Impiden ejidatarios inspección de Protección Civil en el Macrotúnel para sacar agua acumulada

*Funcionarios de la dependencia estatal llegaron con policías antimotines para hacer una revisión en la zona donde los inconformes mantienen un plantón en exigencia del pago de indemnizaciones por sus tierras. “Hay el riesgo de un derrumbe”, dice geólogo que finalmente logró ingresar

Mariana Labastida

Ejidatarios de El Cayaco, que desde hace más de siete meses mantienen un plantón para reclamar indemnizaciones al gobierno estatal por la obra del Macrotúnel en sus tierras, impidieron ayer el paso a empleados de la Secretaría de Protección Civil estatal y a especialistas que afirman que es urgente que se bombee el agua acumulada por las lluvias en esa área, porque existe el riesgo de un derrumbe.
Los funcionarios llegaron con seis patrullas de policías antimotines para poder ingresar si no se los permitían, y de ello los ejidatarios expusieron que es una forma de hostigarlos, y recordaron a los trabajadores de la empresa que realiza el proyecto que se dejó de sacar el agua del túnel porque les cortaron la energía eléctrica.
El comisariado Miguel Castillo Ortiz reprochó al subsecretario de Gobierno de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno, Sául Barrios Sagal, que no les hayan avisado con anterioridad de la visita y que hayan ido porque la constructora lo solicitó y no cuando ellos expusieron los riesgos.
También la apoderada legal de los ejidatarios, Jenny Sánchez Rodríguez, reprochó que las autoridades defiendan el dinero de un empresario y no les interese la vida de los habitantes asentados arriba de donde se construyó el túnel.
Por su parte, el consejero jurídico del estado, Héctor Rivera Estrada, explicó que las autoridades se reunirían ayer mismo para discutir los riesgos y, aunque minutos antes habían acordado con los ejidatarios esperar a la asamblea que les dijeron que se convocaría para hoy, después indicó que ellos no habían aceptado eso.
A las 8 de la mañana llegaron trabajadores de Protección Civil del estado con una patrulla de policías estatales, asío como personal de la empresa ICA, a la cual se le notificó de la inspección, según informó el jurídico de la dependencia estatal, Saúl Mejorada Ríos.
A las 9:30 de la mañana llegaron las seis patrullas con antimotines que se colocaron frente al acceso del terreno que usan los ejidatarios como estacionamiento a unos 30 metros de la palapa donde tiene el plantón.
Mejorada Ríos explicó que por las publicaciones en medios tiene conocimiento del riesgo en el Macrotúnel y por las acciones de mitigación de las que conocen, como el bombeo de agua, por lo que consideraron la revisión porque la obra está suspendida.
De la presencia de los policías, dijo que hay un apartado que les permite solicitar el resguardo, pero que no tenía conocimiento de la actuación policiaca.

“Quieren otro Ayotzinapa”

Luego de que los ejidatarios pidieron a las autoridades que les permitieran hablar con sus representantes legales, a las 10:30 de la mañana dejaron que dos inspectores de la dependencia pasaran, pero en el camino los interceptó la abogada Jenny Sánchez que les pidió que le mostraran la orden del juez para la inspección.
Mejorada Ríos señaló que la preocupación es que según la CNA se esperaba una acumulación de nubosidad y que el agua acumulada genere un problema.
Jenny Sánchez reprochó que para hacer el bien no se necesita de un amparo ni documentos, “nos molesta la manera en que lo están haciendo, nos preocupa lo que hace el gobernador, quieren que pase otro Ayotzinapa, son campesinos no delincuentes”, dijo en relación a la presencia de los antimotines.
La representante legal no permitió que se acercaran los trabajadores al túnel y les reprochó que “por seguirle cuidando la bolsa a las empresas privadas y seguir pisoteando los derechos de los ejidatarios nos quieren amedrentar, es un mensaje de Rogelio Ortega, no quiere que su gobierno se vaya manchado como el anterior”.
Agregó que siete ocasiones los han engañado con acuerdos y ya no confían, que si hubieran llegado solos los de la dependencia estatal los hubieran dejado pasar, aunque recordó que hay una comunidad arriba del túnel que debieron visitar antes.
Por su parte, el director de Sistemas y Normatividad de Protección Civil, Rafael Durand, indicó que hay la posibilidad de que el túnel colapse, por eso la revisión; al descender junto con el geólogo Daniel Saucedo, que tomó muestras de los cerros dinamitados para abrir camino a la entrada del túnel, dieron un informe al jurídico de la SPC.
El geólogo recomendó que se bombee el agua que hay en el túnel y amacizar el terreno, aunque sólo pudo revisarlo afuera, y dijo que es una zona inestable, de derrumbes y colapsamientos. El “pre análisis” lo entregaron a la empresa y a los ejidatarios.
Debido a que el objetivo de las autoridades era ingresar al túnel a bombear el agua, el representante de la Cicaeg, Abel de la Cruz Martínez, negoció con los ejidatarios que los dejaran pasar.
De la Cruz Martínez explicó que en el amparo otorgado por el Juzgado Octavo de Distrito se emitió una autorización para el bombeo del agua, por ello se buscaría un acuerdo de cada cuándo podría ir el personal ante el riesgo de algún derrumbe.
Agregó que la autorización se emitió el 3 de junio y se ratificó el 26 del mismo mes, y es el fundamento legal con el que iban en el intento de no violentar le procedimiento. El exponer los argumentos legales causó la molestia de los ejidatarios porque los iban intimidando con antimotines, y cuestionaron el porqué no se informó al comisariado por escrito y a la representante legal de que había una autorización.
El funcionario estatal intentó que los ejidatarios tomaran la decisión y los dejaran pasar, pero le aclararon que solo se haría con la aprobación de la mayoría de la asamblea, para lo cual se tendría que convocarla.
Después de varios minutos de intercambio de palabras, el  funcionario llamó al comisariado Manuel Castillo, a quien llevó en otro sitio de la misma palapa para hablar con quien no quiso dar su nombre a los reporteros, el subsecretario Saúl Barrios, quien le dijo: “el túnel ya no aguanta tanta agua”.
Saúl Barrios, junto con el consejero jurídico Héctor Rivera intentaron convencer al comisariado de que se reunieran hoy “para tomar un café, o en Protur, dennos esa oportunidad”.
El comisariado expuso que si los deja bombear cómo los van a presionar para que les paguen, además les recordó que había dos personas que puso el gobierno del estado a sacar el agua, sin embargo la propia empresa cortó la energía eléctrica, “ni modo que la saquemos con cubeta”.
Héctor Rivera indicó que seguramente hay varios malos entendidos, le explicó al comisariado que ellos merecen que les hablen del proyecto y pidió que les ayuden para tener una reunión.
El comisariado recordó que Saúl Barrios es una de las personas del gobierno del estado interesadas en destrabar el problema, pero que arriba de él hay quienes dijeron que dejaran el problema al gobierno entrante.
Se comprometió a hacer la reunión para consultar a los ejidatarios.
Por su parte, Saúl Barrios consideró que debe de haber flexibilidad de ambos lados, “yo no me voy a arriesgar a que se nos caiga el túnel”, y enfatizó que si el dictamen de PC le marcaba que el bombeo hoy o mañana se iba a hacer, “no urge no por nosotros ni por los señores, es por la inestabilidad del túnel”.
El consejero jurídico aseguró al comisariado que piden autorización para el bombeo y que iban de buena fe y “no a verle la cara a nadie”.
Después de dialogar con el comisariado ejidal, Héctor Rivera indicó que ellos no habían aceptado lo que minutos antes les ofreció el ejidatario, que fue convocar para una asamblea hoy y ahí, ante la mayoría de los inconformes, exponer porque era necesario bombear el agua.
Rivera Estrada agregó que ayer mismo se analizaría el dictamen de los dos especialistas de PC que subieron a un tramo antes de la entrada del túnel para que se valorara
Agregó que no los dejan entrar porque los ejidatarios “alegan” que no se les ha liquidado una parte de las tierras, y por eso promovieron el amparo que tiene suspendidas las obras.
Aseguró que no trabajan para la empresa ICA, sino que en el contrato con la misma el gobierno del estado tiene que garantizarles las condiciones para realizar la obra, y que el no hacerlo le cuesta dinero a la administración estatal.
Por eso estaban ahí, para “convencerlos de que nos dejen pasar por una circunstancia de fuerza mayor”.
De la presencia de los policías antimotines aclaró que es un mecanismo de seguridad porque no sabían cómo iban a ser recibidos.