Defienden maestros la entrega del Ayuntamiento de Tixtla; se deslinda la Policía Comunitaria

Hubo presiones del gobierno a los luchadores sociales, intentos de chantaje y la amenaza latente de aprehensiones a determinados profesores durante los últimos meses

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La entrega del Palacio Municipal de Tixtla por el comité magisterial al gobernador Rogelio Ortega Martínez, generó desconfianza debido a las presiones del gobierno a los luchadores sociales, los intentos de chantaje de sus enviados y la amenaza latente de aprehensiones a determinados maestros durante los últimos meses.
La entrega estuvo a cargo del movimiento magisterial en un breve acto político el jueves a las 6:00 de la tarde, con seis horas de retraso respecto a lo programado, y con la lona roja que lleva los rostros de los 43 alumnos desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala.
Para la foto, el gobernador y su esposa, Rosa Icela Ojeda Rivera, sostuvieron la lona con las manos y los codos hacia atrás al mismo tiempo que dos maestros disidentes en la puerta principal del edificio que fue casa paterna del general Vicente Guerrero Saldaña, que ahora es sede del gobierno municipal.
La casona blanca de adobe estuvo cerrada desde mediados de octubre por los maestros movilizados de Tixtla, en demanda de la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos.
En el transcurso de los meses, con padres de los desaparecidos, una representación de estudiantes de la Normal Rural y distintos grupos de la Policía Comunitaria conformaron el Movimiento Popular y sesionaba la Asamblea Popular para impulsar la creación de un concejo municipal.
Pronto fueron notorios dos bloques con posiciones distintas que buscaban un punto medio en largas asambleas dentro del auditorio municipal, también tomado por los disidentes.
Un grupo era el comité magisterial, integrado por maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), que se coordinan con los dirigentes que mantienen el plantón en el Zócalo de Chilpancingo, el cual desconoció al secretario general Ramos Reyes Guerrero.
El otro era el comité promotor del Concejo Municipal Popular, donde participan maestros, activistas y las policías comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que están en esa ciudad.

La posición del magisterio

Miguel, el dirigente que dio lectura al posicionamiento del movimiento magisterial ante el gobernador, explicó que la entrega se hizo sólo por los maestros, porque los padres de los 43 alumnos de Ayotzinapa ni los dirigentes estudiantiles de la escuela, tampoco la CRAC, iban a acudir a un acto con el gobernador, pero ya estaban enterados.
Sin embargo, muchos activistas no supieron de la entrega del inmueble hasta el momento en que ocurrió, y expresaron su disgusto en redes sociales.
El luchador social recordó que desde la elección del 7 de junio comenzó a discutirse la entrega del edificio. Hubo cinco asambleas en un mes, dos del Movimiento Magisterial y tres de la Asamblea Popular Municipal.
Miguel reconoció que sabían de los riesgos de aparecer junto al gobernador, pero quisieron enviar un mensaje a los vecinos de que no hay ningún trato ni reconocimiento del alcalde Gustavo Alcaraz.
Indicó que el síndico quería borrar el mural de la lucha social que artistas solidarios con Ayotzinapa pintaron en el auditorio, por los festejos del 9 de agosto que se conmemora con un desfile militar en memorio del prócer de la patria, Vicente Guerrero.
En el auditorio, las paredes cuentan la masacre de El Charco, en Ayutla de los libres, perpetrada por militares, también las luchas sociales por la seguridad, el maíz, el agua y la educación.
Aceptó que no sabe hasta dónde el gobernador va a cumplir con lo pactado, pero se acordó el respeto a los murales hasta que concluya su administración, y que su permanencia se va a someter a una consulta ciudadana, para darle validez, “esperemos que la ciudadanía respalde los murales”.
También exigieron la revisión de las cuentas públicas del alcalde saliente, debido a las denuncias en su periodo, como el embargo del Ayuntamiento por un adeudo de más de 30 millones en la administración anterior.
En tanto, una fuente de la Asamblea Popular dijo que se sigue impulsando el Concejo Popular. Para el domingo programaron la siguiente asamblea en el auditorio municipal, “ahí también vamos a ver, ojalá el alcalde, no quiera decir que no nos van a dejar el auditorio, dado que fue parte de los acuerdos con el gobernador”.
Confirmó que se puso a negociación el formato de los festejos del natalicio del héroe de la Independencia. El gobernador adelantó que el tema será revisado por la población y coordinado por la Secretaría de Cultura.

El deslinde

Por separado, la Policía Comunitaria de El Fortín denunció que la entrega del Ayuntamiento fue de manera unilateral por el movimiento magisterial, sin avisar a las organizaciones que ya lo veían venir.
A pesar del deslinde se dijeron respetuosos de la decisión de los maestros. Vía telefónica a la redacción de El Sur aclararon que no estaban de acuerdo, pero reconocen que las amenazas de aprehensión son reales, no sólo por la toma del Palacio Municipal, también por el boicot electoral.
A su vez, trascendió el acercamiento de algunos docentes con funcionarios del estado, pero desconfían de las autoridades, porque no se distinguen por cumplir los acuerdos.
En las asambleas donde se discutió el tema durante un mes, una fuente que acudió a las reuniones dijo que en la última se pidió que si la CETEG iba a entregar el Ayuntamiento, que lo entregara a las organizaciones sociales, pero la mayoría no quiere correr riesgos debido a las órdenes de aprehensión, “algunos no quisieron entrarle, no se decidió echarnos el compromiso todos”.
En tanto, fuentes del movimiento magisterial insistieron en que los que desacreditan su labor “son voces aisladas” que no asisten a las reuniones y asambleas.
Estimaron que cuando cambia una estrategia o un movimiento concluye siempre, los más distantes los llaman vendidos porque no han estado en el proceso.