María Luisa Garfias Marín

Rompiendo el techo de cristal

Este 3 de julio se cumplieron 60 años de que las mujeres votamos por primera vez en una elección federal, y a pesar de que la del 7 de junio pasado fue históricamente la contienda con la mitad de las candidaturas de mujeres, 2 mil 248 de un total de 4 mil 496, de las que 210 de ellas triunfaron, lo que arroja un porcentaje de 42 por ciento que integrarán el Congreso de la Unión –superando al 37 por ciento de la legislatura actual–, considero que aún nos falta mucho trecho por recorrer.
Después de la conquista del sufragio, el 17 de octubre de 1953, las mujeres tuvimos que esperar casi dos años para que la conquista del voto se hiciera realidad, y es hasta el 3 de julio de 1955 cuando sufragamos por primera vez para elegir a quienes integrarían la XLIII Legislatura del Congreso de la Unión, resultando electas en esa ocasión cuatro mujeres. Lo anterior, debido a que no había un reconocimiento real del gobierno de Adolfo Ruiz Cortines a ese derecho de las mujeres, a pesar de haber sido él quien envió la iniciativa que reformó el Artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La invisibilidad de los derechos políticos de las mujeres en la sociedad, los gobiernos y los partidos políticos generó de manera paralela que los diferentes grupos y organizaciones de feministas, defensoras de derechos humanos y mujeres de los partidos políticos nos organizáramos y movilizáramos, exigiendo al gobierno sufragio efectivo, es decir, que no solamente nos reconocieran como ciudadanas para votar, sino que también reconocieran nuestra ciudadanía para ser electas y ocupar puestos de representación popular en igualdad con los varones.
Larga ha sido la batalla que las mujeres hemos dado porque nos reconozcan como ciudadanas de primera; nuestras conquistas han sido producto de quienes hemos convertido la lucha por nuestros derechos políticos en una bandera fundamental, y de quienes al llegar a las legislaturas construyen alianzas para aprobar las reformas a las leyes electorales, para ello hemos contado también con aliados. En estos sesenta años, se iniciaron las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, estableciéndose en 1998 las acciones afirmativas para garantizar espacios en las candidaturas a las mujeres para cargos de representación popular, y con ello se homologaron también las leyes electorales estatales, a pesar de la resistencia de los órganos de dirección y los liderazgos masculinos en los partidos políticos.
El órgano electoral federal, el IFE implemento las leyes emanadas de esas reformas para la organización de los procesos electorales exigiendo a los partidos políticos el cumplimiento de las cuotas de género, que si bien nunca fueron suficientes, obligó a que los institutos políticos respetaran la ley que ellos mismos habían aprobado por medio de sus representantes en el Congreso de la Unión, y con ello se integraron más mujeres a las legislaturas estatales y a la federal, principalmente diputadas de representación proporcional; sin embargo, la resolución de noviembre del 2011 del Tribunal Electoral del Poder judicial que resolvió que los partidos políticos registraran un mínimo de 40 por ciento de mujeres candidatas para las diputaciones y las senadurías dio a las mujeres un reconocimiento a su lucha por la igualdad, y con ello la presencia de diputadas se incrementó en la LXII legislatura y en el Senado de la República, ocupando un 37 y un 32 por ciento, respectivamente. Es de reconocer que esta resolución favorable a las mujeres fue resultado de un proceso de inconformidad de 10 mujeres de diferentes partidos ante la máxima autoridad electoral del país, mostrando nuevamente que las conquistas obtenidas políticamente fueron por las mismas mujeres.
Con la reforma electoral de febrero de 2014, aprobada por los la mayoría de las fracciones parlamentarias de los partidos políticos en el Congreso de la Unión a partir de la reforma constitucional promovida por el presidente de la República –en el que se crea la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y con él el Instituto Nacional electoral–, se establecen las candidaturas independientes y la paridad de género, que mostraron en los resultados de la jornada electoral del 7 de junio un avance considerable en los derechos políticos de las mujeres. Es así que, de 500 curules en el Congreso de la Unión, 210 serán ocupadas por mujeres, 117 de mayoría relativa y 93 de representación proporcional, alcanzando un porcentaje de 42 por ciento.
En los 16 estados de la República en donde se realizaron elecciones concurrentes, incluyendo a aquellos en donde las mujeres conquistaron la paridad en sus leyes electorales por resoluciones de sus tribunales electorales, 146 mujeres ocuparan escaños de mayoría relativa, casi un 41 por ciento, quedando pendientes las que ocuparán las diputaciones de representación proporcional, pudiendo aumentar este porcentaje.
En los ayuntamientos, a pesar de que no todas las leyes electorales de los 15 estados en donde se renovaron las alcaldías se reformaron para establecer la paridad en sus candidaturas, los logros para las mujeres también fueron positivos: de un total de 871 municipios, 104 estarán gobernados por una alcaldesa, lo que significó un aumento de 18 puntos porcentuales.
En todos los estados existe una serie de impugnaciones de los partidos políticos contendientes, por lo que estos porcentajes de diputadas y alcaldesas pueden variar.
El balance para las mujeres en este proceso electoral, a pesar de que aún no termina, es positivo, nos acercamos al 50 por ciento, sin embargo no cantamos victoria, nos falta un largo trecho por andar. Requerimos que todas las leyes estatales establezcan la paridad horizontal y vertical; requerimos que el incremento de mujeres en la legislatura federal y las estatales, asi como en los ayuntamientos, legisle y aprueben presupuestos con perspectivas de género y las apliquen. Requerimos nuevas formas de hacer política, pero también requerimos que la paridad se establezca en los otros poderes, el Ejecutivo y el Judicial.