Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAIS

 

“No somos asesinos”

Las circunstancias en que fueron secuestrados Eva Alarcón y Marcial Bautista el miércoles de la semana pasada recuerdan el clima de terror y la logística empleada por militares o por grupos paramilitares para desaparecer a dirigentes sociales y políticos de oposición en el Guerrero de los años setenta. El modus operandi es el mismo, y por pocos kilómetros también el lugar. La agravante es que no estamos en los años setenta del siglo pasado y que México se supone inmerso en un proceso de transformación democrática. El gobierno no es del PRI, ni en el país ni en Guerrero, y el del estado al menos formalmente es de “izquierda”. La conclusión inevitable es descorazonadora, pues los hechos sugieren que a pesar de la alternancia política, las mismas deformaciones de hace cuarenta años atropellan al Estado de derecho. La desaparición de los dos ecologistas de Petatlán no obedece solamente al contexto de Guerrero, sino al patrón de persecución contra activistas y defensores de víctimas de la guerra contra el narcotráfico, y que casualmente se intensificó en el momento preciso en que el presidente Felipe Calderón mostró su lado autoritario e intolerante al reaccionar contra los firmantes de la demanda en la Corte Penal de La Haya, y su lado irresponsable al pregonar la infiltración del crimen en los comicios como si eso no fuera incumbencia de su gobierno. Como si una luz verde se hubiera encendido, los integrantes del movimiento por la paz y la justicia empezaron a caer abatidos. Pero en Guerrero existe un contexto específico que podría explicar el rapto de los ecologistas. De acuerdo con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, desde el día del rapto el Ejército, la Marina, la Policía Federal y la policía del estado participan en la búsqueda de Eva Alarcón y Marcial Bautista. Y de acuerdo con su asesor Ernesto Aguirre, el gobierno estatal tiene indicios de que ambos se encuentran vivos. A pesar de que el secretario de Gobierno desmintió el viernes a Ernesto Aguirre y clasificó la información como una expresión personal sin ningún valor, debe tenerse en cuenta el dato. Lo grave es que hasta este lunes han transcurrido cinco días sin que los abundantes contingentes entregados a la búsqueda hayan reportado señales del paradero de los secuestrados. Y es más grave todavía si se recuerda que los testigos han aportado información crucial que involucra a militares y policías en el secuestro. Si no fueron soldados los que realizaron el rapto, todo indica que por lo menos tuvieron el control de la acción o saben quiénes son los responsables. El entorno militar en el estado también tiene un nuevo contexto que debe ser tomado en cuenta en este caso, pues hace dos meses se produjo un relevo en la Novena Región Militar, y el perfil del nuevo comandante, el general Guillermo Moreno Serrano, lo muestra como un hombre de línea dura. “No somos asesinos, nosotros trabajamos en contra de la delincuencia organizada, respetando la vida y las leyes que nosotros tenemos, para eso tenemos adiestramiento”, dijo a los medios el pasado 17 de octubre el general Moreno Serrano al tomar posesión de la comandancia de la Novena Región Militar, que tiene su sede en Acapulco. No era la primera vez que el divisionario se expresaba así. Algo parecido (“nosotros no ultimamos”) dijo en agosto de 2010, cuando encabezaba la Cuarta Región Militar con sede en Monterrey, después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió su recomendación acerca de la muerte de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey en un confuso y sangriento enfrentamiento entre militares y delincuentes, ocurrido el 19 de marzo de ese año. (Milenio, 14 de agosto de 2010). Moreno Serrano fue nombrado comandante de la Cuarta Región Militar, que incluye a los estados de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, en diciembre de 2008, un mes después de haber sido ascendido a general de división. Antes había sido director general de Educación Militar y rector de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea. Experto en seguridad nacional y considerado uno de los más allegados al secretario de la Defensa, Moreno Serrano estuvo en Monterrey hasta noviembre del 2010. En su lapso al frente de esa región militar se produjeron no sólo los asesinatos de los jóvenes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, del Tec de Monterrey, sino también el de los niños Bryan y Martín Almanza Salazar, ocurridos el 5 de abril en un retén militar instalado en Nuevo Guerrero, Tamaulipas. En ambos casos el Ejército intentó evadir la responsabilidad de los militares y polemizó con la CNDH. A consecuencia de esos y otros hechos, el periodista Javier Ibarrola, especialista en el tema militar, planteó la conveniencia de “investigar al general Guillermo Moreno Serrano, pues él es el responsable de las tropas que dispararon y mataron a las víctimas mencionadas”. (Javier Ibarrola, “Generales en conflicto”, Milenio, 21 de abril de 2010). Más recientemente, apenas el 7 de diciembre y en relación con su nuevo trabajo, el general Moreno Serrano hizo explícita su posición respecto a las denuncias por abusos contra los derechos humanos cometidas por militares y las recomendaciones emitidas por la CNDH: “Muchas de las recomendaciones son perversas, son obligadas, son presionadas por familias de la delincuencia o grandes ganadores del lavado de dinero que quieren acotar a la institución que más daño les hace, y la institución que más daño les hace es el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Por eso es que nada más a nosotros nos quieren denostar y atacan”. Celebró que de un universo de 5 mil 754 quejas recibidas por la CNDH contra el Ejército, 4 mil 958 hayan resultado sin responsabilidad y solamente se hayan emitido 89 recomendaciones, de las cuales únicamente cuatro están dirigidas a la novena región militar. (La Jornada Guerrero, 7 de diciembre de 2011). La declaración de Ernesto Aguirre, cuya cercanía a Ángel Aguirre es manifiesta, en el sentido de que el gobierno del estado tenía el jueves anterior elementos para confiar en que Eva Alarcón y Marcial Bautista estaban vivos, denota un conocimiento más profundo del caso. El gobierno de Aguirre tendrá un papel decisivo en el desenlace de este episodio, y lo peor que podría hacer es quedarse inactivo o convertirse en cómplice de los raptores, quienes sean. Si los activistas sociales están en poder del Ejército, el general Guillermo Moreno Serrano tiene la oportunidad de demostrar que los militares no son asesinos. Y si fueron grupos de sicarios, todos tarde o temprano tendrán que explicar qué sucedió y porqué el secuestro se produjo ante los ojos militares. Si no estamos en los setenta, Eva Alarcón y Marcial Bautista deben regresar con vida. ? [email protected]