Denuncian impunidad en el asesinato de ex tesorero de Cochoapa por policías preventivos

A pesar de que el caso es del conocimiento de la PGJE y la Codehum ya emitió una recomendación, no se ha procedido con el castigo a los responsables, dice Fabiola Ruiz Pinzón, viuda de Florencio Rojas Aguilar

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Familiares del ex tesorero del municipio de Cochoapa el Grande, Florencio Rojas Aguilar, denunciaron ayer en conferencia de prensa en esta capital, que el ex funcionario fue asesinado el 5 de febrero pasado en el interior de la cárcel municipal por policías preventivos, encabezados por Jesús, hermano del presidente municipal, Daniel Esteban González. Encabezados por la esposa del ex funcionario, Fabiola Ruiz Pinzón y la mamá de esta, Dorotea Pinzón Martínez, denunciaron que a pesar de que el caso es del conocimiento de la Procuraduría de Justicia, de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, que incluso ya emitió una recomendación, y de las autoridades políticas estatales, no se ha procedido con el castigo a los funcionarios municipales, incluido el alcalde. De acuerdo a la narración del caso por Fabiola Ruiz, la viuda, su esposo Florencio Rojas Aguilar, trabajó como tesorero municipal en el Ayuntamiento constituyente de Cochoapa del 2004-2008, cuando fue presidente municipal, Santiago Rafael Bravo. Sin embargo denunció que fue despedido en ese mismo periodo por lo que presentó una demanda laboral que se resolvió en el actual periodo que encabeza el alcalde Daniel Esteban González. Dijo que el laudo que ganó es por la cantidad de 600 mil pesos, cantidad que el presidente municipal se había venido negando a pagar. La viuda dijo que a partir de que su esposo ganó la demanda laboral comenzaron a seguir a su esposo gentes del Ayuntamiento, incluso, en algunos casos, a bordo de patrullas de la policía municipal. Agregó que el 5 de febrero su esposo se dirigió al rancho La Ciénaga, en donde tenía su ganado, hasta donde fue seguido por policías municipales a bordo de 2 patrullas. Dijo que en las cercanías de la localidad se registró una extraña balacera en la que murieron el director de Seguridad Pública, Antonio Hernández de Jesús, así como los hermanos Felipe y Mario Rojas Hernández, quieres eran civiles. La viuda denunció que, como consecuencia de esa balacera, detuvieron a su esposo quien se encontraba en la casa de un familiar en la comunidad de La Ciénaga, de donde lo sacaron los policías a golpes con las cachas de sus armas y se lo llevaron a la cárcel municipal de la cabecera municipal. Dijo que en la cárcel lo siguieron golpeando al grado de que hay evidencias fotográficas de sangre en las paredes, en el piso y fotografías donde su esposo yace en el piso amarrado con las manos a la espalda en el interior de una celda. La mujer mostró fotografías de su esposo aún vivo con un testículo cercenado, huellas de golpes en la espalda y sangre alrededor suyo cuando estaba detenido en la cárcel municipal. Dijo que a su esposo se lo entregaron, sin embargo, muerto, el 6 de febrero en el hospital de Tlapa, a donde lo habrían llevado todavía con vida para atenderlo, Aunque en el acta que redactó el síndico municipal, Margarito Cruz Chávez, señala que falleció entre 5 y 6 de la tarde del 5 de febrero y también asentó en el acta que su esposo murió en el enfrentamiento. Además dijo que el síndico asentó en el acta que a su esposo le encontraron droga y aseguran que participó en la balacera cuando la prueba de Harrison que le practicaron resultó negativa. Sin embargo aseguró que hay testigos que declararon que lo vieron entrar caminando a la cárcel municipal, cuando era llevado detenido por los policías municipales. La viuda denunció que incluso existe una denuncia ante la Codehum y que el organismo realizó una investigación en la que resolvió que su esposo murió como consecuencia de la tortura que recibió en la cárcel municipal y que emitió la recomendación MOR/SC/04/007 al Ayuntamiento para que se apliquen las sanciones al comandante de la policía municipal, Alberto Santiago Ortiz y a los policías que lo acompañaron en la detención de Florencio Rojas. También recomienda a la Procuraduría de Justicia que garantice el derecho a la justicia de Dorotea Pinzón Martínez, mamá de la viuda, quien fue la que presentó la queja en representación de su hija. Sin embargo, tanto Fabiola Ruíz Pinzón, como su mamá, Dorotea Pinzón Martínez, denunciaron ayer en conferencia de prensa que no se ha actuado, y que, por el contrario, el presidente municipal las mantiene bajo vigilancia y amenazadas. Incluso dijo que el 2 de noviembre hombres armados acudieron a su casa de Cochoapa y tiraron balazos a la fachada. Dijo que también lo han hecho en la casa donde se encuentran refugiadas en Tlapa, por lo que responsabilizaron al presidente municipal de lo que les pueda ocurrir. Se quejaron de que también acudieron a presentar la denuncia al Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, pero que toda la información fue filtrada al presidente municipal y que el organismo no quiso intervenir a su favor. También denunciaron que el Congreso local no ha querido intervenir, a pesar de que existe un escrito de cuatro de los seis regidores para que se realice una investigación del caso. Los regidores que firmaron el documento son Catarina Rojas García, Tadeo de la Cruz Sabino, Herminio Moreno Flores y Herminio Regino Hilario. En la conferencia de prensa denunciaron directamente a Jesús Esteban González, hermano del presidente municipal, como el que participó en la tortura de Florencio Rojas. Incluso mostraron la declaración de un testigo –que se encuentra en el expediente– que narra que el hermano del alcalde le colocó una varilla en el cuello para asfixiarlo. De todo eso, piden que se realice una investigación, pero denunciaron que no les han hecho caso, incluso en la Procuraduría de Justicia, a pesar de que hay presentado las pruebas. La viuda mostró, asimismo, un escrito con 600 firmas de ciudadanos de la cabecera municipal que piden que se investiguen estos hechos y que se castigue a los responsables, pero denunció que nadie de las autoridades les ha hecho caso.