Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

 

Comisión de la Verdad, tercera llamada

El gobernador Ángel Aguirre Rivero no tiene ningún inconveniente en que la Comisión de la Verdad incluya entre los casos de su competencia las matanzas de Aguas Blancas y El Charco, y el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer no tiene ningún temor de que eso ocurra y la investigación lo alcance. Ambos dijeron eso hace unos días por su propia boca y de manera pública, de modo que no hay posibilidad de duda en sus afirmaciones. Aguirre fue explícito también al decir que no ve “ningún problema” en que se amplíe el periodo que investigará la comisión, restringido sin justificación alguna a diez años, de 1969 a 1979. Es de suponer entonces que la iniciativa para crear la Comisión de la Verdad, presentada al Congreso del Estado por el diputado Faustino Soto, Octaviano Santiago Dionicio, Eloy Cisneros, José Arturo Gallegos, Ramón Gracida González y Martin Hernández –y respaldada además por Nicomedes Fuentes, Alejandra Cárdenas, José Luis Sales, Urbano Lucas y Ramón Albavera–, será corregida y actualizada bajo el impulso de esa crucial postura revelada por Aguirre Rivero. También es de prever que el proyecto que finalmente sea discutido por los diputados locales esta semana, incorpore similares inquietudes expresadas en el foro que tardíamente se realizó en Acapulco el día último de noviembre. La intervención de la abogada Pilar Noriega, invitada a ser parte de la comisión, arrojó ahí un balde de agua fría sobre los organizadores, pues recogió algunas de las críticas que ya se habían manifestado sobre el diseño del organismo y les pidió corregir varios artículos de la iniciativa y profundizar los conceptos que sustentarán sus actividades. Con ello hizo notar la pobreza del proyecto, las limitaciones que se le estaban imponiendo a la comisión y la necesidad imperiosa de que esté dotada de real autonomía respecto al gobierno. El tema principal de su exposición consistió en recordar que el objetivo final de la Comisión de la Verdad es establecer los hechos y canalizar a las instancias judiciales los expedientes, para que a continuación la Procuraduría realice sus propias investigaciones, que en teoría deberán culminar en las sanciones a los responsables de las acciones criminales. Por suerte, a ese foro esta vez sí acudió el representante del gobierno del estado, el coordinador de asesores de la Secretaría de Gobierno, Saúl López Sollano, aunque parece haber ido con el propósito de enfriar el entusiasmo de los familiares de las víctimas de la guerra sucia y las expectativas de la sociedad, pues fue muy preciso en aclarar que si bien las autoridades están en la disposición de brindar “toda la colaboración del mundo” a la Comisión de la Verdad, debe entenderse que ésta no será una fiscalía y que el castigo a los responsables será un proceso entre los familiares y los luchadores sociales para ajustar cuentas con el pasado. Es decir: no del gobierno. O sí, pero no. Pasó casi desapercibido el celo que López Sollano puso en señalar la medrosa postura oficial respecto a la posibilidad de que sean castigados los crímenes que la comisión saque a relucir, pero lo cierto es que ese fue otro balde de agua fría, esta vez sobre el entusiasmo (de por sí escaso) que suscita la creación de la Comisión de la Verdad. La aclaración de Aguirre Rivero no deja bien parados ni al diputado Faustino Soto ni a la decena de participantes en la preparación de la iniciativa para crear la comisión, pues no sólo optaron por elaborarla en una opacidad absoluta, sino que entregaron un producto notoriamente insuficiente, tan pobre y limitado que debe uno preguntarse si se justifica que en ello hayan utilizado siete meses. Quizás por ello es que Figueroa Alcocer no siente ningún miedo de que la Comisión de la Verdad reabra el expediente de Aguas Blancas. Ahora, si Soto y el grupo de promotores amplían el periodo de investigación más allá de 1979, se entenderá que lo hacen por lo que dijo Aguirre Rivero, y si mantienen ese límite se entenderá que lo hacen por la imposición del criterio del gobierno, después de que el mismo Soto Ramos informó que la iniciativa es resultado de un acuerdo con el gobierno. Lo mismo ocurrirá si finalmente se incluyen las matanzas de Aguas Blancas y El Charco, o si se mantiene su exclusión. Los autores del proyecto quedarán como conservadores y timoratos, para no emplear otras palabras, y el único que parecerá quedar bien, y hasta progresista, es Aguirre Rivero. Se entiende de Soto Ramos, pero no de los demás. Esa trampa es la consecuencia de querer sacarle las castañas del fuego al gobernador, o de querer mostrarse más papistas que el papa, o de… La situación descrita constituye además un vicio de nacimiento para la Comisión de la Verdad, pues afecta la autonomía que reclama la abogada Pilar Noriega y con ella muchos otros críticos de la iniciativa de Faustino Soto. Como sugerimos la semana pasada, la posibilidad de que la Comisión de la Verdad no desemboque en un organismo inerte e inservible estará en manos de los demás diputados, sobre todo en las de algunos vinculados a la historia de las movilizaciones sociales del estado, que sin ataduras políticas podrían mostrar sensibilidad para incorporar a su diseño las graves ausencias que han sido claramente señaladas por la opinión pública. [email protected]