Que presione Francia al gobierno mexicano, piden cuatro padres de los normalistas ante el Club France

Agencia Reforma

Ciudad de México

Cuatro padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se manifestaron a las afueras del Club France durante la conmemoración de la Fiesta Nacional de Francia para demandar al Gobierno de ese país abordar asuntos de derechos humanos durante la próxima visita del presidente Enrique Peña Nieto.
“Le pedimos al Gobierno francés que se pronuncie por nosotros, que vea las necesidades del pueblo mexicano. No nada más son los 43, son miles de desaparecidos. Pedimos un pronunciamiento de Francia hacia el Gobierno mexicano”, dijo Mario César González Contreras, padre del estudiante César Manuel González Hernández.
Los padres tenían la intención de irrumpir en el acto, presidido por la Embajadora Maryse Bossière, pero les impidieron el acceso.
Una funcionaria de la Embajada les ofreció una reunión posterior.
El único que pudo ingresar fue Omar García, estudiante de la Normal Rural Isidro Burgos y sobreviviente de los hechos del 26 de septiembre de 2014.
Cuando la Embajadora concluyó su discurso, en que hizo mención que muchos de los asistentes al acto viajarían a Francia con motivo de la visita de Peña, Omar García intentó gritar “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, pero se quedó a la mitad de la frase.
Bossière se acercó al muchacho, lo tomó del brazo y le preguntó si quería hablar con ella o con la prensa.
Omar se dirigió a los reporteros, a quienes señaló que no era posible que Peña fuera recibido en Francia en calidad de invitado de honor cuando tenía pendientes en materia de derechos humanos, como el caso Ayotzinapa.
“Tenemos un problema grave con Francia y con Estados Unidos, porque dicen que son los garantes de los derechos humanos, y no es posible que tengan como invitado de honor a un gobierno que no ha resuelto un caso tan emblemático”, señaló.
“Íbamos a dar un mensaje rápido, un padre de familia, apelando a la buena voluntad del Gobierno francés; si van a firmar acuerdos, que también presionen al gobierno mexicano para que se responsabilice en cuestiones de derechos humanos”.