Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* Entre miles, ¿qué son cuatro desaparecidos más?

El caso de los cuatro desaparecidos en la carretera el 19 de junio al pasar por Xolapa, el de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, el de los 16 reportados en Chilapa en mayo pasado, el de los 560 denunciados por familiares en Iguala, o finalmente el de los 26 mil registrados en la estadística nacional, todos remiten a una situación dramática que hiere a miles de familias y al país y refleja la incapacidad gubernamental para garantizar la seguridad de las personas.
No hay ninguna singularidad en el caso de los cuatro desaparecidos de Xolapa, pues reproduce las mismas características de sospechosa impenetrabilidad que suelen estar presentes en estos hechos, y la misma ineficacia por parte de las autoridades para reaccionar con prontitud o por lo menos con respetuosa institucionalidad. Pero la admirable fuerza que los familiares de las víctimas imprimieron a las protestas en demanda de su localización ha convertido a estos cuatro desaparecidos en el símbolo más reciente de la tragedia que oprime con especial virulencia a Guerrero.
“El viernes 19 de junio, Marvin Hernández Ortega, José Osvaldo Ortega Saucedo, Julio César Mejía Salgado y Raymundo Tepeque Cuevas, desaparecieron en la carretera federal después de visitar a familiares en Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero”, relató en una carta publicada aquí Alejandro Paul Hernández Naranjo, familiar de Marvin Hernández.
A partir de aquel viernes, la ineficacia ha corrido a sus anchas por cuenta de la Fiscalía General del Estado y de su titular Miguel Angel Godínez Muñoz, cuyo comportamiento bravucón sólo acentúa la suspicacia sobre el trabajo que ha realizado en la búsqueda de los desaparecidos y en el estudio de los restos de los cuatro cadáveres encontrados el día 24 de junio en la sierra de Chilpancingo, que la Fiscalía asegura que son de los cuatro desaparecidos.
No sólo ha fracasado la Fiscalía en la búsqueda desplegada, sino que con su indolencia transformó en un proceso tortuoso lo que debió haber sido una identificación incontrovertible y profesional, notificada a los familiares con el respeto que los deudos merecen.
“Me mantengo en nuestro dictamen, en lo que dijimos”, manifestó el sábado el fiscal Godínez Muñoz, en referencia a la versión oficial de que los cuerpos corresponden a los desaparecidos. Fue una nueva respuesta a la postura de los familiares, quienes han denunciado que ellos no reconocen los cuerpos que les fueron mostrados, porque no hay coincidencias con los desaparecidos y porque, además, cuando estos cadáveres fueron hallados habían pasado ya unos quince días de su deceso, mientras que los cuatro desaparecidos apenas llevaban cinco días sin ser localizados.
A pesar de que el gobernador y el mismo fiscal han declarado estar dispuestos a que se realicen otras pruebas de ADN para establecer la identidad de los cadáveres y disipar las dudas de los familiares, hasta ahora no se les han practicado, y la demora no puede ser casual.
Es notorio e injustificado el desdén del fiscal hacia los familiares, y es evidente también que le irrita que hayan puesto en duda la veracidad y el profesionalismo de las pruebas que, según el funcionario, se hicieron a los cuerpos de Santa Bárbara. Pero su conducta solamente aviva el descrédito con el que fue recibido el anuncio de que los cadáveres son los de los cuatro desaparecidos.
Si los familiares no pudieron reconocer a ninguno de los secuestrados, la Fiscalía debía profundizar las pruebas –como dice el fiscal que está dispuesto a hacerlo, pero no lo hace–, hasta agotar todas las posibilidades.
Las dudas de los familiares son razonables y tienen sustento, y si por cerrar el caso a toda prisa el fiscal deja de tomar en cuenta sus denuncias, podría generar un fiasco muy grande y comprometer gravemente la procuración de justicia.
Mejor dicho: ya está comprometida la institucionalidad de la Fiscalía, pues la postura de los familiares no obedece a su intuición sino a la comprobación física de que los cuerpos que les fueron mostrados no son los de los cuatro desaparecidos, como lo expresaron con toda claridad en el oficio entregado al Congreso la semana pasada, en el cual plantean que sólo al fiscal Miguel Ángel Godínez “no le quedó claro que nuestra postura es que los cuerpos no corresponden a nuestros familiares, que sus estudios deben ser contrastados con otras instituciones e inclusive la posibilidad de los forenses argentinos o algún otro perito a propuesta de las familias”.
En el mensaje a los diputados locales, en el cual solicitan la destitución de Godínez Muñoz “por su falta de profesionalismo, ineptitud y la falta de resultados contundentes”, los familiares denuncian la existencia de “información contradictoria sobre el hallazgo de las credenciales de elector de Marvin Hernández y José Osvaldo Ortega y la siembra de las credenciales en los cuerpos presentados”, lo que supone una manipulación totalmente inaceptable por parte de la Fiscalía, cuyo objeto sería aparentar que los cadáveres son de los desaparecidos.
Si por los medios apropiados queda demostrado que los cadáveres de Santa Bárbara no son los de los desaparecidos en Xolapa, como han denunciado sus familiares, el fiscal Miguel Angel Godínez habrá incurrido en delitos graves que lo inhabilitarían para continuar en el cargo. No es cualquier cosa sembrar cadáveres, nada menos que desde la institución encargada de esclarecer cualquier crimen, y falsear su identidad para salir de un atolladero.
Si, en cambio, nada pasa pese a las denuncias firmes de los familiares, quedará comprobada la ausencia de un compromiso del Estado con los derechos humanos, por lo demás visible en los numerosos casos documentados de un año a la fecha, en primer sitio los de Tlatlaya y Ayotzinapa, y en el saldo acumulado de 26 mil desaparecidos y miles y miles de muertos. En ese contexto de impunidad generalizada, dirá el fiscal Godínez, ¿a quién le importan cuatro desaparecidos más?

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