Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAIS

Aguirre, brutalidad al desnudo

Los acontecimientos en los que hace ocho días perdieron la vida los dos jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa colocaron en una crisis profunda e irreversible al gobierno de Ángel Aguirre Rivero, quien a partir de entonces no ha cesado de cometer un error tras otro. Ayer mismo protagonizó dos o tres, según se vea, cuando primero hizo que Alberto López Rosas ofreciera una conferencia de prensa para insistir en su teoría de que quienes dispararon contra los estudiantes fueron los policías federales, no los ministeriales que estaban a su cargo, y luego al desvincularse oficialmente del alegato del ex procurador, pese a que fue la misma teoría que éste había expuesto en el banquete que el gobernador ofreció a dirigentes y diputados del PRD el viernes pasado en la residencia Casa Guerrero. Y no puede sino considerarse un error el veloz escape protagonizado ayer por Ángel Aguirre en el Paseo del Pendón, atemorizado por la aproximación de un centenar de normalistas al centro de Chilpancingo. Según parece, así serán los días para Aguirre Rivero y su gobierno en tanto no se produzca el desenlace de esta crisis. Y no se ve cuál pueda ser ese desenlace si no es el juicio político al gobernador, solicitado por los estudiantes y por numerosas organizaciones sociales a la Cámara de Diputados y que eventualmente concluiría en su destitución. El temor a ese juicio político ha impulsado a Aguirre a invocar el apoyo de las dirigencias nacional y estatal del PRD, que empezaron a movilizarse en su auxilio. Ese fue el objetivo del banquete de suculentos medallones de res que el gobernador ofreció el viernes a los dirigentes estatales, diputados y funcionarios del PRD, al que fueron invitados los destituidos López Rosas y Ramón Almonte para “explicar” el tema del doble asesinato. La consecuencia del llamado del poder empieza a notarse. El presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local y coordinador de la fracción perredista, Faustino Soto, sin considerar las serias implicaciones de sus palabras se alineó al interés de Ángel Aguirre y en los hechos suprimió la calidad de interlocutor que el Congreso debía tener para los estudiantes inconformes. Igualmente reconocidos líderes de la izquierda, como Eloy Cisneros, se exhiben dispuestos a poner su prestigio al servicio del gobernador con el señuelo de que el episodio del 12 de diciembre podría ser una maniobra de ex gobernadores, línea que quedó definida por el propio presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, quien acusa al PRI de capitalizar políticamente la muerte de los jóvenes porque Héctor Vicario apadrinó a una generación de egresados de esa escuela. Aunque esa teoría choca aparatosamente con la versión de López Rosas, que subrepticiamente es también la de Ángel Aguirre, de que fue la Policía Federal la que mató a los normalistas. Pero todos los argumentos que exponga el gobierno se estrellan con la contundente declaración que dio el general Ramón Arriola al terminar la refriega, en la que dijo que “el gobernador me ordenó limpiar y la carretera está limpia”. Esa declaración apareció en todos los medios el 13 de diciembre, y el general Arriola no la ha desmentido, y aunque quisiera de todos modos no podría porque ya está dicho. Intentó desmentirla el gobierno a través de una carta que envió a este diario el director de comunicación social, Pedro Julio Valdez Vilchis, pero no es posible concederle crédito por la simple razón de que él no es el general Arriola, y cuando la carta fue remitida éste era ya un particular. Ángel Aguirre optó desde el principio por la simulación antes que por la verdad y la justicia. No lo hizo el 12 de diciembre, lo hizo desde el instante en que tomó posesión del cargo el 1 de abril. Esa fue su conducta en numerosos compromisos que había hecho en su campaña. Quizás sea mucho pedir a los gobernantes hombría al reconocer sus errores o los de sus colaboradores, pero hombría es lo que le faltó a Aguirre. Lo evidencia el primer comunicado oficial emitido por su gobierno tras los sucesos de la Autopista del Sol, y la absurda postura asumida en defensa de los agentes ministeriales y policías del estado, sustentada en la versión de que no dispararon porque ni siquiera iban armados, por lo cual debía pensarse en la intervención de infiltrados. Pero pretender que “personas ajenas” habían detonado la violencia, e incluso acusar a los propios estudiantes de haber ido armados a la protesta, fue una primera y fallida maniobra oficial que puso en evidencia la pérdida absoluta de conexión con la realidad por parte del gobierno y del propio Aguirre. La prueba de ello está en el comunicado del gobierno, en el que increíblemente no hay ninguna referencia al asesinato de los jóvenes pero sí una exaltación completamente fuera de tono del supuesto talante democrático del gobierno y del gobernador. Ese documento, oficial y no desmentible, es una constancia del desprecio gubernamental hacia las dos víctimas y mostró que la prioridad de Aguirre Rivero ha sido desde el primer momento salvar su pellejo aun a costa de destazar el de otros (siempre que no sea Humberto Salgado), como se vio al día siguiente con el despido de funcionarios de la Procuraduría y de la Secretaría de Seguridad Pública. Y como se ha seguido viendo en las decisiones del gobernador desde aquel funesto día. Ahora, conocer la verdad y procurar justicia por el asesinato de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús son tareas subordinadas al objetivo de impedir que la crisis acabe con el gobierno de Aguirre, o peor todavía, con su gobierno y con su carrera política como la matanza de Aguas Blancas acabó con la de Rubén Figueroa Alcocer (aunque no con su poder). Pero recurrir al PRD no es el movimiento central de Aguirre, pues a pesar de que Marcelo Ebrard obtuvo el control de la fracción de los diputados federales de ese partido a través del zeferinista Armando Ríos Piter, allí los perredistas son minoría. No puede ser esa su aspiración, pues sabe que la probabilidad de que el juicio político prospere en la Cámara de Diputados depende de cuán dispuesto esté el precandidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, a prescindir de un gobernador que en los hechos le ha sido leal, más a él que al que es formalmente su nuevo partido. La orden de Peña Nieto, dueño y señor de la fracción priísta, decidiría la suerte de Aguirre en la Cámara de Diputados. Y no lo va a sacrificar, lo que augura para el estado un conflicto social de largo plazo. Disfrutar de todas las prerrogativas y privilegios, pero no asumir ninguna de las responsabilidades asociadas al ejercicio del poder, es casi la única actitud que se conoce de los políticos y gobernantes en México. Por eso para Aguirre y su grupo político es legítimo aferrarse al poder. Renunciar por hechos como los del 12 de diciembre es una decisión que está fuera de sus códigos de conducta. Aguirre Rivero no entendió que ni el país ni el estado son los mismos que cuando gobernaba el PRI, matriz de su pensamiento y arsenal de sus reflejos políticos; por eso ordenó culpar a los estudiantes, a “personas ajenas”, a los policías federales. Esas estrategias funcionaban hace cuarenta años, cuando engañar a la sociedad era un mecanismo rutinario del sistema autoritario del PRI. Hace dieciséis años no le funcionó a Rubén Figueroa Alcocer para esconder lo sucedido en la matanza de Aguas Blancas. Es evidente que esa táctica menos iba a funcionar frente a una sociedad alerta e insumisa, y sobre todo si los hechos se produjeron en presencia de un número apabullante de testigos. Y sin embargo Aguirre ha persistido en esa estrategia, sin escuchar el clamor social. En las horas cruciales del asesinato dejó pasar la oportunidad histórica de demostrar que era gobernador de un partido de izquierda, compareciendo con sensibilidad y humildad ante la opinión pública y asumiendo su responsabilidad en los hechos. Si en estas circunstancias el PRD no discierne con inteligencia su posición, dará la espalda y se aislará del movimiento social desarrollado por los estudiantes, con el riesgo de pagar su actitud en las urnas. Para el PRD, entregarse a los intereses personales de Aguirre equivale a sepultar su historia. ¿O ahora es de izquierda brindar apoyo a un gobierno que asesina a estudiantes? [email protected]