Repudian organizaciones sociales y partidos de Acapulco el doble crimen

Partidos y representantes de organizaciones sociales de Acapulco repudiaron el asesinato de los dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y solicitaron a las autoridades investigar a los responsables que dispararon en contra de los dos jóvenes. En actos por separado, el PRD y el PAN solicitaron que se realice una investigación de los hechos y se castigue a los culpables. Por la mañana la secretaria general del PRD en Acapulco, Rosario Merlín García, anunció que el partido se une a las movilizaciones de los estudiantes y declaró luto para todo el estado por la muerte de los dos estudiantes que, dijo, pudieron ser los hijos de cualquier campesino o trabajador del estado. Acompañada por Martín Bautista Reyes, Gelacio García Javier, Lourdes Carachure y Juan Antonio Toscano Radilla, Rosario Merlín pidió al gobierno del estado que atienda las demandas de los normalistas y castigue a los responsables del homicidio de los dos jóvenes, porque como PRD no van a permitir que haya impunidad. Por la tarde el dirigente municipal del PAN en Acapulco, Benito Manrique Contreras, condenó la muerte de dos estudiantes y demandó una investigación profesional que esclarezca los hechos. Dijo que es sospechoso que en un día inhábil haya ocurrido una manifestación, por lo que no descartó que haya un trasfondo político para desestabilizar el gobierno de Ángel Aguirre, aunque aclaró que no es su intención defenderlo y lo convocó a que dé la cara para que explique lo sucedido. En el Zócalo, unas 10 personas originarias del municipio de Coyuca de Benítez, encabezadas por José Sánchez Sánchez, llevaron unas cartulinas blancas con una leyenda que decía: “Salida y juicio político a los funcionarios de la SSPPC Ramón Almonte, y Procuraduría de Justicia Alberto López Rosas”. Horas más tarde en una visita a El Sur, César Suárez Martínez, dirigente del Consejo Democrático Popular, y Carmen Zamora Juárez de la organización de Mujeres Unidas por el Progreso, opinaron que se pudo haber evitado si el gobierno no “simula” que da atención a las organizaciones y soluciona los problemas sociales. El asesor legal de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, José Sánchez Sánchez, reveló que presentó un amparo federal por la desaparición de 15 de 20 integrantes de la organización antes mencionada. Horas más tarde vía telefónica dio a conocer que ya no hay ningún desaparecido, que algunos se encontraban escondidos y otros detenidos en los separos, pero que ya fueron liberados por las autoridades toda vez que no hubo delito. “Lamentamos la muerte de los dos compañeros y esto denota que el gobierno busca que respondan con más movilización, no queremos que haya confrontación, sino que haya diálogo”, declaró el representante legal. Mientras que el dirigente del Consejo Democrático Popular, César Suárez Martínez, reprochó que las autoridades estén sembrando armas a los jóvenes que el lunes llevaron a cabo una manifestación en demanda de ser atendidos. “Repudiamos este tipo de acciones porque en un gobierno democrático no deberían de pasar, porque ellos no tenían armas, como las autoridades lo están informando” declaró, y pidió a las autoridades que presenten a los que dispararon contra los estudiantes. Por su parte, la dirigente de la organización Mujeres Unidas por el Progreso, Carmen Zamora, dijo que es lamentable que las autoridades hayan sembrado el arma de fuego “y creemos que se pudo evitar y el desalojo lo hubieran hecho con antimotines”. “Es lamentable porque pensamos que en este gobierno iba a haber un cambio porque ni en el gobierno que se decía represor, de Zeferino Torreblanca Galindo, se dieron asesinatos contra los compañeros de Ayotzinapa”, puntualizó. El integrante de la Coordinadora Estatal del PT, el regidor Genaro Vázquez, solicitó la integración de una comisión legislativa federal que investigue la muerte de los estudiantes normalistas y se incluya al ex gobernador Zeferino Torreblanca, porque dijo que era curioso que luego de su reaparición pública desaparecieran dos defensores de los bosques y el lunes la “barbarie” contra estudiantes. Señaló que hay grupos de poder en el país que pretenden empañar la desaparición de los ecologistas para que la gente se olvide de la exigencia de la presentación con vida y desestabilizar al estado por la cercanía del proceso electoral. El regidor y presidente de la comisión de Educación de Cabildo, Ramiro Solorio Almazán calificó como un crimen y una barbarie el desalojo y subrayó que el gobernador Ángel Aguirre debe alejarse del modelo neoliberal que busca desaparecer las normales rurales. (Aurora Harrison, Magdalena Cisneros, Karina Contreras y Daniel Velázquez).