Da disculpas el gobierno a Valentina Rosendo, violada por militares en 2002 En

un acto público en la ciudad de México, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, dijo que ante la Corte Interamericana el Estado mexicano aceptó “parcialmente” su responsabilidad en la violación de los derechos de la indígena me’phaa. Por no quedarme callada he tenido consecuencias graves, dice la víctima. La cara del Estado mexicano en las zonas indígenas es la de la violencia expresada en la militarización y el despojo, dice Tlachinollan

Maribel Gutiérrez

Ciudad de México

El gobierno mexicano se disculpó en un acto público encabezado por el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, con la indígena guerrerense Valentina Rosendo Cantú, y cumplió así una disposición de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) por la violación sexual y tortura que cometieron soldados contra ella el 16 de febrero de 2002 y porque no se hizo justicia. Valentina, indígena me’phaa que cuando fue atacada por militares tenía 17 años, que fue rechazada por su comunidad tras la violación que sufrió y porque denunció a los militares, y tuvo que emigrar sola con su hija en brazos, declaró que desde el primer momento en que exigió justicia fue víctima de malos tratos, y después de agresiones, persecución y amenazas, la última en 2009. “Por no quedarme callada he tenido consecuencias graves”, dijo la joven, actualmente de 26 años, acompañada en el presidium por su hija Yeimi, de 10 años y su mamá María Cantú García. Asistieron también al acto en el Museo de la Memoria y la Tolerancia, en el centro histórico de la ciudad de México, su abuelito, Juan Santiago Victoriano, sus hermanos y hermanas. También estuvo en el presidium el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, que desde el primer momento se encargó de la defensa de la indígena violada, el presidente municipal de Acatepec, Federico Cantú, el comisario de Caxitepec, la comunidad de origen de Valentina. Asistieron decenas de defensores de derechos humanos de diversas organizaciones que ayudaron a Velentina Rosendo Cantú para seguir su demanda de justicia. Por el gobierno del estado participó como orador el secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, y como invitado el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, Juan Alarcón. Siete años sufrió Valentina la represión a consecuencia de su denuncia contra los militares, y en los dos últimos años la represión y las amenazas han parado, pero no porque el Estado mexicano garantice su seguridad e integridad, sino porque ella misma se protege de la persecución con acciones como salir definitivamente de Guerrero para vivir en un sitio que nadie conoce. El representante del gobierno federal que encabezó el acto, Alejandro Poiré, tres veces ofreció disculpas a Velentina Rosendo Cantú, y en una de ésas recordó que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad internacional en la violación de los derechos de Valentina Rosendo Cantú. Con el recordatorio de que el gobierno reconoció sólo “parcialmente” su responsabilidad en los hechos por los que fue condenado por la Coidh, se veía el acto público como protocolario, obligado. La mayoría de los asistentes mostraba con aplausos y a veces algunas frases su apoyo a Valentina, pero en el presidium, uno de los integrantes no aplaudía: el general Rafael Cázares Ayala, director de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, los funcionarios que fueron oradores en el acto, principalmente la procuradora general de la República, Marisela Morales, el secretario de Gobierno de Guerrero Humberto Salgado Gómez, y Poiré, evitaron mencionar que fueron efectivos del Ejército los que violaron y torturaron a Valentina Rosendo, que entraron al pueblo donde vivía, Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, en febrero de 2002, para buscar “encapuchados”, es decir guerrilleros. El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, principal defensor de Valentina Rosendo Cantú desde los primeros días, habló del valor de ella en su lucha por la justicia. Expresó que el caso de Valentina es expresión de lo que pasa en las regiones indígenas del país y de Guerrero, donde se violan todos los derechos, y planteó que para cambiar la situación es indispensable que la cara del Estado mexicano en las regiones indígenas sea la de la política social con enfoque de respeto a los derechos y cultura indígena, y no, como actualmente ocurre, “la cara de la violencia expresada en la militarización y el despojo de sus tierras y sus recursos naturales”. El acto se realizó en un auditorio donde caben sólo 200 personas, repleto de invitados. Se cumplió así con una obligación, aunque con retraso, pues la sentencia de la Corte Interamericana que condena al gobierno fue emitida el 31 de agosto de 2010. “Extiendo la más sincera disculpa”, expresó Poiré, de manera obligada, burocrática y fría, y reiteró el compromiso del gobierno de México de cumplir a plenitud la sectencia de la Corte, lo cual además es obligatorio, no optativo, y no ha cumplido en un año con cuatro meses después de emitida la sentencia. Es el tercer acto de disculpa pública que ha tenido que hacer el gobierno mexicano para cuplir con una sentencia de la Coidh, y el único en que la víctima dice que quedó conforme. Los dos anteriores, el de Campo Algodonero en Chihuahua fue motivo de críticas e inconformidades de las víctimas, y el del caso de la desaparición de Rosendo Radilla, en Atoyac tuvo que realizarse sin la participación de los familiares que ganaron la sentencia, porque no asistieron, en una manifestación de inconformidad y protesta porque la ceremonia la decidió el gobierno de manera unilateral. El defensor Abel Barrera enfatizó en su discurso dos demandas dentro de los puntos de la sentencia: que se realice una investigación transparente y que los militares responsables de la violación sexual y torturas sean castigados, y que se garantice la seguridad de Valentina y de su familia. La procuradora general de la República, Marisela Morales, informó que en acatamiento a la sentencia de la Corte Interamericana, la PGR ha atraido la investigación de los delitos cometidos contra Velentina Rosendo, y para ello se formó un grupo especial que tiene la instrucción de atender el caso con perspectiva de género y atención a la cultura indígena, y a realizar la indagatoria con transparencia y dar libre acceso al expediente a la víctima.