Tlachinollan

 

Incierta Comisión de la Verdad Centro de Derechos humanos de La Montaña Tlachinollan

 

La creación de una Comisión de la Verdad en Guerrero, en los términos que hasta ahora se plantean, no satisface las exigencias de garantizar los tres pilares de cualquier iniciativa en la materia; a saber, que haya justicia, que se conozca la verdad y que se repare el daño a las víctimas.

Sin importar que diversas voces han llamado a una discusión más reflexiva y plural, tanto el Ejecutivo estatal como el Congreso parecen obstinados en echar a andar a como de lugar un proyecto de Comisión de la Verdad que a todas luces parece acotado e insuficiente. Desde Tlachinollan hemos seguido con atención este debate fundamental para iniciar la democractización del estado, observando cada vez con mayor preocupación el modo en que se ha discutido. Exigir que se rindan cuentas por las atrocidades acaecidas décadas atrás implica aludir a lo que se ha denominado “justicia transicional”. Esta se refiere a aquellos procesos impulsados para garantizar justicia, verdad y reparaciones respecto de los abusos cometidos en el pasado, en momentos donde la sociedad y las instituciones intentan iniciar una nueva etapa marcada por la democratización y el respeto a los derechos humanos. En estos procesos, justicia, verdad y reparaciones forman un triángulo inseparable; justicia, en el sentido de que los responsables materiales e intelectuales sean sancionados conforme a derecho; verdad, en el sentido de que se esclarezca la historia del período y se reivindique la identidad de las víctimas; y reparaciones, no sólo en el sentido de que se indemnice a los familiares de las víctimas, sino sobre todo en el sentido de que se adopten medidas para resarcir genuinamente el daño: reconocimiento de responsabilidad, perdón público, preservación de la memoria, medidas de no repetición como reformas legislativas, entre otras. En México la justicia transicional no ha llegado. Hay que recordar que tras años de silencio por parte de las autoridades, la incansable demanda de justicia de las víctimas de la Guerra Sucia y sus familiares orilló al Estado mexicano en 1998 a abrir en la entonces Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, una investigación sobre los hechos relacionados con la represión estatal de la referida época. Al crearse la CNDH, los expedientes abiertos se turnaron a ésta instancia y en septiembre de 1990 la CNDH creó el Programa de Presuntos Desaparecidos e inició las primeras indagaciones sobre las violaciones a los derechos humanos. Estas primeras investigaciones dieron lugar en 1992 a un informe que no se hizo público. Las investigaciones del ombudsman nacional reiniciaron en 1999 y desembocaron en la Recomendación 26/2001. Aunque por primera vez fue reconocida por un órgano estatal la sistemática violación a los derechos humanos como parte de una política de Estado, la CNDH no impulsó ninguna medida encaminada a la reparación del daño perpetrado a las víctimas, ni aceleró el procesamiento de los responsables. Más adelante, en el año 2000, la alternancia en el Ejecutivo federal hizo que no pocos consideraran viable una investigación más exhaustiva en torno a las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el pasado. Visto en retrospectiva, dichas expectativas resultaban desbordadas pues no asistíamos a una verdadera transición a la democracia, sino a una recomposición de los espacios de poder y las reglas del juego político en el plano nacional, dentro del largo e inacabado proceso de democratización de nuestro país, que ahora luce en franca regresión. Así, en noviembre del 2001 el gobierno de Vicente Fox optó por una vía diferente: el Ejecutivo creó una Fiscalía especial para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado. Como es sabido, la Femospp no presentó resultados sustantivos al final del sexenio: no alcanzó ni justicia, ni verdad ni reparaciones. Diversos especialistas señalaron, en su momento, que el primer gobierno panista tendió una amnistía de facto. En este escenario, el gobierno de Felipe Calderón perpetuó la impunidad. A pesar de que en el Examen Periódico Universal en el Ámbito de las Naciones Unidas, la comunidad internacional reiteró al Estado mexicano la necesidad de impulsar un proceso de justicia transicional, el gobierno calderonista mantuvo su cerrazón, como en casi todos los temas de derechos humanos. Los únicos avances, de esta manera, se registraron en la importante victoria que una familia guerrerense tuvo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: nos referimos al caso Rosendo Radilla, donde por primera vez un Tribunal Internacional determinó que el Ejército mexicano había cometido en Guerrero sistemáticamente desapariciones forzadas durante los años setenta. En este panorama, parecería que por el momento la búsqueda de verdad, justicia y reparaciones tiene dos frentes: uno es continuar exhibiendo al Estado mexicano en el ámbito internacional como se hizo en el caso Radilla; otro, iniciar procesos de justicia transicional estatales en espera de que la coyuntura abra nuevas posibilidades en el plano federal. Esta situación, sin embargo, no exime a cualquier esfuerzo que en la materia se dé en el plano estatal de incorporar los tres pilares: justicia, verdad y reparaciones. La creación de una Comisión de la Verdad en Guerrero, en los términos que hasta ahora se plantean, no satisface estas exigencias. El proyecto que se propone sólo atiende a la dimensión del esclarecimiento histórico, sin articularse con lo tocante a la justicia y a la reparación, entendida esta en un sentido amplio. Por otro lado, si bien es atinado asignar un mandato limitado temporal y materialmente, la acotación cronológica que se propone es inadecuada y parece encaminada a deslindar de responsabilidades a gobernantes que detentaron el poder fuera de esos márgenes de tiempo. Al respecto, obras como la que recientemente presentó Arturo Miranda recuerdan que en Guerrero la Guerra Sucia no data de la década de los años setenta sino que se remonta al período que inicia en 1956, cuando fue nombrado gobernador del estado de Guerrero el general Raúl Caballero Aburto; momento de “ruptura” que dio paso a un periodo de sistemáticas violaciones a los derechos humanos en la entidad. Igualmente, hay amplia coincidencia en encontrar en las masacres de Aguas Blancas y El Charco, ocurridas ya en los años noventa bajo el segundo gobierno figueroista, una continuidad de ese pasado represivo. Observamos con preocupación que los esfuerzos por crear una Comisión de la Verdad no se están articulando con otras experiencias, para retomar aprendizajes, ni mucho menos se están allegando de los numerosos insumos que pueden obtenerse del plano internacional para garantizar su éxito. Adicionalmente, las críticas que de modo muy concreto planteó recientemente la abogada Pilar Noriega sobre la necesidad de que la Comisión sea autónoma en su gestión presupuestaria y de que se clarifique su mandato respecto de graves violaciones a derechos humanos. Además, aun cuando la Comisión no se instaura hay señales ominosas: la desafortunada participación del gobierno estatal en el remedo de acto de reconocimiento público que la Secretaría de Gobernación realizó en el Caso Radilla, muestra proclividad a avalar actos que lejos de dignificar la memoria de las víctimas agravian nuevamente a sus deudos. Si no se atienden estas deficiencias, la incierta Comisión de la Verdad que se impulsa puede terminar contribuyendo –como la Femospp– a hacer más pesada la loza que hoy no permite que en México se emprendan con seriedad los esfuerzos para procurar e impartir justicia transicional. Addenda Nuestra solidaridad con la Codehum: malos tiempos se avecinan cuando el secretario de Seguridad Pública descalifica públicamente la defensa de los derechos humanos. ¿Repetirá este gobierno los errores del precedente?