Rogelio Ortega Martínez

Guerrero en estos días. Aspasia de Mileto y elecciones en Guerrero

(Novena entrega)

A los pocos días de enviado el proyecto de amnistía general e irrestricta para las y los presos políticos en el estado de Guerrero, tema del que traté en la entrega anterior, celebramos las elecciones para gobernador, para los 28 Distritos locales, y los nueve Federales; así como la de los 81 municipios.
Si me lo permiten mis cuatro lectores, voy a cambiar de camiseta para ponerme ahora la de mi zona de confort, la de profesor de Ciencia Política, el que sin la comodidad del cubículo y el debate en el aula, expone sus reflexiones haciendo un esfuerzo por no emitir juicios de valor e intentando en lo posible una mirada desapasionada y neutral. Por otro lado, estas cavilaciones no tratarán de los resultados concretos de las candidaturas. En otras palabras, hablaré, por ahora, solo de aspectos generales del proceso electoral y en una entrega posterior, abusando de la generosidad de El Sur, haré referencia a los resultados.
Una primera conclusión, que se califica sola y que se suma a la ruta pacífica que con el esfuerzo de todas y todos vamos construyendo, es la propia celebración de las elecciones. Hubo, si, dos lamentables incidentes, de diferente intensidad: Tixtla y Tlapa, pero en el conjunto del territorio la ciudadanía que lo quiso ejerció su derecho al sufragio sin mayores contratiempos. Hace ocho meses ni mis amigos más cercanos y afectivos confiaban en que habría elecciones en Guerrero. Mejor, decían algunos, así el Senado tendrá que ratificarte por tres años más, y gobernarás cuatro. Entonces yo, decía contundente: habré fracasado. Obstinado, como Ulises, y con la ruta clara, nunca dudé y trabajé con ahínco de día y de noche, para  que hubiera elecciones. Y las hubo.
No todos acudieron a votar, claro. Algunos no quisieron formarse pacientemente en las filas de sus casillas y optaron por irse a la playa o simplemente no salir de sus casas, indiferentes. Otros andaban en sus milpas o viendo el futbol con los vecinos, o quizás renegaban de los partidos políticos y expresaron su rechazo a los candidatos, inconformes y molestos, divorciados de la política considerándola como sinónimo de corrupción, o lo que es peor: como práctica asociada a la delincuencia organizada, como narcopolítica. Pero la buena noticia es que, pese a todo, incluido el amago y la convocatoria al boicot electoral, lo que suponía acciones generalizadas de violencia extrema que sobrevolaban antes y durante los comicios, la jornada electoral fue un éxito. El vaticinio de Casandra sobre la destrucción de Troya se conjuró, gracias a la correcta estrategia del diálogo positivo y la tolerancia extrema. En Guerrero, los comicios del 7 de junio registraron incluso una participación mayor que en elecciones similares. Superamos la media nacional (47.07), obteniendo el 56.74 por ciento de votantes.
Para ser más preciso, en realidad estas han sido unas elecciones sin precedentes, ya que por vez primera confluían diputaciones federales con la totalidad de los cargos locales. Pero se pueden hacer las cuentas: en las elecciones para gobernador de 2011 votó el 50.06 por ciento y en las en las municipales de 2008, el 50.21 por ciento. La única cifra que se aparta de la tónica es la de las elecciones municipales de 2012, donde la participación subió algo por encima del 59 por ciento, pero fueron coincidentes con las presidenciales, que siempre concitan  mayor participación de la ciudadanía.
En resumen, pese a los malos presagios, las elecciones del domingo 7 de junio, y con la excepción comprensible de los comicios presidenciales, han registrado la cifra más alta de participación en la historia reciente de Guerrero.
Una segunda buena noticia atañe al ejemplar comportamiento de las autoridades electorales y de quienes, cumpliendo con su compromiso cívico, se hicieron cargo de la instalación de las casillas, del buen desarrollo de la jornada y de los cómputos provisionales. Personalizo aquí mi agradecimiento por todo ello a la MC. Marisela Reyes y al licenciado David Alejandro Arroyo, por su liderazgo al frente  del IEPC y del INE, respectivamente. De hecho, hasta donde se me alcanza, los reclamos poselectorales presentados tienen más que ver con asuntos externos  a la gestión del proceso, que incompetencia o dolo de las personas encargadas de las elecciones.
La tercera buena noticia tiene relación con la equidad de género en la representación política. Los nuevos artículos de la legislación federal y de la estatal, más las acciones vigorosas de los tribunales electorales, han hecho posible un aumento sustantivo de la presencia de mujeres en las instituciones políticas. El número de mujeres diputadas federales se incrementó alrededor del 4 por ciento, hasta alcanzar el 42 por ciento del total de las curules en San Lázaro. Un porcentaje similar de mujeres compondrá la futura legislatura del Congreso local.
No es la equidad perfecta, pero se trata de un buen progreso si además tenemos en cuenta, como señalan los estudios comparados, que el avance en el tramo final hacia dicha equidad es el más arduo. Otro asunto es el de las presidencias municipales, un ámbito en el que las dificultades son mayores por las propias características del voto local. Aun así, en los próximos años habrá más mujeres en los cabildos municipales que nunca antes. Si comparamos con los resultados de la elección de 2012, en las que solo cuatro mujeres fueron electas, el cambio es impresionante, ya que ahora serán 20 los ayuntamientos presididos por mujeres, lo que supone el 25 por ciento del total, el porcentaje más elevado en nuestra historia. Y por referirme solo a algunos casos, desde Atenango del Río hasta Ayutla de los Libres (PRI), de Ayozú a Tlalchapa (PRD) y de Acapletahuaya a Mártir de Culiapan (MC)  serán mujeres las que estarán a la cabeza de lo que, espero y deseo, se conformarán como municipios innovadores, eficientes y honestos, que se distinguirán por dar buena atención a las demandas cívicas.
Sea bienvenido este incremento de la presencia de las mujeres en las instituciones democráticas, que puede verse como un homenaje, siglos después, a una relevante mujer griega, de nuevo con mi obsesión, Aspasia de Mileto, pionera en la emancipación de las mujeres.  Vivió los años dorados de Atenas, allá por el  año 450 a.C., justo en la época en la que su compañero y cómplice Pericles impulsaba una democracia en la que Aspasia, por su doble condición de mujer y extranjera, quedaba excluida. Justamente su extranjería la liberó del  triste papel casi exclusivamente doméstico al que estaban sometidas las mujeres atenienses. Convirtió su casa en un lugar de reunión y reflexión y por allí deambulaban Sócrates y otros intelectuales de la época. Seguramente en alguno de los salones se hablaría de esa novedad de la ciudad a la que llamaban democracia. Seguramente, también, en algún momento Aspasia se interrogaría ¿y por qué nosotras no participamos y tomamos decisiones en la polis, por qué nosotras estamos excluidas de la condición de ciudadanas? Dos mil quinientos años después, Aspasia estaría satisfecha de los avances de la democracia representativa y la participación de las mujeres en los procesos electorales. Pero también, íntegra e inconformista como era, se preguntaría ¿Cómo seguir progresando en el ideal emancipatorio?

Rumbo a Ítaca

Hablando de emancipaciones y saliendo ahora de la ciudadanía política para trasladarnos a la ciudadanía civil, estos días han sido pródigos en buenas noticias. Subido en un carro alegórico con mi esposa Rosa Icela, hace un par de semanas, durante los festejos del Orgullo Gay en Acapulco, y platicando con algunos amigos y amigas, me compartían sus expectativas respecto de las resoluciones judiciales orientadas al reconocimiento y legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y, miren por dónde, han venido por partida doble. En la Unión Americana y aquí. Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su decisión reciente, ratifica la inconstitucionalidad de las cláusulas restrictivas. La Primera Sala de la SCJN argumentó que la exclusión del matrimonio a las parejas del mismo sexo “atenta contra la autodeterminación de las personas y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo y, además, de manera implícita genera una violación al principio de igualdad, porque da un trato diferenciado a parejas del mismo sexo respecto de las parejas heterosexuales”.
Y prosigue: “la función reproductiva o perpetuación de la especie y, de ahí, la formación de una familia no es, de ninguna manera, la finalidad del matrimonio, en tanto cada persona determinará cómo desea hacerlo, como parte de su libre desarrollo de la personalidad, sea bajo la figura del matrimonio, heterosexual o no, o de otro tipo de uniones, como personas solteras, cualquiera que sea su preferencia sexual”.
Se podrá decir más alto, pero no más claro. El hecho de que sea la quinta resolución en ese sentido conduce, según me dicen los que saben, a la creación de jurisprudencia, de manera que la lesbofobia y homofobia jurídica ya no será posible, y cualquier situación de exclusión por las preferencias sexuales deberá ser objeto de amparo automático.
Otra cosa es, y lamentablemente por algún tiempo seguirá siendo, la lesbofobia y homofobia social, la discriminación real y la exclusión indirecta, al margen de las leyes. Ahí también nos queda una larga ruta. Pero hemos comenzado a transitarla. Vamos bien en la otra ruta del camino a Ítaca.
Los derechos individuales y humanos se garantizan o se transgreden en la vida cotidiana a través de nuestras creencias, tradiciones, usos y costumbres, por lo que: expreso, desde este espacio público, a todas las autoridades eclesiales, mi respeto pleno a sus creencias y sus rituales de consagración matrimonial. Sus dogmas y sus prácticas forman parte de las tradiciones culturales de nuestro pueblo, ni las rechazo, ni las estigmatizo, las respeto, excepto aquellas que agravian y ofenden la dignidad humana.  Pero también, y fundamentalmente, es por medio de leyes, códigos, reglamentos, estatutos y todo tipo de normas en los que se consagran los derechos de las y los ciudadanos. Reconozco y reivindico que el matrimonio civil es un contrato que se establece entre dos personas en pleno uso de sus derechos ciudadanos, por lo que, las autoridades civiles debemos garantizar el derecho de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos que decidan legalizar ante las leyes civiles el derecho a su unión matrimonial sin exclusión, lo que significa el derecho al matrimonio civil entre personas del mismo sexo.
Con base en estas convicciones hoy, viernes 10 de julio, hemos hecho en Acapulco una fiesta colectiva de celebración matrimonial múltiple, hemos sido testigos del encuentro entre personas que se aman y que, finalmente, han conseguido que su amor no sea estigmatizado, antes bien: reconocido legalmente en unión matrimonial. Hemos sido, orgullosamente, testigos de las uniones matrimoniales que se realizarán ante el registro civil del estado de Guerrero, entre personas del mismo sexo.
Se trata de un acto de justicia y reconocimiento de los derechos plenos de las personas con preferencias sexuales diferentes. Este acto de alto valor civil, es un paso más en la ruta de la armonía, la concordia y la construcción de la paz en Guerrero, garante también, de la nueva gobernabilidad democrática necesaria en nuestra entidad. Ítaca está más cerca.

Talón de Aquiles

Escrita la entrega anterior, he leído en este mismo periódico y en las redes sociales varios comentarios críticos relativos a mi afirmación de que el Estado estará en paz y armonía para cuando se produzca la transferencia de poderes. Los críticos, para argumentar su posición, hacen un recuento de muertes y horrores (hallazgo de fosas) ocurridas durante lo que llevo de mandato y, en efecto, las cifras son todo, menos tranquilizadoras.
Al respecto, quisiera precisar algo: no sé si los críticos han accedido a los informes forenses de manera que puedan afirmar con todo convencimiento que los cadáveres encontrados en las fosas corresponden a hechos ocurridos durante mi mandato. Supongo que si en las afueras de Berlín se descubre en estos días restos humanos habrá que esperar para adjudicárselos a la señora Merkel, no sea que fueren una herencia de los tiempos de Adolfo Hitler.
Pero quizás la causa de las críticas se deba a que no me haya explicado bien, o –alguno habrá– no haya querido entenderme bien. Si hablo de paz y armonía me refiero al ámbito en el que tengo mayor capacidad de acción, y este es el de los movimientos sociales que emergieron o se intensificaron tras la tragedia de Iguala. Me refiero a quienes un día sí y otro también ocupaban las casetas, o interrumpían el tránsito por la autopista, a la vez que incendiaban edificios públicos en acciones de violencia simbólica extrema. Me refiero a quienes tomaron más de 40 palacios municipales, alterando la vida cotidiana de las gentes, pero sobretodo de la economía, la gobernabilidad y gobernanza. Me refiero a las incertidumbres sobre la llegada de turistas desalentados por los hechos anteriores, me refiero a los nubarrones que auguraban que no habría elecciones en el Estado.
Cuando hablo de paz y armonía, repito, solo puedo hacer mención al ámbito donde tengo mayor posibilidad de alcanzar resultados: el ámbito de la protesta social y política. Sería no ya arrogante, sino estúpido, presumir que voy resolver el problema de la violencia que ocasiona todos los días el crimen organizado. Mientras no cambie la política global sobre la producción y el tráfico de drogas, creo que solo puede haber resultados paliativos y parciales. Ni yo, ni Felipe Calderón en seis años, ni el presidente Enrique Peña Nieto en el tiempo que lleva y ni tan siquiera Tomás Tenorio Galindo han tenido ni tienen la capacidad para solucionar este drama, menos yo en tan solo ocho meses, un simple y sencillo mortal, admirador de los griegos y, en especial, de Ulises. El que tiene prisa e invoca a los dioses para llegar pronto, sano y salvo a su Ítaca.