Tlachinollan

Barbarie policiaca defendida por el gobierno Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan

Nadie imaginaba que a dos días de la celebración del LXIII aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las autoridades federales y estatales se coludieran para ordenar a sus policías de que reprimieran a los estudiantes de Ayotzinapa, quienes a una semana de que inicien las vacaciones de diciembre no han obtenido una respuesta del gobernador a sus principales demandas. La atrocidad mayor fue la barbarie policiaca que utilizó las armas para privar de manera arbitraria la vida de Jorge Alexis Herrera Pino y de Gabriel Echeverría, dos jóvenes de 19 y 20 años de edad que formaban parte del contingente de más de 200 estudiantes que se apostaron en la parte sur de la autopista de Acapulco, a la altura del hotel parador del marqués. Los normalistas de Ayotzinapa, cada año en el mes de septiembre, se organizan para presentar al gobernador y a la secretaria de educación su pliego petitorio, con el fin de asegurar el futuro de esta histórica normal, que siempre ha sufrido la embestida de los gobiernos que se han empeñado en desmantelarla. Para los estudiantes, la visita del gobernador a Normal de Ayotzinapa no fue otra cosa que una mera simulación para hacer creer que existe un compromiso real con este proyecto educativo que tiene raíces populares. Desde su visita realizada el 26 de septiembre hasta esta fecha fatídica del 12 de diciembre no han obtenido una respuesta a su pliego petitorio. El gobernador les programó una audiencia para el 4 de octubre pero la pospuso para el 9 de noviembre. Esa reunión no tuvo ningún resultado, porque el ejecutivo no dio respuesta a las demandas principales, solo se sacó la foto y reprogramó otra reunión para el 29 de noviembre. Supuestamente en esa fecha les resolvería la demanda principal relacionada con la nueva matricula para el ingreso de estudiantes en el 2012. De nueva cuenta les cancelaron esta reunión y la pospusieron para el 6 de diciembre. Un día antes de la audiencia, el comité estudiantil se presentó a las oficinas del gobernador para confirmar la audiencia y la respuesta fue que otra vez se cancelaba. Ante esta negativa del ejecutivo para atender sus demandas, los normalistas optaron por realizar acciones pacíficas que pudieran hacer pública su protesta. El 7 de diciembre decidieron tomar cinco radiodifusoras de Chilpancingo para utilizar sus micrófonos y denunciar la falta de voluntad política del gobernador para atenderlos. A pesar de esta acción no recibieron ninguna señal de las autoridades que les abrigara la esperanza de que serían atendidos. Por esta razón el 8 de diciembre bloquearon la caseta de cobro de Palo Blanco y la respuesta de las autoridades fue amenazante porque envió a la policía ministerial que contó con el apoyo de la policía federal que tenían la orden de desalojarlos. Los normalistas decidieron replegarse y retirarse, para evitar una provocación. Las autoridades siguieron cerradas al diálogo, no atendieron sus llamados y por el contrario se prepararon para hacer una acción coordinada entre la policía federal y ministerial con el fin de reprimirlos y colocarlos fuera de la legalidad. Ahora el gobierno acusa y señala impunemente a los estudiantes que fueron víctimas de esta acción bárbara y desproporcionada. Los presenta ante la opinión pública como estudiantes violentos para justificar la violencia del Estado. El Estado nuevamente recurrió al uso de la fuerza pública para no sólo reprimir sino matar a dos estudiantes, como una fórmula perversa y gangsteril, para hacer frente a las demandas educativas de los estudiantes de Ayotzinapa. Queda evidenciado el rostro facistoide de un gobierno que se dice democrático. Es inadmisible que un gobierno que se ufana de ser de izquierda opte por utilizar la fuerza pública de manera excesiva e ilegal para privar de manera arbitraria la vida de dos estudiantes que demandaban ser atendidos por el gobernador. La violación al derecho de audiencia es sistemático y el gobierno al cerrase al diálogo prefirió de manera deliberada ejercer un acto brutal de la policía para socavar la movilización de los estudiantes, silenciar sus demandas y lo peor de todo matar, perseguir, torturar y encarcelar a los jóvenes que exigen su derecho a la educación. El objetivo político de esta represión fue desarticular y sancionar a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. El gobierno le apostó a una doble estrategia: por un lado postergaron la solución a las demandas de los estudiantes y por el otro, permitieron que el conflicto alcanzara un nivel de polarización suficiente para justificar ante la opinión pública, la inexistencia de salidas dialogadas, haciendo aparecer a los estudiantes como grupos radicales y rijosos, para criminalizar su movimiento y sus demandas. Ahora las autoridades estatales manejan un discurso político para minimizar la gravedad de esta barbarie policiaca y maximizar la supuesta acción delincuencial de los estudiantes. Busca legitimar la violencia policiaca para justificar sus actos persecutorios y represivos con la cantaleta de siempre, de restablecer el estado de derecho. La acción colectiva emprendida por los estudiantes de Ayotzinapa para exigir sus derechos, son concebidos por las autoridades como una amenaza al sistema político represor. De este modo la protesta social no es vista como una expresión del rezago social y de la falta de vigencia de derechos, sino como una amenaza a la legalidad. La protesta de los estudiantes es consecuencia de la desatención que persiste entre las autoridades para atender los planteamientos legítimos de una sociedad que reclama sus derechos. Las autoridades solo hacen funcionar a las instituciones y a los cuerpos represivos del estado cuando se trata de someter y acallar a la población que protesta. Usa desproporcionadamente y de manera bárbara la fuerza contra jóvenes cuyo único delito es ser pobres y no tener la oportunidad de estudiar en condiciones dignas. Para ellos, si se hace presente el gobierno con fusiles y policías de elite para masacrarlos y perseguirlos. Esa es la repuesta que da este gobierno a los estudiantes de Ayotzinapa que demandan 170 matriculas para el próximo ciclo escolar, un promedio de 7.0 y plazas automáticas para los egresados. Junto con esa cerrazón del gobernador está también el hecho de que el recurso económico que cada mes deposita el gobierno para la alimentación de los estudiantes, en este primero de diciembre ya no fue depositado. ¿Qué pretende el gobernador con estas acciones represivas, persecutorias y de judicialización de la protesta social, así como el estrangulamiento económico de los estudiantes de Ayotzinapa? ¿Con esta acción represiva y esta campaña de linchamiento político buscan crear las condiciones para dar un golpe más a la normal rural de Ayotzinapa con el fin de cerrarla? Este gobierno se ha manchado las manos con el derramamiento de sangre de jóvenes inocentes, quienes nunca imaginaron que los policías federales y ministeriales iban con las negras intenciones de usar sus armas para arrancarles la vida. Esas son las consecuencias de una política fallida impuesta por las elites políticas, que usa de manera irracional y desproporcionada a las fuerzas policiacas para reprimir a ciudadanos que pacíficamente expresan su protesta. El operativo Guerrero Seguro está diseñado para causar terror y es utilizado para someter de manera violenta a la población que protesta. Están entrenados para ejercer con brutalidad su fuerza y las armas las portan para accionarlas ante cualquier circunstancia, sin que tengan ningún control que los obligue a respetar los derechos humanos de la población que se moviliza para protestar. No contento con esta acción brutal, las autoridades siguen empeñadas en perseguir y encarcelar a los líderes estudiantiles. Tenemos información de que el gobierno ha detenido a 24 personas y varias de ellas tienen huellas de haber sido torturados. También hay indicios de que se está inculpando a un estudiante como el incitador y quien supuestamente portaba un arma que la accionó contra la policía. Para la fabricación de estos delitos la policía ministerial es experta y se las sabe de todas para crear culpables. Por algo los mandos policiacos dentro de la Procuraduría se mantienen intocados, porque se han vuelto indispensables para el manejo de estos casos que ponen en entredicho las acciones represivas del gobierno. Ahora a los estudiantes detenidos los han colocado fuera de la legalidad, sufren la tortura y están siendo amenazados para auto inculparse y firmar declaraciones falsas para continuar con la farsa gubernamental de presentar a los estudiantes como personas violentas y de alta peligrosidad. A las autoridades no les importa el dolor, el luto, el miedo, la desesperación y la tristeza de los familiares de los estudiantes que han muerto, que están heridos, encarcelados, torturados y desaparecidos. La acción virulenta del gobierno nos está indicando su incapacidad para resolver de manera positiva los conflictos y para hacer frente a los grandes desafíos que plantean los diferentes sectores de la sociedad guerrerense. Es incapaz para establecer un verdadero diálogo con las organizaciones sociales independientes que han recurrido a la protesta social para hacerse escuchar. Un dialogo verdadero no consiste solo en sentarse con la población demandante, sino que implica atención, respeto, veracidad, transparencia, compromiso, seguimiento, atención gradual y búsqueda permanente de nuevos mecanismos de solución a las demandas legitimas de los sectores empobrecidos. A ocho meses de este nuevo gobierno hemos retrocedido enormemente y corremos el riego de reeditar gobiernos represivos que criminalizan a una población indefensa, que fabrican delitos, que torturan, persiguen y encarcelan a estudiantes. Un gobierno que justifica la violencia y protege las acciones delictivas de las policías. En lugar de actuar con decisión contra la brutalidad policiaca las autoridades han escogido la ruta de responsabilizar a las mismas víctimas de la represión y de la acción violenta del Estado. Prefieren la impunidad y la protección de sus intereses políticos, en lugar de la justicia y respeto a los derechos humanos de los estudiantes de Ayotzinapa.