Denuncian organizaciones sociales que cinco personas desaparecieron desde el desalojo

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Representantes de organizaciones sociales denunciaron la desaparición de cinco personas después del bloqueo y desalojo violento de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Isidro Burgos, en Chilpancingo; en tanto los normalistas expresaron su indignación por la represión policiaca que tuvo un saldo de dos estudiantes muertos, seis heridos, tres por impactos de bala, y 24 detenidos, de ellos, sólo nueve son alumnos de la institución. En conferencia de prensa en las instalaciones de la Normal Rural, ubicada en el municipio de Tixtla, el presentante de la Organización Campesina (Ocam), José Félix Rosas Rodríguez, informó que tres organizaciones de Tecoanapa, Ayutla de los Libres y Coyuca de Benítez asistieron en solidaridad al bloqueo del bulevar Vicente Guerrero en Chilpancingo, con los estudiantes, este 12 de diciembre. Informó que tras el desalojo se desconoce el paradero de Elizabeth Castro Ciriaco, Evelio Morales Lorenzo, Martín Martínez Castro, Francisco Chávez Abarca y Juana Mayo Avilés, que no están hospitalizados, ni detenidos, ni en sus lugares de origen. Acompañados de alumnos, padres de familia y representantes de organizaciones de derechos humanos, tres estudiantes anunciaron que buscarán otras instancias de diálogo para exigir juicio político contra el gobernador Ángel Aguirre Rivero, por la agresión al movimiento estudiantil. El estudiante Eduardo Meza Gómez informó que por distintos medios, en el último mes, han demandado una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre, a quien entregaron su pliego petitorio en las propias instalaciones de la Normal, en septiembre. En sus demandas piden el incremento a la matrícula escolar de 140 a 170 estudiantes de nuevo ingreso, promedio mínimo de 7 para tener acceso a la Normal y plazas para todos los egresados. Sin embargo, recordó que después de su visita a la Normal Isidro Burgos, el gobernador se reunió una vez con los normalistas sin dar una respuesta a sus demandas, a lo que siguió la postergación de dos citas, sin fecha para un nuevo encuentro. Añadió que el 12 de diciembre los estudiantes bloquearon el bulevar Vicente Guerrero para exigir la audiencia con el gobernador y en respuesta recibieron ráfagas de metralletas, golpes, detenciones y vejaciones a sus derechos humanos. Afirmó que en el desalojo no hubo piedad ni compasión para estudiantes que iban desarmados, y murieron Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. A nombre de la comunidad estudiantil, Meza Gómez también condenó la persecución contra aquellos que buscaban refugiarse, así como la acción de soldados del Ejército que quisieron retirar evidencia, para que a la llegada de los agentes del Ministerio Público no encontraran las balas de grueso calibre en el piso. Incluso, denunció que los ministeriales pretendieron llevarse los cuerpos de sus compañeros, “conscientes del crimen que había cometido”, pero no fue posible por la presencia de fotógrafos de distintos medios de comunicación. Sobre los 24 detenidos oficialmente reconocidos por la Procuraduría de Justicia del Estado, dijo que nueve son alumnos de la normal; además que unos 30 estudiantes se encuentran en calidad de desaparecidos, pero suponen que aún se encuentran escondidos por temor a ser detenidos. Sobre el fuego en la bomba expendedora en la gasolinera ubicada a un costado del bulevar, Joel Martínez Arriaga negó que los estudiantes la hayan incendiado. Dijo que antes del incendio los policías federales se concentraron en la gasolinera, aunque no detalló cómo ocurrió la explosión sobre una bomba expendedora, consideró que los uniformados iniciaron el siniestro para culparlos. El normalista Pablo Juárez Cruz destacó que ni en el desalojo del ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo se registraron muertos, “hubo compañeros golpeados agredidos, pero nunca hasta esta situación, y en su primer año de gestión el gobernador Ángel Aguirre se convierte en un asesino de la normal de Ayotzinapa”. Los jóvenes responsabilizaron de los asesinatos y las agresiones a las corporaciones policiacas que participaron en el desalojo, la policía ministerial y la federal –entre éstos un grupo de élite. En la conferencia, el representante de la Red y Derechos Humanos Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, informó sobre la situación de los detenidos y denunció una serie de irregularidades,que consideran llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informó que de la lista de 24 detenidos, nueve eran normalitas, cinco estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Guerrero, cinco del Tecnológico de Chilpancingo, el resto jóvenes que venían de Coyuca a visitar parientes a la capital, que caminaron durante el bloqueo y estuvieron cuando se desató la balacera.