Exige Amnistía Internacional una investigación pronta e independiente
Amnistía Internacional pidió ayer a las autoridades mexicanas iniciar una investigación inmediata e independiente por la muerte de dos estudiantes durante el enfrentamiento con la policía durante una protesta en el estado de Guerrero. “Las autoridades mexicanas deben explicar lo sucedido con la policía y la razón por la cual ésta respondió ante la protesta llevando a estos estudiantes a la muerte”, afirmó el investigador de Amnistía Internacional para México, Rupert Knox. Amnistía Internacional dijo que “la evidencia que ha salido a la luz, levanta una honda preocupación sobre la actuación de la policía en cuanto a disturbios públicos, dando como resultado serias violaciones a los derechos humanos”. En tanto, más de 100 organismos civiles de derechos humanos del país consideraron “imprescindible” una investigación imparcial, expedita y efectiva de la violencia policiaca, para que también se aplique la sanción a los responsables materiales del asesinato de los normalistas. Antes de que se conociera la versión de que el funcionario había sido cesado por el gobernador Ángel Aguirre, los organismos civiles de derechos humanos responsabilizaron al secretario de Seguridad Pública Ramón Almonte de la represión y exigieron su destitución. “El uso irracional y arbitrario de las fuerzas de seguridad pública, derivó en la privación de la vida de dos estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. El uso excesivo de la fuerza pública de manera arbitraria, es un acto a todas luces reprobable, y del cual debe haber sanción a los responsables”, señala el comunicado. Y luego agrega que las acciones de la Policía Federal y de la Policía Ministerial de Guerrero “derivaron en la consumación de privaciones arbitrarias de la vida de dos estudiantes, dichos asesinatos deberán tener una investigación expedita, imparcial y efectiva”. Los organismos, entre ellos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas, a la que están integradas 75 organizaciones en 22 estados, señalaron que las acciones “de brutalidad policiaca y uso irracional de la fuerza pública en contra de jóvenes manifestantes de una normal rural dedicada a poner la educación al alcance de los más marginados, constituye un acto inadmisible en un contexto democrático, y echa por tierra el compromiso del actual gobierno de atender los conflictos sociales en sus causas más estructurales evitando el uso de la fuerza pública”. Después, exigen: “que se esclarezca quién ordenó la actuación desmedida e irracional de los cuerpos de seguridad pública contra estudiantes, cuyo único objetivo había sido iniciar una nueva movilización para abrir canales de diálogo con el gobierno estatal, lo que lamentablemente no ocurrió, detonando en los hechos de esta mañana”. Entre los representantes de los organismos que firman el comunicado se encuentran, además de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas, en la que se aglutinan 75 organizaciones en 22 estados de la República, la Red Guerrense de Organismos Civiles de Derechos Humanos; la Radio Comunitaria y Educativa Uan Milahuak Tlajtoli en Chilapa Guerrero, y el Centro de Análisis e Investigación Fundar. (DPA y Zacarías Cervantes).




