Llama el Congreso local al gobierno a atender daños por el sismo del sábado

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

Ayer en el Congreso del Estado ningún diputado tocó el tema de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa muertos, ni hubo tampoco exhortos al gobierno del estado para atender sus demandas, justo cuando un contingente de jóvenes realizaba una manifestación frente al Palacio de Gobierno. Así que los diputados sólo dieron trámite a los asuntos agendados, que aprobron sin discusión y por unanimidad, como el exhorto dirigido al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para que oriente recursos para el rescate de edificios históricos que resultaron dañados por el sismo registrado el pasado sábado 10 de diciembre. Orto exhorto parecido fue aprobado para que Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) rehabilite los tramos carreteros afectados por el sismo, y a la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del estado, al Instituto Guerrerense de Infraestructura Física y Educativa y a la Subsecretaría de Protección Civil, todas del gobierno del estado, para que evalúen, certifiquen y cuantifiquen los daños ocurridos a edificios públicos y escuelas por el sismo. Fue la diputada del PRD María Antonieta Guzmán Visairo quien presentó en tribuna el exhorto, criticando que en las principales ciudades como Acapulco y Chilpancingo no se encuentran desplegadas alarmas sísmicas, más allá de unas cuantas oficinas públicas e instituciones de educación, de ahí que el sismo del pasado sábado haya tomado por sorpresa “inclusive a las autoridades de Protección Civil municipales de esas ciudades, pues no se tiene un centro de monitoreo que cuente con una alarma sísmica para enfrentar con la mayor rapidez una contingencia de este tipo”. Guzmán Visairo afirmó que la muerte de dos personas, los daños a más de 100 casas, el colapso de una de las torres de la iglesia de Santa María de la Asunción en Chilpancingo y los daños a otros edificios como el Museo Regional o el ex Palacio de Gobierno, son evidencias contundentes del desastre que puede ocurrir con un sismo como el del pasado sábado. “Imaginemos la gravedad de lo que pueda suceder en caso de una repetición de este fenómeno con una mayor magnitud”, alertó. Detalló que dos de las tres muertes que dejó como saldo el temblor en Guerrero, sucedieron en carreteras del estado, una en un tramo de jurisdicción estatal cerca de Ixcateopan y otro en la Autopista del Sol cerca del poblado de Palo Blanco. Por tal motivo, Guzmán Visairo hizo un llamado a la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), y a Caminos y Puentes Federales, a fin de que revisen, refuercen y rehabiliten la infraestructura carretera para garantizar un flujo seguro de los automovilistas que por ahí transitan. Lamentó que familias de tres edificios del Infonavit en Chilpancingo hayan optado por abandonar sus hogares ante el riesgo de que tres edificios de ahí colapsaran, pues recordó que desde hace varios meses han demandado a las autoridades estatales y municipales la rehabilitación de sus edificios, y en esas condiciones se encuentran varias unidades habitacionales en Acapulco y Zihuatanejo, edificaciones de más de 40 años. E hizo un llamado al gobierno del estado a reforzar las medidas de protección civil mediante campañas intensivas de difusión de la cultura de la protección civil y la realización constante de simulacros en caso de terremoto, incendio o cualquier otra conflagración, e invitó la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo urbano a reforzar los caminos carreteros en el estado y al Instituto Guerrerense de Infraestructura Educativa para rehabilitar los centros estudiantiles en la entidad. A las autoridades municipales de los principales municipios de la entidad, Guzmán Visairo las conminó a que destinen recursos para la capacitación de elementos de protección civil y el reforzamiento de las áreas vinculadas con este tema. Y al gobierno federal le pidió reaccionar oportunamente ante incidentes de esta magnitud, a través de sus dependencias como el Instituto Nacional de Antropología e Historia para restituir los baluartes históricos en la entidad que fueron afectados; así como a Caminos y Puentes Federales, quienes son responsables de la arteria de comunicación vial más importante en nuestro Estado, la Autopista del Sol, que “si bien es una carretera moderna, de calidad y costosa, a más de 18 años de su inauguración no ha logrado encontrarse al 100 por ciento en condiciones óptimas de seguridad para sus usuarios”. Aprueban Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos En otros asuntos, por unanimidad los diputados aprobaron el dictamen de la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del estado así como la Ley de la Juventud del estado; en ambas el diputado Celestino Cesáreo Guzmán subió a tribuna para razonar su voto. Celestino Cesáreo Guzmán manifestó que es de alta prioridad para el estado la aprobación de la ley para impedir que se coloque en una situación de riesgo las pensiones de los trabajadores al servicio del estado. “La situación financiera de ISSSPEG se encuentra en un punto crítico, corremos el riesgo de pagar altos costos si no tomamos las decisiones correctas a la brevedad posible”, señaló. Agregó que es necesaria la modificación al régimen jurídico para darle viabilidad financiera al sistema, pues de otra manera la situación actual del ISSSPEG “está francamente comprometida”, pues afirmó que en el corto plazo se advierte una insuficiencia de fondos para hacer frente a los compromisos que tiene con los trabajadores jubilados y próximos a jubilarse. Sobre la Ley de la Juventud Guerrerense, Celestino Cesáreo manifestó que los tristes acontecimientos del lunes pasado en el que fallecieron dos jóvenes normalistas de Ayotzinapa, “nos hace ver la importancia que reviste contar con un instrumento normativo que garantice plenamente un mínimo de derechos de este sector de la sociedad”. Luego afirmó que con su aprobación los jóvenes tendrán derecho a los programas y acciones gubernamentales y a participar en la planificación y desarrollo de las políticas públicas, teniendo atención prioritaria las madres solteras, discapacitados, jóvenes indígenas, víctimas de cualquier delito, en situación de calle, exclusión social o privación de la libertad. De igual forma, los diputados aprobaron la adición a la Ley número 159 de Salud del estado para hacer frente a la problemática de obesidad y los trastornos alimenticios.