Desde abril, retiene Sagarpa 455 millones a productores de maíz, acusan organizaciones

*Los recursos serían para la compra de semilla mejorada y sembrar aproximadamente 370 mil hectáreas. En riesgo, la producción del grano para este año, advierten

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La coordinación del Foro Permanente de Organizaciones Sociales y Campesinas de Guerrero, denunció ayer en conferencia de prensa que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), no ha entregado a los productores de maíz de Guerrero 455 millones de pesos del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (Pimaf), que fueron radicados al estado desde el 16 de marzo.
Asimismo, acusaron a la Sagarpa y a la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) del gobierno del estado, del desvío de recursos que fueron destinados para las bodegas de los centros de acopio de maíz en Acapulco y Tierra Caliente, para beneficiar a acaparadores que están pagando el grano a los productores a un precio muy por debajo de lo justo.
En la conferencia de prensa, encabezada por los coordinadores Gerardo León Hurtado y Benito Rojas Paz, desconocieron a la coordinación paralela que recientemente fue presentada y que encabezan Humberto Nava Reyna, Pablo Cortés Barona y Miguel Rojas Bernardino.
El coordinador Gerardo León Hurtado informó que el delegado de Sagarpa, Carlos Alberto Hernández Sánchez, les informó que la partida para el Pimaf de 455 millones de pesos, fue radicada desde el 16 de marzo. León Hurtado agregó que ese recurso debió entregarse a los productores a más tardar en abril, “pero ya estamos a 8 de julio y los productores no han recibido los recursos de ese programa”, manifestó.
Dijo que los 455 millones de pesos serían, principalmente, para la compra de semilla mejorada y sembrar aproximadamente 370 mil hectáreas de maíz.
“Nosotros le exigimos a Enrique Peña Nieto y al secretario de Sagarpa nacional que se entregue el recurso que seguramente se llevaron para la campaña de Héctor Astudillo”, dijo y adelantó que en caso de que no se entreguen en Guerrero, este año no va a haber producción maicera.
Aseguró que debido a que la dependencia federal no ha entregado el presupuesto para que los campesinos trabajen, en regiones como Tierra Caliente, “si es un 6 por ciento de los productores el que ha sembrado es mucho, y a éstas alturas lo único que se encuentra en el campo es maleza y algunas manchitas sembradas de maíz”.
León Hurtado afirmó, sin embargo, que todavía es tiempo para que la Sagarpa entregue estos recursos, pero que si al 30 de julio siguen retenidos, después ya sería demasiado tarde.
Denunció que ya es una costumbre de que la dependencia federal retrase o no entregue el dinero de los programas a los productores, lo que ha provocado que se agrave la pobreza de la gente del campo.
Informó que para Guerrero se destinan en general anualmente aproximadamente 17 mil 800 millones de pesos para la inversión en el campo, “y si todo ese recurso se aplicara directamente en el campo el campesino guerrerense no sería pobre. Si hay pobreza en Guerrero es por los latrocinios de los diversos funcionarios públicos”, acusó.

Particulares acaparan excedentes por falta de bodegas

Por otra parte, dijo que de la temporada pasada hay un superávit de unas 800 mil toneladas de maíz para poder llevarlas a otros estados, pero que el problema es que los recursos destinados para las bodegas de los centros de acopio, han sido desviados para particulares tanto por la Sagarpa como por la Seder, mismos que están pagando el maíz a los campesinos a precios injustos.
“La Sagarpa, Conasupo, la secretaría de Economía y SDR saben que no hay la capacidad para que el productor tenga bodegas de acopio, pero es una incongruencia del gobierno del estado y federal que en lugar de darles las bodegas de acopio a los productores se las entregan a los coyotes y acaparadores.
Explicó que, por ejemplo, en las Chanecas, cerca de Tres Palos, en Acapulco, hay una bodega de acopio que fue construida por Sagarpa y Seder con una inversión de 29 millones de pesos.
Sin embargo aseguró que esta sólo es administrada por el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Ventura Reyes Urióstegui, “a pesar de que fue construida como bodega colectiva, en los hechos es personal, es de Reyes Urióstegui y su familia, cualquier gente de esa región puede constarlo”, denunció.
Añadió que lo grave es que el mismo dirigente firmó un convenio con Sagarpa y el Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco) en la ciudad de México, para poder comprar el maíz, “es decir se convirtió en un acaparador y a su vez es prestador de servicios de la delegación estatal de Sagarpa en Guerrero, pues le mandan recursos etiquetados de Sagarpa nacional”.
Informó que hay otra bodega de acopio en Tlapehuala y que esta, en los hechos, es propiedad de un grupo de cinco gentes; dos de ellos son uno de apellido Castillo y un médico veterinario que se llama Felipe. Aunque también debería ser bodega colectiva pues fue construida con una inversión de 27 millones de pesos por la Sagarpa y SDR.
Otra bodega más, de la que dijo que desconoce su inversión, fue construida en Arcelia supuestamente para beneficiar a los campesinos el valle de Tierra Caliente, sin embargo aseguró que los dueños son diez gentes.
“Por eso nosotros decimos que los programas sociales fuertes se han prostituido con la complicidad del gobierno federal y del gobierno estatal”.
Denunció que lo grave es que los gobiernos federal y estatal están fomentando el coyotaje a través de estos centros de acopio, puesto que allí están comprando el maíz a los productores a 2.40 pesos el kilo, cuando el precio justo para recuperación del ingreso a las familias campesinas es de 3.50 pesos el kilo.
León Hurtado denunció que con estas medidas el propio gobierno está fomentando que el campesino ya no siga sembrando maíz, puesto que ya no le es rentable.
En la misma conferencia, Benito Rojas Paz, los coordinadores del Foro, desconocieron a la otra coordinación paralela que recientemente se presentó encabezada por Humberto Nava Reyna, Pablo Cortéz Varona y Miguel Rojas Bernardino.
Benito Rojas Paz, mostró el acta constituida a nombre de Gerardo León Hurtado, Benito Rojas y Clementina Torres Cruz, (ésta última se pasó a la otra fracción). Dijo que esta coordinación fue electa por un periodo de un año y que este termina en diciembre.