Condena unánime de organizaciones de derechos humanos al gobierno de Aguirre

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de organismos de derechos humanos y dirigentes de organizaciones sociales expresaron ayer su condena unánime a la represión contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que dejó ayer un saldo de dos jóvenes muertos a balazos y varios heridos. Asimismo, plantearon la posibilidad de pedir la desaparición de poderes en Guerrero y reconsiderar la relación de las agrupaciones sociales y organismos civiles de derechos humanos con el gobierno que encabeza Ángel Aguirre Rivero. Tras el desalojo de la protesta de los estudiantes por parte de la Policía Federal y policías del estado, las organizaciones anunciaron acciones conjuntas ante este hecho de violencia. Condenaron, asimismo, que la represión se haya dado cuando los estudiantes normalistas exigían la intervención del gobierno estatal para que se reanudaran las clases en su escuela, donde los maestros tienen dos meses en paro por un conflicto interno. También pedían una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, para exponerle que no ha cumplido con una minuta de acuerdos firmada con los estudiantes de esa normal. Entrevistado frente a uno de los estudiantes asesinados a tiros, que estaba tendido en medio de la cinta asfáltica donde comienza la Autopista del Sol, al sur de la capital, el dirigente del Frente de Masas Populares del Estado de Guerrero (FMPEG), Javier Monroy Hernández, calificó el episodio violento como “inusitado”. Recordó que apenas el jueves, cuando se reunieron con el coordinador general de Proyectos Estratégicos del gobierno estatal, Ernesto Aguirre, en la residencia oficial de Casa Guerrero, le pidieron su intervención para que recibiera a la dirigencia estudiantil de la normal. Dijo que desde ese día durante la protesta de los estudiantes hubo presión por parte de los agentes de la Policía Federal y los jóvenes se tuvieron que replegar, luego de la promesa de una audiencia con el gobernador. Agregó que los jóvenes se venían manifestando desde hace dos meses porque el gobernador se había cerrado a dialogar con ellos, “y nosotros vemos que se da un trato diferenciado entre las organizaciones, y menos de esta manera”. A nombre del FMPEG condenó la represión, pues “no es posible que por una protesta que tiene fundamento, se dé esta situación. Es absurdo, el subprocurador me dijo llegando que los muchachos habían disparado, eso no lo podemos creer. Esto fue una agresión y lo que vamos a exigir es que primero se realice una investigación, que se deslinden responsabilidades y que se castigue a los culpables”, adelantó. Monroy Hernández agregó que este gobierno “no puede estar funcionando con las manos manchadas y vamos a valorar la exigencia política, porque dos muchachos son demasiados, más los heridos, y esta represión no la podemos dejar pasar”, advirtió. Adelantó que con esta represión hacia los estudiantes “rompemos el diálogo con el gobierno, vamos a llamar a la movilización, no podemos dejar esto impune, la sociedad en general tiene que reaccionar para frenar esta represión, porque además hay defensores desaparecidos, hay agresiones a compañeros dirigentes sociales y no creo que haya alguien que quiera dialogar con un gobierno en estas condiciones”. Piden desaparición de poderes También mientras contemplaba al otro de los estudiantes tendido en cruz a media cinta asfáltica de la carretera federal México-Acapulco, sobre un hilillo de sangre que apenas alcanzó a correr unos dos metros, el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgroac), Manuel Olivares Hernández, dijo que “es indignante esto que acaba de suceder, se esperaba una actitud diferente de un gobierno que supuestamente viene de izquierda”. Y luego dijo que en estas circunstancias los organismos de derechos humanos no podemos seguir dialogando de ninguna manera “con un gobierno que está demostrando que no quiere resolver las demandas, que para él es más fácil matar a los muchachos que resolverles las peticiones que tienen, y eso no se puede justificar ni se puede tolerar en un Estado democrático”. Por eso, Olivares Hernández dijo que organismos como el que representa va a comenzar a llamar a una movilización general a todas las organizaciones, “dejando de lado las diferencias que pudiéramos tener, y vamos a llamar a la desaparición de poderes en el estado de Guerrero, no se puede tolerar este tipo de situaciones y más en un gobierno que se dice democrático y de izquierda”. Olivares Hernández agregó que por lo menos la Redgroac “va a exigir hasta sus últimas consecuencias que este crimen se esclarezca, y se castigue hasta sus últimas consecuencias a los responsables”. El representante de la Redgroac señaló que obviamente hay responsabilidad del gobierno del estado, porque tenían cuando menos cuatro ocasiones que habían estado buscando una audiencia con el gobernador, y recordó que incluso la Red intercedió ante un funcionario del gobierno del estado el viernes para que el gobernador concediera la audiencia a los dirigentes de los estudiantes. “Se supone que el gobierno debe de atender de manera inmediata estas demandas, también recordemos que el gobernador ya se había reunido con ellos anteriormente y solamente habían estado firmando minutas y tomando acuerdos y no las resolvió, entonces los estudiantes se vieron obligados a seguir movilizándose para que el gobierno les resolviera sus demandas”, dijo. Agregó que, en cambio, la respuesta que les dio fue la represión, pues todas las versiones apuntan a que fueron los policías ministeriales y preventivos estatales los que dispararon a mansalva en contra de los estudiantes. Que intervenga el Congreso: Tlachinollan Por su parte, el asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, calificó como “totalmente reprobables” estos hechos. “Creo que nos enseñan, una vez más, que estamos ante un gobierno autoritario, un gobierno que solamente cambió de siglas, pero que en los hechos y en esencia sigue siendo el mismo”, sostuvo. El abogado de Tlachinollan agregó que por ser muy grave este hecho, debe ser investigado por el Congreso del estado “y hacer un llamamiento fuerte para que el gobernador comparezca a responder por estos hechos”. Añadió que mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) está dando recomendaciones para que se respete el derecho a la protesta, “y cuando se supone que en México estamos transitando hacia una vida más democrática, no es posible que se den estos hechos; la muerte de dos compañeros que lo único que pedían es que se atendieran sus demandas, que es su derecho a la educación”. Añadió que los estudiantes pedían una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, “y lejos de una audiencia tenemos a dos compañeros asesinados a mansalva, con características de crímenes de lesa humanidad, que deben ser castigados”. Adelantó que Tlachinollan va a intervenir en el caso, “vamos a llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), nosotros no vamos a dejar esto en el olvido, pues si se está hablando de la creación de una Comisión de la Verdad que va a juzgar los crímenes de los años setentas, para qué juzgamos los hechos del pasado, si en el presente están ocurriendo hechos de autoritarismo”, dijo. El abogado agregó que es una aberración que en vía pública y en el contexto de una manifestación se haya dado la agresión, “venga de donde venga, eso es reprobable, no importa si fue el estado o la federación”, dijo cuando un reportero le preguntó a quién se debe responsabilizar de estos hechos de violencia. Rosales Sierra agregó que es responsabilidad directa del estado, “esto no lo puede soslayar el gobierno, es evidente que los compañeros no estaban en otro lado, estaban manifestándose por demandas al gobierno del estado y hay un intento de socavar y de impedir el derecho de manifestación”, señaló el abogado. Para el representante de Tlachinollan “esta es una mala señal, funesta, de que los ciudadanos ya no podemos protestar, ya no podemos manifestarnos porque corremos el riesgo de que cualquier persona que salga afuera corremos el riesgo de ser acallados de esta manera, de ser acallados con balas y de ser acallados con la muerte”. Añadió que de aquí en adelante los organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales deberán replantear una nueva relación con el gobierno del estado, “habremos de fijar una postura diferente, una postura que tendrá que cambiar a partir de estos hechos. Esto nos coloca en otras circunstancias, en otra situación, se supone que habría una política de acercamiento con este gobierno, para ir discutiendo justamente estos temas, pero de por sí ya estábamos encontrando reticencias en las mesas”, dijo Rosales Sierra. Política “fascista”: APPG El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, también condenó la represión “de este gobierno que encabeza Ángel Aguirre Rivero”. Agregó que es parte de una política “fascista, aniquiladora y fascista del presidente Felipe Calderón, quien a través de los cuerpos policiacos federales y estatales pretende acallar la protesta de las agrupaciones sociales”. En este contexto exigió al gobernador Ángel Aguirre Rivero “que dé la cara y que renuncie al fuero constitucional, que le ha quedado grande y que ha lastimado a la sociedad”. Añadió que la agrupación que encabeza va a convocar a todas las organizaciones sociales “para la movilización y reprobar a este gobierno traidor, que nos ha traído este mal trago este 12 de diciembre, que se supone es un día en donde debe prevalecer la armonía popular por ser el día de la virgencita de Guadalupe”. Y ante la postura de otros dirigentes de organizaciones sociales que se manifestaron por la desaparición de poderes, dijo que la APPG también respalda esta postura, “porque nos queda claro que un crimen de esta magnitud no puede quedar impune”. A su vez, el dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, Luís Olivares, añadió que con esta represión se evidencia que los gobiernos “solamente cambian de color y del partido que sea, pero la represión es la misma, e igual son las mismas prácticas”.