Se abre la posibilidad de que las víctimas de El Charco tengan justicia con la intervención de la CIDH, dice una viuda

Las tres demandas prioritarias son una investigación a fondo de los hechos, castigo a los responsables y la reparación del daño, abunda

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Diecisiete años después de la masacre de El Charco, en el municipio de Ayutla, en donde murieron a tiros 10 indígenas na savi y un estudiante de la UNAM a manos de soldados del Ejército mexicano, se abre la posibilidad de que se haga justicia, con la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así lo cree Eustolia Castro Ramírez, viuda de José Rivera Morales, uno de los indígenas asesinados la madrugada del 7 de junio de 1998.
Con el acompañamiento de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, que preside el obispo de Saltillo Raúl Vera López, los familiares de las víctimas lograron que la CIDH atrajera el caso, y el pasado 20 de mayo solicitó al Estado mexicano un informe de la masacre.
Entrevistada en Chilpancingo, Eustolia Castro Ramírez, una de las activistas que ha exigido justicia y ha denunciado la impunidad del caso, declaró que con la intervención de la CIDH se abre la posibilidad de que no sólo sean llamados a cuenta los militares encabezados por el General Alfredo Oropeza Garnica que dispararon en contra de los campesinos y un estudiante que pernoctaban la noche del 7 de junio de 1998 en la Escuela Primaria Caritino Maldonado Pérez de la localidad de El Charco, sino también en contra de Ángel Aguirre Rivero, quien era gobernador interino cuando ocurrió la masacre y tiene mucha responsabilidad en el caso.
La viuda expuso tres demandas prioritarias, una investigación a fondo de los hechos ocurridos en la masacre, castigo a los responsables, y la reparación del daño, “porque no fue un daño pequeño, nos arrancaron la vida de las personas más queridas”.
Durante la entrevista, Eustolia Castro estuvo acompañada por María Magdalena López, secretaria técnica, y los abogados Ernesto Rodríguez y Patricia Rodríguez de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad.

Las promesas de Ángel Aguirre

Los asesinos no sólo son los militares que dispararon, la responsabilidad es también del gobernador con licencia Ángel Aguirre, él fungía como gobernador interino cuando ocurrió la masacre.
Eustolia Castro dijo que Aguirre no sólo fue omiso del caso, sino que incumplió con todos los ofrecimientos de ayuda; recordó que 15 días después de la masacre fue a Ayutla a entregar una despensa y una cobija a las viudas.
En 2011, cuando Ángel Aguirre estaba en campaña para buscar la gubernatura del Estado “nos prometió reabrir el caso, dar proyectos productivos a las viudas y sobrevivientes, así como becas a niños huérfanos”, pero fueron cosas que nunca hizo.
Después de 17 años, lo único que han hecho los gobiernos federal y estatal es un albergue escolar para los niños y un centro de salud en la comunidad, “y esa es también nuestra inquietud, porque no nada más en El Charco hubo muertos, sino en varias comunidades de la zona na savi”.
Durante su mandato como gobernador del estado nunca contestó a las demandas, ni a las audiencias, “le dejamos números de teléfono, nombres de personas con quienes pudieran canalizar una respuesta a nuestras solicitudes, yo personalmente venía con otras compañeras para ver cuál era el proceso de la solicitud, pero nos contestaban que no habían tenido tiempo de ver el caso y que no había proyectos ni recursos en la Secretaría de Gobierno”.
La activista considera que no es justo el trato que reciben las familias de las víctimas de El Charco, “nuestros maridos están muertos y ellos (los responsables) siguen como si nada, sin importarles lo que nosotros estamos sufriendo, muchas de nuestras compañeras tienen 10 o 12 hijos, y los que murieron eran el sustento de nuestras familias”.
Además se quejó de que muchas organizaciones se aprovecharon de su situación para sus propios fines. “Había muchas organizaciones que nos respaldaban nos invitaban a marchas, a bloqueos, y nunca hubo una propuesta para lo que nosotros pedimos,  justicia”, detalló.
En 2012, en el aniversario de la masacre de El Charco llegó el obispo Raúl Vera y con el apoyo de la Red Década Contra la Impunidad se abrió de nuevo el caso.
Añadió que hoy, con la intervención de la Red ante la CIDH, “vemos que se abre la oportunidad de que exista justicia, que se castigue a los responsables y que se indemnice conforme a los parámetros internacionales a los familiares.

Sigue el hostigamiento militar y policiaco

La viuda de José Rivera denunció, por otra parte, que las comunidades na savi siguen sufriendo la persecución militar y policiaca. “El gobierno no nos ha mandado ayuda, pero eso sí, nos han mandado a los militares y a la Policía Ministerial para intimidarnos”.
Después de la masacre de El Charco, hubo muchos asesinatos, robos y violaciones de mujeres en las comunidades indígenas de la región, pero ni los militares, ni los policías intervinieron; recientemente las comunidades indígenas se han organizado y ya cuentan con su policía comunitaria con sede en El Paraíso, este proyecto de Justicia pertenece a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y por el momento se ha restablecido la seguridad.
Eustolia Castro dijo que la presencia militar y policiaca en sus localidades los hace sentir intimidados y atropellados, “ellos siguen subiendo, circulan libremente en las comunidades, vemos que nada más le preguntan a los chamacos y a las mujeres que a dónde están sus maridos, llevan computadoras en donde checan los nombres de las personas, por eso tenemos temor, porque en cualquier rato pueden agarrar a cualquier persona”.
Dijo que los militares o policías no les explican para qué llevan sus nombres anotados, “nada más nos preguntan quiénes somos, y nosotros no les decimos nada por miedo, no nos muestran alguna orden o no nos explican para qué quieren los nombres o para qué llevan sus listas”.
La inconformidad de la gente de las comunidades es que los militares y los policías no piden permiso para transitar por sus territorios, los militares instalan sus campamentos cerca de las comunidades en donde se quedan varios días y después se van a otra comunidad.