Vidulfo Rosales Sierra

Orden público o derechos sociales

Las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las autoridades del estado de Guerrero, en agravio de los estudiantes Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, representa un grave retroceso en materia de derechos humanos en Guerrero. Los nefastos acontecimientos del 12 de diciembre desenmascararon a este gobierno. Mostraron su verdadera vocación autoritaria, dejando al descubierto lo que muchas organizaciones sociales y de derechos humanos han estado denunciando, que la estructura gubernamental es la misma de los gobiernos caciquiles autoritarios del pasado. Esos gobiernos y poderes fácticos que tanto daño le han hecho a Guerrero y que lo mantienen en el sótano del desarrollo. Responsables de más de 600 desaparecidos, cientos de asesinados y encarcelados por motivos políticos. La secretarías de Desarrollo Rural, Desarrollo Social, de Educación y de Salud, están llenas de funcionarios y burócratas insensibles, déspotas autoritarios, arrogantes y racistas que miran con desprecio a los indígenas, campesinos y gente pobre que acuda a gestionar diversas demandas. Los miembros de los cuerpos policiacos siguen siendo los mismos pistoleros al servicio del cacique, aquel que obedece órdenes para matar al adversario político. No se trata de una policía que realiza una investigación científica y que cuide de la seguridad ciudadana. Son los clásicos matones. El mejor policía en Guerrero es aquel que tiene el más largo historial homicida, el que amedrenta con pistola en mano, el que no se tienta el corazón para matar en un abrir y cerrar de ojos. Todo este aparato estatal que en años anteriores estuvo al servicio de los intereses caciquiles es totalmente el mismo que conforma este gobierno. Aunque con los gobiernos del PRD se nombraron secretarios y directores de áreas, sin embargo la estructura está intacta, por ejemplo no es un secreto que Alberto López Rosas nunca tuvo el control de la Procuraduría de Justicia. Los comandantes y los auxiliares de los ministerios públicos, hacían lo que querían, nunca obedecieron una instrucción. Pero no sólo eso, para esta clase de funcionarios lo primordial es privilegiar la integridad de las instituciones y el orden público a cualquier costo. Las reivindicaciones y demandas sociales no tienen la menor importancia. A los campesinos, estudiantes y otros sectores del pueblo trabajador que protesta, por la indolencia y el olvido secular del gobierno, son estigmatizados de violentos, rijosos, revoltosos y vándalos. En los círculos gubernamentales y de la burocracia se crea un ambiente de animadversión al pueblo trabajador. Lo que un servidor escuchó de un policía ilustra lo que estamos comentando. El día 13 de diciembre me encargaba de la defensa de los estudiantes detenidos, por lo que a menudo tenía que ingresar a los separos de la Policía Ministerial. En una de esas me encontré con un policía de esta corporación, que lo conocí en la escuela de Derecho. Por curiosidad le pregunté si había estado en el desalojo y me contestó lo siguiente: “no, si así fuera hubiera matado a todos esos pinches lacrosos”, refiriéndose a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, que estaban detenidos y torturados. La afirmación anterior parece condensar ese sentimiento de desprecio hacia los estudiantes que protestan por un derecho. A la vez resulta preocupante que un servidor público encargado de brindar seguridad a los ciudadanos diga sin ningún empacho que si en sus manos estuviera mataría a decenas de personas que desde su punto de vista son “lacrosos”, sólo porque alzan la voz y exigen un derecho constitucional. De igual forma las plumas de personajes del gobierno que escriben en ese prestigiado diario llaman a los estudiantes a no manifestarse. Sugieren que lo acontecido el 12 de diciembre fue una acción legítima del Estado para restablecer el orden. Los funcionarios cesados por las ejecuciones extrajudiciales de los normalistas, llaman a defender al gobierno de los manifestantes. No dicen nada del derecho a la educación, se olvidan que se han negado a dialogar con los estudiantes para resolver sus demandas. Omiten analizar que el gobierno tiene un policía que carece de profesionalismo, que actúan como matones que esperan recibir órdenes del cacique. La muerte de los estudiantes Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, constituye una ejecución sumaria o extrajudicial. De acuerdo con el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, son ejemplos de ese tipo de ejecuciones las muertes producidas a consecuencia de la utilización desproporcionada de la fuerza por parte de miembros de la policía o fuerzas militares durante actividades de aplicación a la ley o de mantenimiento del orden público. Por eso los hechos ocurridos el 12 de diciembre deben ser condenados en todos sus términos. Es evidente que la utilización de la fuerza fue desproporcionada. La policía no se sujetó a los estándares de uso de la fuerza y utilización de armas de fuego. Pero también las autoridades encargadas de la política interna no realizaron su trabajo. Es inconcebible que un gobierno democrático no haya podido atender mediante el diálogo un problema tan simple. No se trata de privilegiar el orden público ni de condenar las manifestaciones públicas. Se deben ir sentando las bases para resolver los problemas de fondo. Existen decenas de conflictos agrarios que datan de varios años sin resolver, la inconformidad de los campesinos opositores a la presa La Parota, más de 215 acciones penales contra varios líderes sociales y defensores de derechos humanos, la desaparición de los ambientalistas Eva Alarcón y Marcial Bautista. La falta de hospitales, escuelas y vivienda en la región de La Montaña y otras partes son problemas que el gobierno está soslayando resolver. Los secretarios de despacho cierran las puertas y se niegan alzar el teléfono a los ciudadanos que piden solución a estos problemas. Argumentan que están muy ocupados, cuando andan en reuniones para hacer amarres de grupos ante la cercanía del proceso electoral en puerta. Por ello es fundamental la articulación del movimiento social independiente. La ejecución extrajudicial de Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría no debe quedar impune. Es el momento de sacudirnos de este gobierno caciquil que ha oprimido al pueblo de Guerrero por años.