo, y aunque no haya dicho una palabra, ni se le haya preguntado, sobre los hechos de Iguala. Acerca de Tlatlaya, el general Cienfuegos expresó, entre otras cosas, que “lo único que está comprobado es que hubo una agresión de estas personas que fallecieron ahí, lamentablemente, en contra de los soldados”, y que “ha faltado un poquito de información pero, finalmente, creo que lamentablemente muchas personas y grupos que a lo mejor no ven bien a las Fuerzas Armadas ya sentenciaron a los soldados”. También declaró que “si los soldados se equivocaron, pues serán castigados. Pero si no se equivocaron, habrá que reconocer su inocencia”. (“Exige general Cienfuegos justicia en caso Tlatlaya”, El Universal, 29 de junio de 2015).
El lineamiento oficial sobre el Ejército, en el caso Tlatlaya o en el de Ayotzinapa, lo estableció el gobierno desde el principio, y lo recordó con mucha precisión el presidente Enrique Peña Nieto en febrero pasado durante la celebración de Día del Ejército, cuando dijo que “la honorabilidad de las Fuerzas Armadas está por encima de cualquier sospecha o duda, bajo la guía de sus elevados valores e ideales”. Se trata, pues, de que las fuerzas armadas no sean tocadas sin importar la gravedad de los hechos en que aparezcan involucradas. ¿Cómo resolver entonces el caso Ayotzinapa?

Preguntas

El Centro Prodh reveló ayer que en el expediente del caso Tlatlaya consta un informe militar que demuestra que los soldados recibieron la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”, como en efecto lo hicieron. ¿En Iguala sucedió lo mismo? ¿Significa eso que la agresión contra los estudiantes pudo haber sido producto de una política militar y no de hechos fortuitos o equivocaciones? Si no es así, ¿entonces por qué la resistencia tan férrea del Ejército a que se esclarezca el papel de los militares?
[email protected]