Cuauhtémoc Sandoval Ramírez

Ayotzinapa exige soluciones de fondo

La muerte de dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, ocurrida en el asfalto de la Autopista del Sol el pasado día guadalupano del 12 de diciembre, ha generado múltiples reacciones, comentarios, cambios en el gabinete, acusaciones mutuas entre la Policía Federal y la Policía Ministerial del Estado, que se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para el nuevo gobierno de Ángel Aguirre Rivero. De entrada, hay que reiterar lo que fue publicado anteayer en El Sur, y firmado por varios distinguidos guerrerenses, de que es inaceptable y condenable el asesinato de estos dos estudiantes de Ayotzinapa que habían bloqueado los carriles de la Autopista del Sol, en demanda del cumplimiento de viejas demandas para el buen funcionamiento de este histórico plantel normalista. Mi opinión personal es que se necesita tomar medidas de fondo: una profunda reestructuración del sistema de procuración de justicia, que ya está contenida en el proyecto –aún no circulado– de la nueva Constitución de Guerrero. En ese sentido, es saludable la foto que ayer apareció en la página 6 de El Sur, de que el gobernador de Guerrero acordó que la semana próxima se lanzará la convocatoria para que toda la sociedad guerrerense participe en el enriquecimiento del proyecto de la nueva Constitución Política del Estado. No se trata ahora de desmarcarse del gobernador y del equipo gubernamental, se trata de reforzar un esquema y un marco constitucional en materia de derechos humanos que destierre definitivamente estas prácticas autoritarias y represivas, que convierta en exigibles los derechos humanos y que modifique el estado de cosas en este tema histórico del desprecio y no respeto a los derechos humanos. Ello requiere incorporar a la discusión la nueva Constitución que elaboró un conjunto de especialistas guerrerenses y expertos de otras instituciones académicas del país, en el cual están contenidos un conjunto de elementos que hubieran acotado este tipo de prácticas criminales. Por ejemplo, contiene limitantes severas para la actuación de los cuerpos policiacos bajo la óptica de una preservación de los derechos humanos, y ante su eventual violación, un esquema de exegiblidad de los mismos, mediante la reparación del daño y el fincamiento de responsabilidades a quienes las violen. Asimismo, el proyecto recoge las experiencias de las Constituciones de otras partes del mundo y sobre todo de América Latina, con sus contenidos más avanzados en esta materia, y las traduce a la realidad nacional y estatal. La respuesta más consistente del gobierno de Ángel Aguirre Rivero a la actual crisis generada por el asesinato de los dos estudiantes de Ayotzinapa, será impulsar un cambio profundo en derechos humanos y sus instituciones, lo cual implicará una verdadera decisión fundamental y no sólo una respuesta coyuntural ante el escándalo nacional e internacional que se ha suscitado por este horrendo crimen. Es el momento de un cambio fundamental, en que las organizaciones de la sociedad civil, los organismos de derechos humanos, la academia, los sindicatos, los partidos políticos, todos los integrantes de la sociedad guerrerense sean incorporados al debate de la nueva Constitución y reflejadas sus posiciones en lo que serla la nueva Carta Magna cuya primera versión que ha sido formulado como un documento de base, requiere que se empiece a circular masivamente y sea conocido por todos y cada uno de los guerrerenses. El proyecto de nueva Constitución refuerza sólidamente la defensa irrestricta de los derechos humanos, pero también promueve la democracia participativa, una nueva relación entre los poderes del Estado con fórmulas parlamentaristas; establecimiento de nuevos organismos de Estado y organismos autónomos, además del reforzamiento de un régimen de responsabilidades de los servidores y funcionarios públicos. Pero no sólo eso, sino también una nueva relación del Estado con los municipios y el reconocimiento de la soberanía municipal, que favorezca su desarrollo y permita superar viejas prácticas institucionales y los rezagos que hoy se muestran claramente en el funcionamiento de nuestros 81 municipios de la entidad. En materia de seguridad y procuración de justicia, se ha propuesto que se formen cuerpos consultivos y directivos en su seno, en los que se integre a la academia, a la sociedad civil organizada y a los defensores de derechos humanos que establezcan directrices y protocolos en los cuerpos policiacos y ministerios púiblicos. Para la designación del procurador, el texto elaborado por el equipo de especialistas guerrerenses y nacionales, propone que para su elección haya una mayor participación de la sociedad y de los especialistas jurídicos, e incluso se han ventilado propuestas en el sentido de que este funcionario sea electo por voto popular, lo cual le daría una amplia autonomía y legitimidad a esta representación social. Por otra parte, se ha propuesto la creación de la figura del Defensor del Pueblo de Guerrero, dotada de plena autonomía y nombrada por el Congreso por mayoría calificada, de 10 distinguidos guerrerenses de reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos, propuestos por la sociedad, la academia, mediante consultas públicas y abiertas, los cuales integrarán un consejo directivo que a su vez designará al Defensor del Pueblo, figura que sustituiría a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y que cubriría con un conjunto de atribuciones constitucionales y legales que hacen posible en colaboración con el poder judicial, el cumplimiento obligatorio de los derechos humanos, mediante juicios de restitución obligatoria de estas prerrogativas interpuestos ante los jueces estatales. El carácter progresista del proyecto de la nueva Constitución incorpora también a órganos de Estado, que horizontalizan más la toma de decisiones en cuestiones fundamentales. Por una parte, la Corte Constitucional que será el máximo órgano jurisdiccional de interpretación de la Constitución del Estado y encargada también de la resolución de los conflictos que se susciten entre los poderes locales y organismos del estado. En ningún caso sustituye las funciones federales en materia del amparo. Sólo un poquito de historia. El tema del artero asesinato de los dos estudiantes de Ayotzinapa tiene que ver también con personajes que han metido las manos en este conflicto. Me refiero a Elba Esther Gordillo, a Zeferino y su secretario de Educación José Luis González de la Vega Otero, quiénes quisieron desaparecer la Normal Rural de Ayotzinapa, y a Rubén Figueroa entre otros. ¿Ya se nos olvidó que fue Héctor Vicario, a principios de julio pasado, el padrino de la generación 2010 de los normalistas egresados de Ayotzinapa? A grandes males, grandes remedios. [email protected]