Abrir nuevas líneas de investigación, compromiso de la PGR con los padres de Ayotzinapa, informan

*El caso sigue abierto, continúan las diligencias y el trabajo serán sometido al análisis del Grupo de Expertos, dijo la procuradora Arely Gómez, da a conocer el abogado Vidulfo Rosales. “Se acordó un mecanismo periódico mensual de dotación de información a los padres de familia”, agrega

Gloria Leticia  Díaz / Agencia Proceso

Ciudad de México

Después de casi cuatro meses de rompimiento de conversaciones entre funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, este jueves se concretó una reunión con la titular de la dependencia, Arely Gómez González, gestionada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la reunión a la que asistieron también familiares de las personas fallecidas y heridas el 26 y 27 de septiembre en Iguala participaron -a petición de la dependencia y de los afectados- los integrantes del GIEI Alejandro Valencia, Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz.
En un brevísimo comunicado para referirse a la reunión de esta tarde, el GIEI consideró el encuentro como “un paso importante para avanzar en la investigación y mejorar la relación con los familiares”.
Tras indicar que los padres de las víctimas “hicieron diversos planteamientos” a la procuradora y a su equipo, el GIEI evaluó que “el resultado fue fructífero” al cerrarse algunos acuerdos.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra consideró “significativo que la procuradora se comprometió a abrir nuevas líneas de investigación”.
Rosales Sierra sostuvo que Gómez González fue “ambigua” cuando los padres de los jóvenes desaparecidos le preguntaron en diversos momentos sobre su posición sobre la “verdad histórica” de su antecesor, Jesús Murillo Karam.
Luego de mencionar que su primera impresión fue que la funcionaria “tiene poco conocimiento del caso”, abundó que “pese a que los padres le insistieron en que fijara una posición sobre las conclusiones de Murillo, lo único que se limitó a decir es que el caso sigue abierto, que hay diligencias que se están realizando y que se van a abrir líneas adicionales de investigación”.
Narró que en la reunión Arely Gómez no especificó “contra quién abriría líneas de investigación, sólo que la dependencia actuará contra quien tenga responsabilidad, dependiendo de los datos que se abran en la investigación”.
Reconoció que ni los padres ni sus representantes guardan “gran esperanza que lo vaya a hacer la PGR, pero está el compromiso en minutas de que se van a abrir las líneas de investigación que el caso lo amerite”.
Rosales dijo que entre los puntos de preocupación relevantes llevados por los padres de familia, destacan “la posición oficial como titular de la PGR respecto del caso, si para ella sigue abierto o cerrado, cuál el estado que guarda el expediente y qué es lo que tiene proyectado y tiene pendiente la PGR”.
El abogado agregó que además de su aseveración de que el caso sigue abierto, de que “hay diligencias que se están realizando”, y de que las nuevas líneas de investigación serán sometidas al análisis del GIEI, “se acordó un mecanismo periódico mensual de dotación de información a los padres de familia”.
El mecanismo de intercambio de evaluación, dijo, estará integrado por los titulares de las subprocuradurías Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y de Derechos Humanos, Felipe Muñoz y Omar Betanzos, una persona de la oficina de la procuradora, y por los agraviados una comisión de los padres de familia y abogados de Tlachinollan y del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
“No se estableció ningún tiempo para que se aborden nuevas hipótesis, sino que se estableció este mecanismo de información periódico mensual, y el próximo mes nos estaremos sentando y estaremos evaluando”, informó Rosales Sierra.
Al insistir en que la procuradora “no está muy empapada” en el caso de la desaparición de los estudiantes, resaltó que lo rescatable es que “el caso sigue en movimiento, que no está cerrado y hay un compás de expectativa que permite la apertura de nuevas líneas de investigación”.
Estuvieron el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio y los titulares de la SEIDO y de la Subprocuraduría de Derechos Humanos.

Entrega la asamblea municipal el Ayuntamiento de Tixtla a Ortega; se quedarán en el auditorio

*Que se cancelen las órdenes de aprehensión contra los activistas que participaron el boicot electoral el 7 de junio, piden a cambio

Lourdes Chávez

Tixtla

A nueve meses de la toma del Palacio Municipal para exigir la presentación con vida de los 43 alumnos de Ayotzinapa, y tras un mes de discusiones internas sobre la liberación de inmueble, el comité magisterial entregó el edificio histórico al gobernador Rogelio Ortega Martínez, a cambio de que se cancelen las órdenes de aprehensión contra los activistas que participaron el boicot electoral el 7 de junio.
En la tarde lluviosa y fría de ayer, los docentes dijeron que mantendrán en su poder el auditorio municipal, también sede de oficinas de gobierno, donde opera el Movimiento Popular en respaldo a los padres de los desaparecidos y en promoción y conformación del Concejo Popular Municipal como alternativa de gobierno.
En la lectura de un comunicado precisaron que ceden el edificio que fue la casa del general Vicente Guerrero “sólo para la restauración de los murales (que hay en su interior) y para que se lleve a cabo el proceso de entrega recepción”, y para no dar pretexto al manejo discrecional del presupuesto y las comprobaciones de las autoridades salientes.
Aseguraron que van a exigir cuentas al alcalde Gustavo Alcaraz Abarca, para que en caso de irregularidades se le aplique la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
Dijeron que tras romper el diálogo con el Ayuntamiento debido al hostigamiento del síndico procurador, David Martínez Valadez, se entabló comunicación con el gobernador, que se comprometió a reparar los murales afectados por la húmedad de la temporada de lluvias.
Asimismo, lo comprometieron a investigar el embargo del edificio que trascendió en los medios de comunicación en mayo de 2014. De acuerdo con esa información, un juez federal resolvió el embargo por más de 30 millones de pesos, porque Alcaraz Abarca no tuvo dinero para cubrir un adeudo de fertilizante de la anterior administración.
El gobernador se negó a hablar del tema, dijo que era un planteamiento de los activistas que debía de revisarse.
De manera extraoficial se supo que la negociación por el inmueble se retrasó seis horas -de las 12 del día que fue citada la prensa a las 6 de la tarde que se concretó la entrega ante notario público-, por las actividades oficiales del aniversario del natalicio del general Vicente Guerrero, el 9 de agosto, que se conmemora con un desfile cívico-militar en Tixtla.
De los preparativos de esta actividad oficial, dijo que después de la tragedia en Iguala “ya nada puede ser igual”, y todas las actividades del calendario cívico de la entidad deberán de ser concensuadas con las autoridades municipales, comisarios, comisariados, el gobierno estatal y con la federación.
Como ejemplo se refirió al Día de la Bandera, que conmemora el Ejército el 24 de febrero en Iguala, “en mi opinión deben de ser los concejos populares y de actividades cívicas los que nos digan el diseño, el modelo para las conmemoraciones, (y) dejarlo en manos de la Secretaría de Cultura, para tener las mejores condiciones de organizarlos”.
Reconoció justa la lucha del movimiento magisterial y popular en Tixtla por la presentación de los desaparecidos, y a pesar de la golpiza a maestros en Tlapa por un grupo de choque que los desalojó del Palacio Municipal el 1 de junio, dijo que ningún Ayuntamiento tomado fue desalojado con violencia.
“Se utilizaron instrumentos de diálogo, de más de 40 (edificios) cerrados el año pasado, sólo queda el Ayuntamiento de Ayutla, sigue cerrado por el movimiento social”, expuso.