Piden ONG que se investigue a mandos del Ejército que ordenaron “abatir” a criminales

*La orden, emitida en el Campo Militar 22, instruye que “las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”, según documento mostrado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez por el caso Tlatlaya

Diana Baptista / Agencia Reforma

Ciudad de México

Organizaciones de la sociedad civil exigieron que se investigue a los superiores jerárquicos del Ejército que habrían ordenado abatir a delincuentes, y que habrían propiciado la masacre en Tlatlaya, Estado de México.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) denunció la existencia de la orden de relevo y designación de mando del Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, del 11 de junio de 2014.
La orden, emitida en el Campo Militar 22, instruye que “las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”.
La orden se encuentra incluida en el expediente de la causa penal 338/2014, radicada ante el Juzgado Sexto Militar adscrito a la Primera Región Militar, a la cual tuvo acceso parcial el Centro Prodh.
“No queda ninguna duda de que, en el contexto del caso Tlatlaya, el concepto ‘abatir’ fue empleado para significar la privación de la vida humana. En el propio expediente, el primer radiograma en que el Teniente a cargo de la base informa sobre los hechos de Tlatlaya, menciona como resultado que fueron ‘abatidos’ 21 civiles”, argumentó Santiago Aguirre, subdirector del organismo.
“La orden propicia graves violaciones a derechos humanos (…) y estimamos que debe investigarse la cadena de mando respecto de esta orden”.
Debido a que la orden refiere que las disposiciones provienen del “Alto Mando”, el Centro Prodh consideró que se debe citar ante el fuero civil a Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional.
También llamó a investigar la responsabilidad del Comandante de la Primera Región Militar, Jaime Godínez; del Comandante de la 22 Zona Militar, José Luis Sánchez; del Comandante del 102 Batallón de Infantería, Raúl Castro; del Mando de Personal de Tropa, Ezequiel Rodríguez, así como de tres tenientes, tres capitanes, dos sargentos y un subteniente.
Los activistas solicitaron a la PGR citar a comparecer en el fuero civil a los mandos militares, para que declaren sobre la procedencia de la orden y las instrucciones dadas en ella.
A la exigencia se unieron las organizaciones Amnistía Internacional, Instituto para la Seguridad y la Democracia; Artículo 19; Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
“Quiero que se haga justicia”

Clara Gómez, principal testigo sobre los hechos ocurridos en Tlatlaya, reclamó justicia para Erika Gómez, su hija de 15 años que fue ejecutada a manos de soldados.
Nerviosa y con resistencia a presentarse ante medios de comunicación, exigió que los responsables de la ejecución de su hija sean llevados ante la justicia.
“Quiero que se haga justicia porque ejecutaron a mi hija. Es lo único que pido. No tiene perdón de Dios, y quiero que se castigue a los responsables de Toluca y a los militares, y que no quede impune como siempre”, expresó en un breve mensaje.
Según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, responsable de su defensa, Gómez ha tenido que ampararse para ser considerada como víctima en el proceso judicial, y así tener acceso a los expedientes del caso.
Aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditó que Erika fue ejecutada, ella tampoco ha sido considerada como víctima en el proceso del fuero civil.
Gómez también acusó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) puso en riesgo su integridad personal, al declarar públicamente que recibirá una indemnización millonaria por los hechos.
Indicó que ella es una maestra rural, y que las declaraciones de la CEAV la hacen blanco de la delincuencia de Tierra Caliente, donde habita.
“El gobierno federal ha dicho que me ha dado millones de pesos, lo que no es cierto y me pone en riesgo de que me puedan secuestrar o me puedan hacer algo, es pura mentira porque no tengo ni un peso”, afirmó la mujer.
Por otra parte, rechazó la versión de que sus declaraciones se contradigan entre sí, ya que puso a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) un mapa del lugar y una descripción precisa de los hechos.
“Ya declaré en Edomex y en SEIDO, estuve en PGR más de seis horas y me han dicho que me he contradicho y no es cierto, he dicho la verdad de lo que sucedió”, aseguró.
Pese a contar con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), éstas no se han cumplido a cabalidad.