Tlachinollan

Reconocer responsabilidad Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan

Si el gobierno de Aguirre pretende mostrar en los hechos la vocación democrática de la que aun presume, debería comenzar por reconocer su responsabilidad y cooperar para el pronto esclarecimiento de los hechos, e inmediatamente después atender las demandas de fondo de los estudiantes de Ayotzinapa.

A la memoria de Jorge Alexis y Gabriel En México, frente a casos de graves violaciones a los derechos humanos, la impunidad ha sido la regla constante. Los recurrentes abusos son seguidos, casi siempre, de un cierre de filas de los poderosos para encubrir a los responsables. Pocas veces en nuestra historia reciente hemos visto que los crímenes de Estado sean seguidos de procesos donde se esclarezcan los hechos, se procese a los responsables y se repare el daño. La norma mexicana es que no se adopten medidas destinadas a la no repetición de las conductas que más agravian a la sociedad. En Guerrero, este patrón de impunidad se ha consolidado como parte de la forma de gobernar de la élite política local. Las masacres contra la población civil en los años sesenta y las desapariciones forzadas de los setenta se enlazan con las masacres de Aguas Blancas y El Charco en una continuidad cifrada por la oprobiosa impunidad. En esta entidad, lacerada por la violencia y la pobreza, siempre ha sido posible violar los derechos humanos sin temer una sanción política, administrativa o penal. En Guerrero, sin duda, la responsabilidad gubernamental por los abusos nunca ha sido reconocida. Esta semana dos eventos, dos hechos contrastantes que dan cuenta de los contradictorios tiempos que vivimos han vuelto a poner de relieve esta indignante tradición. Por un lado, en un acto tan solemne como inédito, el Estado mexicano representado por el secretario de Gobernación federal reconoció su responsabilidad por la violación sexual y tortura cometida en contra de Valentina Rosendo Cantú, el 16 de febrero de 2002 por soldados del Ejército Mexicano. El reconocimiento se hizo ante Valentina, protagonista por años de una búsqueda de justicia que la ha expuesto a riesgos, y en presencia de representantes de los tres poderes y los tres niveles de gobierno, entre los que se encontraban servidores públicos de la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Se trató de un acto sin precedentes, que invirtió por completo la lógica prevaleciente en casos de graves violaciones a derechos humanos. Tras un largo y complejo proceso de diálogo, Valentina logró doblegar a un Estado reticente a reconocer su responsabilidad, quedando ella en el centro de un acto público diseñado conforme a sus exigencias. En tiempos donde se privilegia la razón de Estado por encima de los derechos, Valentina logró forzar a las autoridades a que reconocieran lo ocurrido, pidieran disculpas y se comprometieran con el cumplimiento de la sentencia. No sólo eso: durante el acto tomó la palabra para externar de viva voz su sentir y reivindicar su identidad de mujer me’phaa. Es cierto: durante la ceremonia solemne fue notoria la incomodidad de los servidores públicos que intervinieron al estar cara a cara con una mujer a quien el Estado que representan había vulnerado en lo más íntimo. Pero el dubitativo desempeño de las autoridades fue sobrepasado por el peso simbólico de un acto que, en un entorno donde la impunidad es la regla, desde la vivencia de la propia Valentina Rosendo Cantú constituyó una expresión mínima de justicia. En ese sentido, durante el acto de reconocimiento público de responsabilidad, quienes acompañamos a Valentina acariciamos por un instante el fin de la impunidad. Así debe ser la justicia, pensamos muchos, al ver a esa menuda mujer me’phaa romper el muro de la impunidad orillando a los más altos funcionarios del Estado mexicano, acostumbrados a nunca asumir personalmente las consecuencias de sus actos, pedir perdón, como habrá de ocurrir en unos meses en el caso de su compañera Inés Fernández Ortega. Para las víctimas la impunidad no es sólo la ausencia de sanción jurídica de los abusos. Es, sobre todo, la herida abierta cuando su vivencia de dolor es negada por las autoridades que dicen servirles, como si nunca nada hubiese ocurrido. La reticencia a reconocer una violación a derechos humanos es, en sí misma, una nueva violación en la medida en que expone a las víctimas a la humillación de ver negado lo que más las lastimó. Desde esta perspectiva debe observarse la reacción del gobierno encabezado por Ángel Aguirre Rivero tras los lamentables sucesos del 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, el otro evento al que nos referimos. Como es sabido, esa violenta jornada dejó en la entidad una cauda de graves violaciones a los derechos humanos de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, siendo las más graves la ejecución extrajudicial de dos normalistas y el fallido intento de incriminar dolosamente a otro más, incluso a través de la tortura . Los hechos, según indican tanto el testimonio de las víctimas como los valientes trabajos gráficos y escritos que han difundido periodistas de diversos medios, incluyendo a los de esta casa, no dejan duda sobre lo ocurrido: ante una expresión de protesta social generada por la indolencia gubernamental, las autoridades de nuestra entidad respondieron, como en los tiempos del brutal figueroísmo, con la fuerza pública y no con las herramientas del diálogo político. Con ello generaron una situación en la que las carencias policiales propiciaron un escalamiento del conflicto, que tomó un cariz trágico cuando el rebasamiento de las corporaciones de seguridad culminó con la irrupción en el lugar de los hechos de elementos de la Policía Investigadora Ministerial que, llevados por esa propensión a la violencia injustificada que les caracteriza, hicieron uso irracional del fuego letal contra los normalistas. La carretera no sólo no quedó limpia, contra lo que deseaba el gobierno estatal, sino que quedó manchada a perpetuidad con la sangre de dos jóvenes que no debieron morir. La respuesta frente a lo ocurrido evidenció que el gobierno estatal continúa atado por los atavismos de la tradición autoritaria guerrerense. En vez de reconocer responsabilidad por lo ocurrido y anunciar una investigación pronta y expedita, inicialmente se pretendió ocultar lo sucedido, como un anticipo del manto de impunidad que sobre los hechos sería tendido. De manera errática se pretendió criminalizar a los propios estudiantes, en un intento de usar ilegítimamente el sistema de justicia, que no se concretó por la oportuna intervención de periodistas y defensores de derechos humanos. Después, el gobierno de Ángel Aguirre intentó disolver su responsabilidad por lo ocurrido acudiendo a los recursos más característicos de los autoritarios gobiernos priístas, evidenciando que éste entendimiento del ejercicio gubernamental no se desdibuja con la adscripción a siglas y colores distintos a los del tricolor. Así, los voceros gubernamentales hablaron de oscuras conspiraciones; de intereses aviesos que habrían intervenido en los hechos del 12 de diciembre de 2011, como si los guerrerenses no conociéramos la pudrición que desde hace décadas se incuba en la Policía Ministerial del estado, verdadero nido de asesinos. El “control de daños” fue el mismo de siempre: no asumir responsabilidad, negar lo ocurrido y disipar la gravedad de las violaciones a derechos humanos propagando neblina y confusión desde el aparato gubernamental. Pero esta vez el intento ha sido infructuoso. Pervive en la sociedad guerrerense un profundo sentimiento de indignación ante la vil ejecución extrajudicial de dos jóvenes cuya única pretensión era estudiar en condiciones dignas la carrera magisterial para volver con conciencia social al servicio docente, como años antes lo hiciera Othón Salazar. Es anticipado prever dónde culminará la indignación, en un estado donde los gobernantes no han llegado al término de sus mandatos constitucionales ante el embate de las robustas movilizaciones sociales que periódicamente emergen desde las profundidades de la tierra guerrerense. Pero es claro que, si el gobierno de Ángel Aguirre pretende mostrar en los hechos la vocación democrática de la que aun presume y que en buena medida fue desmentida el 12 de diciembre de 2011, debería comenzar por reconocer su responsabilidad y cooperar para el pronto esclarecimiento de los hechos, y después atender las demandas de fondo de los estudiantes de Ayotzinapa. Pedir disculpas y comprometerse con la justicia, como lo hiciera el Estado en el acto de reconocimiento de responsabilidad de Valentina Rosendo Cantú. De lo contrario, la vana referencia a perversas conjuras y el intento de encubrir lo sucedido, sólo evidenciarán la persistencia del mismo talante autoritario del figueroísmo en el actual gobierno; en este sentido, de prevalecer la impunidad el 12 de diciembre de 2011 se añadirá a Aguas Blancas o El Charco en la lista de abusos que hieren la memoria guerrerense.