Llama la Organización Mundial Contra la Tortura a investigar el uso excesivo de la fuerza en Tlapa

*Envía Gerald Staberock una carta a Osorio Chong y a la procuradora Areli Gómez en la que pide enjuiciar y sancionar a los responsables de los ataques del 7 de junio, tras una investigación pronta, exhaustiva y de forma imparcial e independiente

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El secretario general de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Gerald Staberock expresó su preocupación al gobierno mexicano por el uso excesivo de la fuerza pública en Tlapa durante las elecciones del 7 de junio, donde el activista Antonio Vivar Díaz fue asesinado por policías federales.
A un mes de los hechos, dirigió un escrito al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y a la procuradora de la República, Arely Gómez González en el que señala que el abuso de la fuerza pública “desencadenó en un maestro muerto y varios heridos de gravedad”, en referencia al activista Antonio Vivar.
Llamó a los funcionarios a investigar pronta, exhaustiva y de forma imparcial e independiente el caso, para enjuiciar y sancionar a las personas responsables.
Consideró que a la luz de la historia reciente se deben respetar de manera escrupulosa los derechos humanos en el país, anteponer el diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas con la comunidad de maestros y estudiantes en Guerrero, para evitar una progresiva escalada de la violencia y la prevención de ulteriores graves violaciones a los derechos humanos, como la desaparición de 43 estudiantes en Iguala a fines de septiembre de 2014.
El llamado surgió debido a la denuncia de los hechos que llevó ante ese organismo el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, de que el 7 de junio después del incendio de dos patrullas de la Policía Federal en Tlapa, a las 2:30 de la tarde, unos 24 policías federales allanaron arbitrariamente una propiedad privada, las oficinas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero (CETEG) en la colonia Tepeyac.
En la operación policiaca detuvieron a ocho personas, seis hombres, entre ellos un menor de edad que iba al transporte público en el momento de los hechos, y dos mujeres, sin ninguna orden de aprehensión.
Después de las detenciones, al menos 35 policías federales regresaron a la colonia Tepeyac a catear las instalaciones de la CETEG y llevarse dos camionetas de la organización magisterial, para lo cual se apoyaron de dos grúas de Tránsito Estatal.
En la colonia hubo una confrontación con vecinos que reprocharon a los policías sus actos, “el altercado escaló y los pobladores de la colonia impidieron la salida al grupo de 35 policías federales, advirtiendo que no los dejarían ir hasta que fuera liberado el grupo de maestros detenidos y detenidas, quienes estaban siendo trasladados por vía aérea a la ciudad de México en un helicóptero de la Marina”.
En respuesta a la retención, a las 3:30 de la tarde, la Policía Federal desplegó una operación con cientos de policías que asediaron a la población dos horas, y a partir de un proceso de mediación, la CETEG y la Colonia acordaron con las autoridades federales que los detenidos y detenidas serían trasladados a Tlapa de nueva cuenta, y una vez que éstos llegaran a la ciudad los policías serían liberados.
Sin embargo, a las 6.30 de la tarde, apenas terminado el horario para votar, los policías retenidos fueron llevados a la capilla de la colonia Tepeyac para resguardarlos de grupos ajenos a la colonia. Adentro había mujeres, jóvenes y niños en espera de que se concretaran los acuerdos.
Cerca de las 8 de la noche la Policía Federal incursionó en la colonia y desalojó de la capilla con gases lacrimógenos y balazos a los vecinos, para liberar a los federales retenidos, “lo que conllevó al terror entre las familias que se encontraban a la espera de noticias sobre el regreso de sus familiares detenidos”.
Los agentes también irrumpieron en casas particulares amedrentando a las familias de la colonia Tepeyac, provocaron un número indeterminado de heridos y personas en estado de shock.
Diversos testimonios e imágenes en los medios de comunicación dan cuenta de la participación de soldados del 93 Batallón de Infantería del Ejército, que tiene su sede en Tlapa.
El saldo de la irrupción de policías federales y militares fue de al menos cuatro heridos de gravedad y Antonio Vivar Díaz de 28 años, asesinado de un balazo.
“Es de nuestro conocimiento que al día de hoy la investigación de los hechos ha quedado soslayada, y no se ha hecho ningún pronunciamiento público sobre la gravedad de los hechos y el compromiso del gobierno federal respecto la importancia de llevar a cabo una investigación de las graves violaciones cometidas”, expone.