Guerrero, primer lugar en agresiones a periodistas con 38 casos en seis meses

* Dieciocho son amenazas y 17 agresiones físicas y materiales, informa un reporte de la organización independiente Artículo 19 con sede en Londres

*La oficina del Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos pide más información a los familiares de los desaparecidos en Chilapa

*Basado en una historia real, película de ficción de Alemania denuncia el tráfico de armas de ese país a México que fueron usadas contra los normalistas de Ayotzinapa

Guerrero, primer lugar en agresiones a periodistas con 38 casos en seis meses

“Por el contexto en donde laboran, El Sur es uno de los medios con mayor riesgo en lo que va documentado del 2015”, advierte en el apartado “Guerrero, foco rojo para el periodismo”, el informe de la organización defensora de los periodistas y la libertad de expresión con sede en Londres.

Dieciocho son amenazas y 17 agresiones físicas y materiales, informa un reporte de la organización independiente Artículo 19. Le siguen el Distrito Federal, con 33 casos, y Puebla con 29. Veracruz continúa como una de las regiones más peligrosas para la prensa en el mundo, con 18 asesinatos desde el 2000

Jacob Morales Antonio

En el primer semestre del 2015 la organización Articulo 19 documentó 227 agresiones contra la prensa en México.
Guerrero ocupa el primer lugar con 38 ataques, siendo los municipios de Acapulco, Iguala, Tixtla, Tlapa y Chilapa donde se concentró el mayor número de agresiones; el último municipio es “uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo en todo el país”.
En el 2014 se registraron 28 agresiones a periodistas en Guerrero. Señala que en el contexto electoral Guerrero resultó “adverso en contra de comunicadores y manifestantes”.
Destaca la cancelación de las elecciones en Tixtla y da cinco testimonios de reporteros de medios nacionales e internacionales que fueron víctimas de agresiones en la colonia Vicente Guerrero de esa ciudad, por integrantes del PRI.
El reporte Más violencia, más silencio, con un apartado titulado “Guerrero, foco rojo para el periodista”, publicado en el portal electrónico de la organización ayer, destaca que en Acapulco “se registraron seis agresiones, cuatro de ellas a personal del diario El Sur. Este medio ha sido víctima de seis agresiones en lo que va de 2015: dos agresiones físicas y materiales en Chilapa, y dos agresiones físicas y dos amenazas en Acapulco. Por el contexto en donde laboran, El Sur es uno de los medios con mayor riesgo en lo que va documentado del 2015”.
Articulo 19 señala que Guerrero “es la entidad con mayor número de agresiones documentadas en el primer semestre del 2015”.
La mayoría de las agresiones documentadas se concentraron en los municipios de Acapulco, Iguala, Chilapa, Tixtla y Tlapa, “termómetro de la situación de violencia en las zonas donde impera la violencia, el crimen organizado y la falta de instituciones sólidas”.
De las 38 agresiones en Guerrero contra periodistas, 18 son amenazas, 17 agresiones físicas y materiales, uno por hostigamiento y uno por acoso. Y una que no se precisa.
El documento de 11 hojas indica que la inestabilidad política y la violencia ha convertido a Iguala en un “foco rojo” para los periodistas que dan cobertura en Guerrero. “Los reflectores se dirigieron al municipio de Iguala tras el involucramiento de las autoridades locales en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa”.
En el primer semestre de 2015 se documentaron cinco agresiones en Iguala, incluyendo dos amenazas de muerte, un bloqueo informativo, el secuestro del periodista Bernardo Javier Cano Torres –ocurrido el 5 de mayo– y el homicidio con arma de fuego del voceador del Diario de la Tarde, Alfonso Solano Tierrablanca.
Mientras en el municipio de Chilapa la “disputa por el poder entre grupos del crimen organizado ha convertido al municipio en uno de los más peligrosos para ejercer periodismo en todo el país”.
En mayo Artículo 19 documentó 15 agresiones a periodistas por parte de integrantes del crimen organizado. Dentro de los 15 ataques documentados se encuentran seis amenazas, ocho ataques físicos y materiales y una retención ilegal en Chilapa.
Destaca que Guerrero fue uno de los estados en donde el contexto electoral “resultó más adverso en contra de los comunicadores y manifestantes”.
Señala que en Tixtla fueron anuladas las elecciones luego de la quema de cerca del 20 por ciento de las casillas.
El informe recupera cinco testimonios de reporteros que fueron víctimas de agresión física, amenaza de muerte, amenazas de agresiones físicas, robo de material de trabajo y bloqueo informativo, dos periodistas mexicanos y tres extranjeros.
“Tras sostener entrevistas con los cinco reporteros Artículo 19 registró que los perpetradores fueron, en todos los casos, personas que se identificaron como integrantes del Partido Revolucionario Institucional. En este caso preocupa la persistencia de amenazas a periodistas extranjeros, que utilizan un discurso de odio y de tipo xenófobo. Esta particularidad es grave ya que inhibe el trabajo de periodistas extranjeros en el país, inhibiendo la diversidad de voces en México”, señala el documento.
“En algún momento, un hombre perfectamente identificable se puso a gritar ‘sabemos quiénes son, que están en Ayotzinapa y los vamos a linchar’. También nos amenazaron a los extranjeros, ‘lárguense a su país o los vamos a linchar’, narró una periodista española independiente que pidió reservar su nombre por seguridad a la organización”.

En seis meses, seis periodistas asesinados en México

Artículo 19 señala que la crisis de derechos humanos que se vive en el país ha tenido un grave impacto en la libertad de expresión y a pesar de las advertencias y recomendaciones otorgadas por organismos internacionales, los casos se caracterizan por la inactividad del gobierno federal.
También denuncia la falta de investigaciones oportunas, imparciales y eficaces que protegen a los responsables de violaciones de derechos humanos y fortalecen el sistema de impunidad en México.
En el primer semestre de 2015 se documentaron 227 agresiones contra la prensa, 99 por debajo de las 326 registradas en todo el año pasado.
En el mismo periodo, el promedio anual de agresiones durante el gobierno de Felipe Calderón era de 182; tan sólo el primer semestre de 2015 supera por 45 agresiones ese promedio anual.
El documento destaca el asesinato de seis periodistas en México, de enero de 2015 a la fecha: Moisés Sánchez, Armando Saldaña y Juan Mendoza, en Veracruz; Abel Bautista y Filadelfo Sánchez, en Oaxaca, y Gerardo Nieto, en Guanajuato.
Señala que la entidad federativa con mayor número de agresiones registradas es Guerrero con 38 ataques; seguido por el Distrito Federal, con 33; y Puebla, con 29. Veracruz continúa como una de las regiones más peligrosas para la prensa en el mundo; se registraron tres asesinatos, que suman ya 18 desde 2000.
“Las cifras que reflejan la violencia contra la prensa durante el primer semestre de 2015 nos indican de manera categórica que la libertad de prensa está bajo constante ataque en nuestro país”, dice Artículo 19.
“No son números, lo que se busca plantear, son historias que nos deberían azorar y preocupar. La democracia no se celebra, se construye día a día”, señala el director de Artículo 19 de la Oficina para México y Centroamérica, Darío Ramírez.
El documento subraya que “la impunidad en la gran mayoría de los casos permite que las agresiones continúen. Las autoridades han sido omisas en su obligación por garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos en México”.
Artículo 19 documentó 51 amenazas; de las cuales 20 fueron amenazas de muerte. Además de 47 ataques a medios de comunicación, de los cuales destacan 23 ataques cibernéticos, seis actos de alteración o falsificación de información, seis bloqueos informativos o a fuentes de información y cuatro ataques a instalaciones con uso de armas y explosivos.
Veinte actos de hostigamiento y acoso, de los cuales sobresalen seis casos de hostigamiento y acoso laboral, cuatro despidos injustificados, dos actos de censura y dos actos de desprestigio sobre la dimensión sexual.
Además de 10 actos de intimidación por parte de autoridades, nueve casos de violencia institucional, incluyendo cinco inicios de un proceso penal, y un caso de intrusión no autorizada al domicilio de un periodista.
Se documentaron 23 actos de privación ilegal de la libertad, 17 detenciones arbitrarias, 5 retenciones ilegales y un secuestro. El Distrito Federal fue la entidad federativa con mayor número de privaciones de la libertad registradas en 2015 con cinco detenciones arbitrarias a manos de policías del Gobierno del Distrito Federal.

Pide la ONU-DH más información a familiares  de desaparecidos  en Chilapa

La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó a los familiares de los desaparecidos en esta ciudad para solicitar información de sus casos. El mes pasado ya ambas partes se reunieron.
Después de 57 días de que reportaron la desaparición de sus familiares en el ingreso de civiles armados a la cabecera municipal, los afectados siguen reuniéndose, porque guardan la esperanza de que en algún momento reciban noticias del paradero de los desaparecidos.
A ellos se unieron familias de desaparecidos en periodos anteriores para hacer su denuncia y demandar la presentación con vida de las víctimas.
Ahora el caso está a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) porque el fiscal General del Estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz se declaró incompetente para atraerlo, pues se dice que en la desaparición estuvo involucrada la delincuencia organizada, a pesar de que el funcionario afirmó que los desaparecidos fueron “retenidos” por autoridades comunitarias de pueblos de Chilapa.
Los familiares han dicho que se desesperan y que no les han brindado la información que demuestre que las autoridades están trabajando.
Sin embargo, cada uno de los familiares siguen pendientes de cualquier información o requerimiento que les hagan.
El pasado 15 de junio la ONU-DH acudió a la ciudad para reunirse con los familiares, para documentar los casos de sus desaparecidos sin importar cuándo sucedió el delito.
La ONU informó que determinaría si  hubo graves violaciones a los derechos humanos, y si es necesario posteriormente emitir una recomendación al Estado mexicano.
Como ya es costumbre de los familiares, desde las 10 de la mañana se reunen en un restaurante del centro de la ciudad, en esta ocasión una vez más ninguna autoridad los llamó para darles noticias de sus desaparecidos, sólo personal de la ONU-DH.
A poco menos de un mes de su visita a la ciudad, representantes del organismo llamaron para recabar más información al respecto. (Beatriz García / Chilapa).

Denuncia película de ficción el tráfico de armas alemanas a México y en particular a Guerrero

Agencia Proceso

Munich

Peter Zierler, tirador estrella y experto de la empresa productora de armas alemana HSW, acababa de instruir a un grupo de policías estatales de Guerrero sobre el uso del fusil de asalto SG38, cuando éstos salieron con las nuevas armas a reprimir una manifestación estudiantil que dejó un saldo de dos jóvenes muertos.
La violencia en esos hechos, en los que el propio alemán estuvo a punto de ser baleado por un estatal, le hicieron cobrar conciencia de lo oscuro del negocio con el que se ganaba la vida: armas fabricadas con tecnología de punta para ser vendidas, sin escrúpulos, a regiones del mundo –como México– donde el respeto a los derechos humanos no existe, pero sí una violencia exacerbada que mata a ciudadanos.
Además, los remordimientos del joven Zierler se agudizan al ser testigo de las negociaciones entre los altos jefes de la armadora, representantes del gobierno mexicano y autoridades alemanas, y darse cuenta de que eso que hacen no es del todo legal.
Y es que sólo mediante la corrupción y complicidad es posible que fusiles alemanes se conviertan en la herramienta de trabajo de los policías en entidades mexicanas como Guerrero, vetados por el propio gobierno alemán para ser exportados.
Tras un ejercicio de mea culpa, el joven Zierler decide tomar distancia de la gran fraternidad que representa la familia HSW –en la que producir armas es un asunto de tradición y casi de identidad–, y a partir de ese momento comienza para él y su familia un verdadero infierno.
En realidad, la armadora alemana HSW y el fusil de asalto SG38 no existen. Son una ficción llevada al cine por el director alemán Daniel Harrich en su más reciente película Meister des todes (Campeón de la muerte), que aborda justamente el caso de fusiles de producción alemana ilegales en México. El filme fue estrenado el pasado 30 de junio en el marco del Festival de Cine de Munich.
Si bien se trata de una película de ficción, el tema, los hechos y los datos que ahí se exponen no son un invento, sino una realidad. Para los conocedores del tema, la trama refiere al caso legal que involucra a la productora de armas alemana Heckler & Koch, y la sospecha de que ésta exportó deliberadamente y de manera ilegal fusiles de asalto G36 a Chihuahua, Jalisco, Guerrero y Chiapas.
“Meister des todes es un largometraje de investigación que narra el suministro de armas de una empresa alemana ficticia hacia México. Pero el contenido de la trama se basa en mis investigaciones de muchos años, en el trabajo conjunto con Jürgen Grässlin, Thomas Reutter y Wolf-Dieter Vogel, en miles de documentos secretos de Alemania, México y otros países, así como investigaciones actuales de la fiscalía”, explica en entrevista con Proceso el director de la cinta, Daniel Harrich.
Añade: “La película devela el entretelón y desarrollo de las exportaciones ilegales de armas, y la mayor parte de la trama es resultado de una investigación que aporta información hasta ahora desconocida”.
La euforia de los funcionarios de la ficticia HSW ante el jugoso contrato de compra de armas para el estado mexicano de Guerrero se diluye cuando reciben la información de que la entidad sureña está en la lista de sitios en los que está prohibido exportar armamento alemán.
El ánimo se recompone, sin embargo, cuando funcionarios del Ministerio de Economía y de la Oficina Federal de Exportaciones alemanes (encargados de otorgar las autorizaciones de exportación de armas) sugieren a los representantes de HSW, en diversos encuentros, eliminar de la lista de destinatarios de las armas a los estados en crisis. Un “ya lo que se haga en México, a Berlín no le interesa”, por parte de un funcionario, sentencia la solución al problema: modificar los documentos de tal forma que ante la autoridad alemana no se señale a las zonas prohibidas como destinatarias de las armas.
Complicidad, corrupción, co-ayuda. Si es una u otra cosa, quien tendrá que decidirlo es, en todo caso, la fiscalía de Stuttgart en el momento en que decida emprender el procedimiento legal contra la productora de armas alemanas. Y es que, a decir del propio Harrich, los diálogos ficticios en Meister des todes están basados en documentos oficiales en su poder que podrían dar un giro a las investigaciones reales.
Desde septiembre de 2010 –cuando el antiarmamentista Jürgen Grasslin denunció a H&K– la fiscalía alemana de Stuttgart investiga la posible responsabilidad del fabricante de armas en la violación de los lineamientos que prohíben exportar armas a regiones en situación de guerra civil o donde se violan los derechos humanos.
En febrero de 2014 el propio Harrich reveló en el documental de su autoría, Armas de exportación mundial fuera de control, la presencia de fusiles G36 no sólo en Guerrero, sino también en Jalisco, Chihuahua y Chiapas, los cuatro vedados por la autoridad alemana.
No sólo eso. El diario berlinés Tageszeitung (TAZ) publicó las investigaciones del periodista Wolf-Dieter Vogel, quien desde 2012 documentó la presencia de los G36 en Guerrero durante el enfrentamiento que sostuvieron policías federales y estatales con normalistas de Ayotzinapa durante un bloqueo en la Autopista del Sol, en Chilpancingo.
Después, en el otoño de 2013, Vogel también reveló la presencia del fusil entre la policía comunitaria de Tixtla, que a su vez lo había decomisado a la policía municipal.
Y más recientemente, en enero de este año, el periodista dio a conocer que la policía municipal de Iguala utilizó el mismo tipo de arma de manufactura alemana durante los sucesos del 26 de septiembre de 2014, cuando seis personas murieron y 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecieron.
Después de casi cinco años de investigación, en que los aportes periodísticos han sido fundamentales, todo apunta a que será durante este verano cuando la fiscalía alemana decida si emprende una demanda formal en contra de la empresa armamentista.
Aunque pareciera poco probable que un largometraje pudiera influir en el curso del caso, lo cierto es que en su cinta Harrich aportaría información hasta ahora desconocida, como los intercambios entre autoridades alemanas y representantes del consorcio de armas.
Ya en 2013, con su película La mancha ciega (Die blinde fleck) sobre el atentado terrorista de septiembre de 1980 en Munich, durante la celebración de la Fiesta de la Cerveza el Oktoberfest, en el que murieron 13 personas y 211 más resultaron heridas, y en el que también hizo revelaciones hasta entonces desconocidas, Harrich consiguió que se reabrieran las investigaciones en torno de ese caso.