HRW duda del “genuino interés” del gobierno y del Ejército en resolver Tlatlaya y Ayotzinapa

Vidulfo Rosales Sierra, activista del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y abogado del caso, considera que la renuencia del gobierno a permitir las entrevistas sólo genera más sospechas

Agencia Proceso

Ciudad de México

Los casos Tlatlaya y Ayotzinapa son reflejo fiel de la “profunda crisis de derechos humanos” que enfrenta México, afirmó el director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.
Además, subrayó, el gobierno federal y el Ejército mismo deben demostrar un “genuino interés” por resolver ambos casos, a los que definió como emblemáticos.
Sin la voluntad y una investigación realmente seria al Ejército mexicano y a los miembros de la milicia, señalados por participar en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, dichos casos no estarán claros, apuntó.
En una entrevista con el diario digital Sin Embargo, Vivanco consideró que a un año de la masacre de Tlatlaya, en el Estado de México, el pendiente más importante es la justicia y resultados concretos sobre la posible ejecución extrajudicial de 22 personas que, según el último informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), surgió de una orden al teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, quien el 30 de junio del año pasado mandó “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
“El caso Tlatlaya es un gravísimo ejemplo de un problema mayor, y lamentablemente no se trata solamente de denuncias de ejecuciones, pues según expertos internacionales, las fuerzas de seguridad mexicanas están implicadas también en desapariciones y en casos de tortura.
Esta crisis se manifiesta, a su vez, en una preocupante desconfianza en las instituciones judiciales, que no han logrado combatir la impunidad que rodea a estos graves abusos”, expuso.
De igual manera, destacó que aunque hay evidencia de la ejecución de 12 personas, algunos soldados sólo fueron acusados por la muerte de ocho.
“Además, los abusos que sufrieron las tres mujeres que presenciaron los hechos en manos de autoridades del Ministerio Público estatal, para que no contaran lo que vieron, también siguen impunes.
En el mismo sentido, aunque la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) sostuvo que hubo encubrimiento por parte de la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), esa línea de investigación sigue sin llegar a resultados concretos que se hayan hecho públicos”.
El pasado 29 de junio, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), coadyuvante en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa), reveló en su cuarto informe de actividades que luego de tres meses de espera, el gobierno federal mantiene en vilo la petición de entrevistarse con integrantes del 27 Batallón de Infantería, con destacamento en Iguala, Guerrero, lugar donde se vio a los jóvenes por última vez.
Ángela Buitrago, experta del GIEI, señaló que el 28 de junio el Estado les informó que “aún analizaban la solicitud”.
“El GEI ve con preocupación esta demora, porque limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos y en la búsqueda”, sostuvo.
Por su parte, Vidulfo Rosales Sierra, activista del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y abogado del caso, consideró que la renuencia del gobierno a permitir las entrevistas sólo genera más sospechas sobre su implicación en la desaparición de los estudiantes.
El abogado indicó que el gobierno pretende “presentar al Ejército como una institución inmaculada, salvadora de la patria y que jamás ha cometido actos violatorios de los derechos humanos”.
“Pero vemos el caso Tlatlaya y la guerra sucia que ilustran otra circunstancia muy distinta.
Entre mayor sea la negativa de gobierno de que los padres de los estudiantes revisen los cuarteles y para que los expertos se entrevisten con los militantes, en medio de esta opacidad, arrogancia y autoritarismo, se acrecientan las sospechas de que participaron en la desaparición el 26 de septiembre”, apuntó.

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Christof Heyns, relator especial de ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, hizo un llamado a las autoridades mexicanas a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de lo ocurrido en Tlatlaya, así como tomar en consideración las nuevas evidencias dadas a conocer por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
El jueves pasado,  el Centro Prodh puso en evidencia que los militares responsables de los hechos en ese municipio mexiquense llevaban órdenes del “alto mando” de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
Asimismo, ayer por la tarde cuatro de siete policías ministeriales detenidos por el caso Tlatlaya fueron liberados tras el pago de una fianza, debido a que el delito de tortura de que se les acusó no es considerado grave en el Estado de México.
No obstante, el juez decidió este día vincularlos a proceso.
En el caso de los otros tres policías, el juzgador aún evalúa si obsequia las órdenes de detención, luego de que el grupo de uniformados fue señalado de torturar a tres mujeres sobrevivientes de la masacre ocurrida el 30 de junio de 2014.
Este viernes, Heyns advirtió en un comunicado que “los avances en la investigación para establecer lo sucedido en Tlatlaya resultan insuficientes, negándose con ello el acceso inmediato a la justicia de las víctimas y sus familias”.
El experto de ONU aclaró que “las autoridades civiles tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de las presuntas ejecuciones extrajudiciales”.
Además, insistió Christof Heyns, “las autoridades mexicanas también tienen la responsabilidad de garantizar la protección de las testigos y las familias de todas las víctimas de Tlatlaya”.
Y esta responsabilidad, acotó, “incluye también la seguridad de los defensores y defensoras de derechos humanos relacionados con el caso”.
El experto independiente instó a las autoridades mexicanas a realizar esta investigación totalmente en el ámbito civil para garantizar su independencia e imparcialidad, y por lo tanto su efectividad.
El relator de ONU planteó además que “México puede mostrar su compromiso con los derechos humanos no sólo resolviendo el caso Tlatlaya, y asegurando el fin de la impunidad y la reparación integral a las víctimas, sino también cumpliendo todas las recomendaciones contenidas en mi informe de misión, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en 2014”.
Refuta Centro Prodh a la Segob   Luego de que el Centro Prodh exhibiera ayer una orden militar emitida unas semanas antes de la matanza, en la que se instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos a “abatir delincuentes en horas de oscuridad”, varias ONG repudiaron la orden al considerarla propiciatoria de graves violaciones a derechos humanos, por lo que demandaron que se investigue la “cadena de mando” militar.