Llevaron a los ocho detenidos al cuartel militar de Tlapa para acusarlos de fabricar bombas molotov

*Fueron sometidos a presiones y malos tratos por soldados y policías federales que les tomaron muchas fotos y les mostraron botellas de refrescos, garrafas de gasolina, de aceite y mecha, y querían obligarlos a decir que eran objetos de su propiedad

Carmen González Benicio y Antonia Ramírez

Tlapa

(Segunda parte)

Después de que fueron detenidos en diversos lugares el día de la elección en Tlapa, cinco maestros, dos mujeres y un adolescente, fueron concentrados en un retén de la Policía Federal, y trasladados al cuartel del 93 Batallón de Infantería. Ahí, con presiones y malos tratos, militares pretendieron obligarlos a reconocer que les pertenecían unos objetos que se utilizan para hacer bombas molotov, y otras cosas que se emplean en las protestas.
La intención era fabricar un escenario para acusarlos de pretender boicotear las votaciones, con violencia, y los militares que los interrogaron mencionaron la quema de una camioneta en el puente del río Jale, el mismo día, para acusarlos también de ese hecho.
Los testimonios de los cuatro maestros entrevistados por separado hablan de el retén de policías federales, ubicado entre la bodega del INE y el módulo de Policía Municipal de Atlamajac, en donde fue detenido el profesor Pablo Abad  Díaz, quien contó que luego de su detención lo acercaron a unas patrullas donde tenían a otras personas y a quienes les pidieron se identificaran con nombre y edad antes de subirlos a las patrullas que los llevarían al cuartel del 93 Batallón del Ejército.
Todos recuerdan que ahí los tuvieron después de las 3 de la terda, y todos terminaron con las manos sujetadas con un plástico de amarre, les mentaban la madre una y otra vez, les decían que agacharan la cabeza, les pidieron su identificación, sus nombres, edad y los amenazaron que si daban uno falso su sentencia aumentaría.
Recordó que ahí se identificó otra persona que llevaba unas botas amarillas, pero al cuartel no llegó alguien con ese tipo de calzado y en eso coincidió con Juan Sánchez quien dijo que la persona se identificó como Ramiro Pineda de 49 años quien no apareció en el Batallón y suponen que lo soltaron o no saben su paradero.
El profesor Francisco dijo que mientras estaban en el retén “nomás alcanzaba a escuchar una voz que decía positivo, negativo, yo no sé qué significaba eso para ellos, a lo mejor había gentes que señalaban o no sé porque decían esos términos”, (tal vez se refería al momento en que detuvieron a Pablo Abad).
Pablo Abad dijo que al abrir la caja del carro para que subieran vio botellas de vidrio y  garrafas pegadas a los costados y tuvieron que brincarlas para que alcanzaran en la camioneta y se los llevaran al cuartel militar.
Permanecieron en el retén de 20 a 30 minutos y cerca de las 4 de la tarde los subieron a las patrullas rumbo al cuartel del 93 Batallón de Infantería, a un kilómetro de distancia aproximadamente, donde los custodiaron unos 30 policías federales y militares.
Al llegar al cuartel los cuatro entrevistados coincidieron que al bajarlos los acusaron de hacer bombas molotov y de ser los dueños de las cosas que llevaban en las camionetas.  Fueron flanqueados por dos policías federales  que los fueron colocando uno por uno, “bien formaditos” con la espalda a una pared, quitándoles los plásticos de las muñecas (cintas de amarre, cable o tirrajes plásticos).
Ahí se dieron cuenta de que eran ocho detenidos, porque todos se identificaron nuevamente con su nombre y les quitaron sus pertenencias en que varios llevaban su credencial del INE, llaves, celulares, memorias.
El profesor Francisco Ortega Vicente (que cuando fue detenido dijo a los policías federales que era albañil) contó:  “me preguntaron mi nombre, cuántos años tenía, a qué me dedico; ahí dije que mi profesión era maestro, pues estaba en manos de los soldados quienes decían que si mentíamos era un delito más, dijeron también algo así como qué bonito trabajo de maestros; no respondí”.
Juan Sánchez contó que al decir su nombre lo separaron “venga para acá”, y pensó que le iban a decir algo, “pero con radios y claves me regresaron al lugar”, y le cuestionaron si los ocho detenidos se conocían porque todos son maestros y respondió que no porque son de diferentes etnias nahua, na savi y uno de la Normal, el jovencito y las dos mujeres.
Aunque algunos se ubicaban de vista, no de nombre como a  Pablo Abad y al que sí conocían era a al profesor Juan Sánchez,  porque su casa está cerca del local de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y su familia tiene un ciber y papelería, pero a las dos mujeres y el adolescente no.

Bajaron de las patrullas tres rejas con botellas de refrescos y garrafas de gasolina y aceite

Coincidieron en que después de colocarlos contra la pared, los militares y federales bajaron de las patrullas tres rejas de botellas de refresco con papel higiénico, dos garrafas a medio llenar de gasolina, aceite (según les dijeron los federales), banderas rojas enrolladas, cohetones, un CPU, una computadora portátil que les pusieron al frente  y les dijeron que reconocieran como propias esas cosas, mientras les tomaban fotografías, “muchas fotografías”, remarcaron.
Juan Sánchez dijo que algunos reconocieron sus cosas, como Pablo Abad, que ahí dijo que lo habían detenido en la carretera cuando iba en su carro y que la lap y el cable eran suyos, pero no la mochila.
El maestro Raúl Sierra recordó que insistentemente les decían a los detenidos que las cosas eran de ellos, “esos materiales no sé de dónde los sacaron, no eran de nosotros, cuando me subieron al carro ya estaban ahí, insistí en que sólo había ido a imprimir un documento y entregar papeles y me respondieron: aquí vas a decir que es tuyo”.
A Raúl Sierra también le quitaron su teléfono celular, sus llaves y su memoria USB que contiene información de su centro de trabajo al igual que a Francisco Ortega: “me quitaron mi celular, la llave de mi carro, iba la llave de mi escuela, eso era todo lo que tenía en la bolsa de mi short”.
Pablo Abad dijo que escuchaba sin responder a las preguntas que hacían para incriminarlos, “no sabía dónde recogieron ese material, me detuvieron en la carretera casi al llegar a mi comunidad y eso ya lo llevaban, decían esto se dedican a hacer, nos gritaban que no los viéramos, que nos agacháramos y que alzáramos la cara para las fotos”.
“Creo que fue para fabricarnos el delito porque nos tomaron muchas fotos de diferentes ángulos con esas cosas, lo que sí reconocí fue mi computadora portátil y su cable que estaba en mi carro al momento de  mi detención”, expresó.
Comentó que mientras estaban pegados a la pared sonó su teléfono celular y los militares se lo quitaron destrabándole el cinturón para sacar el estuche, donde llevaba el sello de la comisaría de Atlamajac y tres memorias USB con información de los cargos que desempeña como subdirector de la Normal Regional y comisario de su pueblo.
Pablo Abad mencionó que los federales los acusaron de que “habíamos sido nosotros los que quemamos la camioneta en el puente, que nosotros éramos culpables de la quema de la camioneta y por eso estábamos ahí”, recuerda que le dijeron.
Unos pedían agua y les dijeron que tomaran de las garrafas con gasolina y aceite, y a las mujeres las hicieron esperar para llevarlas al baño, hicieron que se aguantaran.
Después de las fotos con los materiales que les pusieron enfrente, las preguntas sobre sus actividades, su relación y los señalamientos para responsabilizarlos de hacer bombas molotov y quemar la camioneta en el puente, los federales y militares les dijeron que los iban a trasladar directamente a Nayarit.
Un soldado se les acercó para leerles sus derechos como ciudadanos detenidos “cada uno podía hacer una llamada a los familiares cercanos; buscar un abogado mientras declarábamos en un Ministerio Público federal y si no teníamos, ellos se encargaban de ponernos uno”.
Los subieron con mentadas de madre a un helicóptero, “nos empacaron uno sobre las piernas del otro, haciendo una fila en la plataforma, ellos (los militares y federales) ocuparon los asientos”.
Pablo Abad dijo que cuando los iban a subir al helicóptero “vi que mi lap y el cable los metieron en una mochila que no era mía, porque yo la cargaba suelta en el carro, había dos piedras cerca y en una división metieron la lap y en otra una de las piedras que estaban en el piso”.
En el helicóptero los ocho detenidos fueron custodiados por ocho o diez elementos entre policías federales y militares, pero sólo sobrevoló unos 20 o 30 minutos, como tres a cinco vueltas y descendió.
Los profesores dijeron que ninguno se había subido a un helicóptero, pero sintieron que no podía elevarse atribuyéndolo al sobre peso porque después de sobrevolar descendieron al mismo lugar, vieron la colonia Gocen y la carretera de Tlatzala y llegaron a la misma conclusión.
Los bajaron y los sentaron en una banqueta, mientras resolvían la manera de llevárselos porque no podían volar, uno de los federales se quejó de que les habían mandado el helicóptero más viejo pues no podía elevarse. Mientras esperaban uno de los ocho pidió agua les dieron una botella con agua caliente y los obligaron a tomarle “tómense todos un trago grande”, les gritaron.
Al profesor Francisco le preguntaron “¿qué comen porque pesan mucho? Tuvieron suerte de que pudo aterrizar porque si no, no la contábamos todos”.

En helicóptero, tirados en la plataforma, los llevaron de Tlapa a Acapulco

Finalmente los volvieron a subir, ahora con menos policías federales y militares  intercalándolos, “creo que para equilibrar el peso de gorditos y delgados, pero bien agachaditos”, dijo el profesor Francisco y así los trasladaron a Acapulco, les dijeron que los llevarían al Ministerio Público. Los materiales también fueron trasladados.
En el trayecto uno de los ocho se puso mal, le faltaba el aire, y los policías se acercaron a darle aire y lo levantaron hasta que se tranquilizó, se refirieron al profesor Ángel Basurto Ortega.
Los tiempos son aproximados y señalan que fue como las 5:30 de la tarde que llegaron a  Acapulco y lo supieron porque así les dijo la licenciada de Derechos Humanos, de quien nadie recordó el nombre, que subió al helicóptero y les dijo que el presidente de Acapulco tenía conocimiento de ellos al igual que el gobernador que los requería en Chilpancingo.
Recordaron que les preguntó si estaban bien, si no estaban golpeados. La funcionaria ya los encontró sentados, porque antes de que ella subiera, los levantaron de la plataforma del helicóptero donde iban tirados, los acomodaron en los asientos que antes ocuparon los policías federales y militares “siéntense aquí, relájense”, les dijeron, recordaron los cuatro entrevistados.

Abel Barrera les informó que había negociaciones para intercambiarlos por policías federales

De ahí el trato fue “suave”, se tranquilizaron y se atrevieron a hacer preguntas y manifestar que algunos se sentían mal, como el profesor Ángel quien dijo que estaba mal por la forma en que los llevaron, y mandaron a traer paramédicos, le tomaron la glucosa, la presión, le pusieron una inyección y esperaron como 15 minutos mientras se estabilizaba y revisaron a quien lo solicitó, como Juan Sánchez a quien le dolía el cuello por la forma en que lo detuvieron.
El profesor Juan Sánchez contó que cuando le dijeron que derechos humanos estaba interviniendo pidió hablar con el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, con quien habló para preguntar qué ocurría.
Dijo que Abel Barrera primero le preguntó si estaban bien y él le respondió que sí, que  habían llegado a México, pues seguían en el aeropuerto, y eso les dijeron en el Batallón, que los llevarían a México, pero ahí lo corrigieron diciéndoles que estaban en Acapulco.
Agregó que Barrera Hernández le comentó que las cosas estaban complicadas en Tlapa, ya que se había armado el problema por su detención y la gente tenía retenidos a policías federales para intercambiarlos por ellos y se estaba en la negociación.
Tras esa plática les ofrecieron de comer y  algunos lo hicieron porque tenían hambre, “no quise, no tenía hambre, qué se puede esperar del Estado, uno no sabe qué tipo de alimento te dan”, dijo Pablo Abad, y agregó que Julián, el adolescente, fue uno de los primeros en tomar alimentos y descansaron un poco de ir agachados.
El profesor Francisco recordó que ahí la licenciada de Derechos Humanos les dijo que los trasladarían a Chilpancingo a declarar a la agencia del Ministerio Público y de ahí los  regresarían a Tlapa con sus familiares porque las cosas estaban muy tensas.
Les informó que no los trasladarían en helicóptero por ciertas cuestiones y harían el viaje por tierra, en patrullas, porque el gobernador quería verlos.
Antes de salir de ahí aprovecharon para pedir sus pertenencias como el carro, el sello de la comisaría, celulares, llaves y documentos, y la licenciada de Derechos Humanos tomó nota y le dijo que hicieran una lista y la hicieran llegar al gobernador para que les entregaran sus pertenencias, pero dos semanas después no les habían devuelto nada.
Los bajaron del helicóptero y los distribuyeron en las patrullas, pero antes de subir les dijeron que se quitaran los zapatos, los cinturones, pero la licenciada de Derechos Humanos se acercó a decirles: “van de traslado, no detenidos, usted póngase el cinturón y ustedes los zapatos, van de traslado, no detenidos”, remarcó, pues ya les habían quitado el cinturón y los zapatos.
“Nos metieron amontonados en las camionetas porque yo iba cargando a un compañero, luego él me cargó ya que se metió un policía por cada lado. Íbamos cinco atrás, con los dos policías a los costados y el chofer y el copiloto”, contó Pablo Abad.
“No nos dejaban ni ver, nos gritaban si hacíamos algún intento, qué ves, agáchate. El camino fue tortuoso porque nos insultaban y amenazaban o no nos hacían caso a las peticiones de ir al baño como la del adolescente Julián, pidió bajar al baño hasta que finalmente lo dejaron, pero estaba muy nervioso y no podía hacer lo que le generó que le gritaran y lo insultaran”, señaló el maestro.