Zeferino debe responder por los crímenes impunes ocurridos en su gobierno: Martha Obeso

Se realizó ayer en Chilpancingo el segundo foro de los Diálogos por la Paz y la Convivencia

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Antes de promover sus intereses políticos y presionar en busca de impunidad por las irregularidades financieras de su gobierno, el ex gobernador Zeferino Torreblanca debe primero responder “por la treintena de crímenes impunes de luchadores sociales, defensores de derechos humanos y destacados periodistas ocurridos durante su gestión, incluido el asesinato del presidente del Poder Legislativo, el diputado Armando Chavarría Barrera”, dijo ayer Martha Obeso Cázares, viuda de Chavarría. Obeso Cázares censuró que “con absoluto descaro y cinismo” el ex gobernador Torreblanca Galindo haya comenzado una campaña mediática para limpiar su imagen y buscar impunidad. En el segundo foro de los Diálogos por la Paz y la Convivencia, que se realizó ayer en Chilpancingo, dijo que como ciudadana agraviada –por la impunidad y anomalías en el proceso judicial en el caso del asesinato de su esposo–, pidió que ningún partido político cobije las aspiraciones políticas del ex gobernador Torreblanca. El foro comenzó a las 12 del día y contó inicialmente con la asistencia de unas 80 personas, pero al final del encuentro no había más de 30 en el salón; se presentaron 14 ponencias y hubo distintas intervenciones. El coordinador, Javier Morlett Macho, consideró que este fue un encuentro exitoso por la calidad de las participaciones, que presentaron propuestas novedosas, sobre participación ciudadana, para promover la educación y el deporte y reestructurar los sistemas policiacos. Destacó la participación del presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del estado, Juan Alarcón Hernández; del catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero, Max Arturo López, y del presbítero Baltazar Vega Ramos. Señaló que con esto se da la seguridad a los ciudadanos de que los foros son actividades serias y completamente ciudadanas. Además de los mencionados, estuvieron en el presídium, en representación de rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Jesús Álvarez Hernández; de la Liga de comunidades agrarias, Evencio Romero Sotelo; el ex secretario de Desarrollo Rural, Ramón Cárdenas, y la viuda de Armando Chavarría, Martha Obeso Cázares. En su momento, todos los participantes expresaron su reconocimiento y solidaridad a Javier Morlett, por la confirmación del asesinato de su hija Adriana Morlett. En su intervención, Martha Obeso señaló que los problemas principales en Guerrero no son solamente la inseguridad y la violencia, sino la pobreza y la marginación que ejercen una presión brutal sobre 70 por ciento de la población. Asimismo, dijo que si la violencia y la inseguridad han crecido de forma alarmante, junto a ello la impunidad es un efecto colateral del que no se puede desentender el gobierno, ni las autoridades de procuración de justicia, ni los poderes Judicial y Legislativo. “Cada crimen sin aclarar, cada matanza que es ejecutada sin que luego se conozca quiénes son los responsables, intensifica el temor y agrava la sensación de inseguridad”, dijo. Otro componente que va de la mano con la impunidad y que lacera a la sociedad es la corrupción y en este sentido, dijo que se sabe –por versiones periodísticas– que funcionarios del gobierno estatal anterior vaciaron las arcas del erario, por lo cual se anunció la presentación de demandas penales en su contra. Asimismo, Martha Obeso se refirió a la reaparición del ex gobernador Zeferino Torreblanca, y dijo que “como ciudadana agraviada, pido que ningún partido cobije sus aspiraciones, cualesquiera que sean, que primero nos responda por la treintena de crímenes impunes de luchadores sociales, defensores de derechos humanos, destacados periodistas ocurridos durante su gestión, incluido el asesinato del presidente del Poder Legislativo, el diputado Armando Chavarría Barrera”. En el mensaje de inauguración, el presidente de la Codehum, Juan Alarcón Hernández, manifestó que muchos se resisten a participar en estas luchas por la paz por temor y miedo, pero también por desconfianza, porque no sabemos con quién hablamos; nos dicen que denunciemos pero hay desconfianza, porque sabemos que muchas veces la autoridad ha participado en hecho delictivos. En su intervención, el representante del rector de la UAG recordó el secuestro del ex rector Arturo Contreras, porque “inicialmente todos pensaron que era estrategia política, algunos decían –sobre los 10 millones que pidieron de su rescate–, él robo más que eso”, cuando se supone que en la UAG hay una conciencia superior. Ahora, dijo, en la UAG se asume el compromiso de buscar medidas de mayor convivencia y de paz. El sacerdote Baltazar Vega Ramos planteó dar terapias espirituales, emocionales y anímicas a las víctimas de la violencia. De la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, Evencio Romero Sotelo se salió del tema y aprovechó para promover la construcción de la presa La Parota y permitir la entrada de las empresas mineras a las comunidades rurales, según dijo para reactivar la economía y dar oportunidades de empleo a los jóvenes. Rolando Gutiérrez Colmenares solicitó que los gobiernos municipales y el estatal garanticen espacios públicos para la presentación de problemas, y que en ellos se den respuestas oportunas y certeras; asimismo, que el reclamo de los manifestantes se difunda en el sistema de radio del gobierno del estado. La maestra Victoria Cruz Manrique propuso que los vecinos se organicen en las colonias para realizar tareas como limpiar maleza, gestionar alumbrado, reactivar módulos abandonados de seguridad, así como para realizar talleres. Agregó que los talleres permitirían elaborar croquis sobre la incidencia de los delitos y elaborar programas de trabajo para contrarrestar la inseguridad y concientizar a las personas sobre la importancia de denunciar. Silvestre Soto Contreras, del Movimiento Ciudadano, pidió cerrar cantinas y billares donde venden bebidas alcohólicas y drogas, porque son semilleros de la delincuencia, incrementar el salario de los policías de calle en 15 mil pesos, “que no sería comparación con los ingresos de los funcionarios y diputados locales”. Al final del encuentro, Javier Morlett informó que los siguientes foros se realizarán el 14 y 15 de diciembre, el primero en Tlapa, y ahí se suspenden las actividades hasta enero de 2012.